Dos reformas judiciales están por ser giradas a la Legislatura. Buscan sostener la iniciativa política. De qué tratan los proyectos.
El gobierno acelera: más juicios por jurado y conciliaciones civiles
Pasaron el verano, las vacaciones con Mendoza repleta de turistas, el inicio de clases, boleta única, y la Vendimia. En estos tres últimos temas, hubo polémicas y protagonismo de la oposición local. Luego, con la mediación presidencial por Portezuelo del Viento aún en "veremos" y sin respuesta oficial de la presidencia de la Nación a un pedido de audiencia, el gobernador Rodolfo Suarez agrega temas a la agenda, y girará a la Legislatura en los próximos días dos proyectos de reformas judiciales sensibles: la ampliación de los juicios por jurado a delitos muy graves, y la creación de un sistema de conciliaciones civiles que evitaría llegar a juicio a por lo menos el 40 % de los casos de ese fuero que se ventilan habitualmente en los tribunales mendocinos. De este modo, el gobierno provincial apuesta a sostener la iniciativa política y a no ofrecerle a la oposición flancos, que débiles o no, generaron polémica como en el caso de la asignación de tierras a la firma El Azufre para un centro de esquí en Malargüe. Ese caso resultó paradigmático. Es probable que el gobierno haya tenido razón, pero la oposición justicialista se las ingenió muy bien para enredarlos en una discusión interminable.
Los proyectos que saldrán ahora del horno vienen en la cocina desde el año pasado, luego de un proceso de consultas a la Asociación de Magistrados (en el caso de las Oficinas de Conciliación Civil) mientras que en la ampliación de los juicios por jurados trabajó una comisión en la que participaron ministros y funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, de la Legislatura, y de los ministerios público fiscal, y de la Defensa. Esta ronda de trabajo y de consultas fue conducida por el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino.
Juicios por jurado
Desde su inicio en 2019, hubo 29 juicios por jurados en Mendoza. Desde el punto de vista de su desarrollo, todos fueron exitosos. En nuestra provincia la ley prevé que este tipo de juicios se lleve adelante en los delitos previstos en el artículo 80 del Código Penal de la Nación. Se trata de todo tipo de homicidios a los que les corresponde reclusión perpetua. Por ejemplo, el asesinato "críminis causa", cuando se mata para ocultar otro delito, como en el caso de la adolescente Florencia Romano. Ese crimen fue un femicidio, por el que también corresponde prisión perpetua, pero el asesino Pablo Arancibia primero intentó abusarla. Y como la chica resistió, la mató. No se juzgó por jurados porque reconoció el delito y le dieron perpetua en juicio abreviado. Los crímenes de género, de odio, raciales, con el concurso de dos o más personas, con alevosía, con veneno, por dinero... Todos esos homicidios se juzgan en juicios por jurado. Ahora, la idea es ampliar el rango de delitos que se decidirán por jurados populares. Hay uno en particular que no figura en el artículo 80 del Código Penal de la Nación, que es el abuso sexual seguido de muerte. Hay una cuestión técnica: Puede ocurrir que alguien que abusa de una persona luego la asesine para ocultar el delito. Pero esa tipología ya está prevista en el artículo 80. Y por lo tanto ya corresponde juicio por jurado. Lo que indica esta reforma es que los jurados participarán en casos en que se abuse y mate, como consecuencia del primero de los delitos. También agregaron los homicidios ocurridos con abuso de armas. Por caso, alguien que roba y mata. Finalmente, el juicio por jurados sufrirá algunas modificaciones técnicas para el sorteo de los miembros de jurados en cada juicio. El sorteo anual seguirá como siempre. Pero serán públicas las audiencias para determinar a los miembros de cada caso en particular.
Todos estos cambios ya fueron analizados y retocados en comisiones, con participación del sistema penal.
Conciliaciones civiles
Dala la litigiosidad que en Mendoza siempre sorprende, tener una oficina de conciliaciones civiles y obligar a ese paso antes de llegar a un juicio, significa un atajo que podría ahorrar mucho dinero y esfuerzo al Estado, y además reservar la tarea de los jueces para los casos civiles y comerciales que requieran la intervención insalvable de una persona imparcial.
El proyecto fue discutido el año pasado con jueces civiles que integran la Asociación de Magistrados, y luego la Asociación en sí envió un comunicado de apoyo.
La idea es hacer funcionar el sistema de forma análoga a las oficinas de conciliación laboral, que han dado buenos resultados. El proyecto consiste en tener "conciliadores", abogados que deberán concursar, y que cada parte pueda expresarse allí antes de llegar a una demanda. Hoy, esas audiencias ocurren ya dentro del juicio en una primera audiencia. La idea hoy es poder dar ese paso de modo extrajudicial. En el gobierno apuestan a bajar la cantidad de juicios en por lo menos un 40 %. Los conciliadores dependerán de la subsecretaría de justicia de la provincia y el sistema será autofinanciable, porque son las partes en juicio las que pagarán las "costas" de esta conciliación a través de una tasa. Y en caso de no arribar a un acuerdo, el canon que cobrarán los conciliadores sería menor, por lo cual tendrán una motivación extra para evitar que las demandas lleguen a juicio.
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Las conciliaciones civiles aplicarán a todo tipo de contratos, alquileres, e incluso deudas bancarias, según explicaron en el gobierno.