El Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, expresó que no hay ninguna ley que ampare lo que pretende el gremio de Camioneros.
Para el gobierno Moyano no tiene razón con Wallmart y Garbarino
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, le puso un freno a la embestida de Hugo Moyano sobre empresas que cambiaron recientemente de accionistas, entre ellas Walmart y Garbarino.
"No hay ninguna norma que obligue a Walmart a pagar lo que pide Moyano", aseguró el ministro de Trabajo. Claudio Moroni aclaró que no existe ninguna ley que valide el avance de Camioneros sobre las compañías que cambiaron de dueño recientemente.
El secretario general de Camioneros exige que la cadena de supermercados despida a sus empleados, les pague doble indemnización, los vuelva a contratar y les reconozca derechos adquiridos.
El líder de Camioneros, exige a Walmart y Garbarino que reconozcan los derechos de sus empleados
La justificación es que las compañías cambiaron recientemente de dueños, pese a que la vida jurídica no sufrió alteraciones. Ambas firmas mantienen sus razones sociales, números de CUIT y hasta ubicaciones geográficas de sus plantas y locales.
Moroni aseguró que los conflictos de intereses son "legítimos", pero dejó en claro que no existe norma alguna que convalide este avance de Camioneros sobre compañías privadas que generó preocupación a otros empresarios y fue calificado como una extorsión.
Desde la firma, pidieron el cese de las medidas de fuerza, propuesta por Camioneros
El caso Walmart
La cadena Walmart fue adquirida recientemente por el Grupo De Narváez, quien expuso la problemática en una solicitada que se hizo pública a través de los medios.
En el comunicado, se expuso que: "en las últimas dos semanas nos vimos condicionados por recurrentes medidas de fuerza encubiertas que derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país."
Vaquié y funcionarios de la Nación se reunieron por los incentivos industriales
"Invitamos al Sindicato de Choferes de Camiones y a aquellos colaboradores de nuestro Centro de Distribución que no están cumpliendo con el normal desarrollo de la operación a dejar sin efecto las medidas y solicitamos al Gobierno Nacional arbitrar los medios con miras a garantizar el abastecimiento de todos los hogares argentinos", aseguraron.
La empresa detalló en la solicitada que adquirieron la cadena "con el firme propósito de invertir, desarrollar, crecer y asegurar los más de 10.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Un compromiso que, en un contexto adverso para la inversión, buscó hacer de nuestra estrategia de crecimiento una opción para todos".
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para que las partes busquen una solución consensuada.
El caso Garbarino
Carlos Rosales, presidente de la aseguradora PROF y protesorero de San Lorenzo de Almagro, se hizo cargo en junio pasado del traspaso que lo convirtió en propietario y presidente del grupo Garbarino, que incluyó el pago de salarios atrasados y una inversión de $2.000 millones en un período de 18 a 24 meses, además del compromiso de la "continuidad e incremento" de la nómina de 4.325 empleados del grupo, que tiene más de 200 puntos de venta y 32 centros de distribución logísticos.
Garbarino es otra de las empresas perjudicadas por las medidas de fuerza
El Sindicato de Camioneros presiona para lograr un bono de 100.000 pesos para cada uno de sus 180 afiliados del centro de distribución del Grupo Garbarino en La Tablada, como una "compensación económica" por el cambio de manos de la empresa.
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