Por qué se les exige el certificado de antecedentes penales a los docentes

"A mí me gustaría que quien le de clases a mi hijo tenga el certificado de buena conducta presentado en la dirección de la escuela", así definió coloquialmente la resolución Sebastián Boulín, el director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Lo que dice el funcionario es la traducción del párrafo del texto oficial difundido ayer, lunes 21, que justifica la exigencia del también llamado Certificado de Antecedentes Penales (CAP). "Con el fin de proteger a los estudiantes, los educadores deberán incorporar este requisito en la presentación de la documentación para acceder a un cargo suplente en todos los niveles y modalidades. Los que se encuentran actualmente dando clases tendrán tres meses para presentar el certificado".

En la resolución se fija que "se interpreta como razonable esta solución de requerir el precitado certificado (de antecedentes penales) de manera tal de propender hacia una mayor seguridad para toda la comunidad educativa en su conjunto".

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Argumentos y aquel caso de octubre

Boulín detalló que antes de la virtualidad de los trámites oficiales era muy engorroso obtener el certificado de buena conducta y eso terminaba definiendo la incorporación de docentes suplentes sin ese requerimiento. Pero ahora el trámite es expeditivo sólo demora hasta 6 horas, enfatizó. Por lo tanto ahora será una exigencia a cumplir para poder acceder a la suplencia.

En la explicación verbal con el POST, el abogado del gobierno escolar de Mendoza aceptó que uno de los casos que justifica esta medida es lo que ocurrió en octubre de 2021 en la Escuela Guillermo Cano de Guaymallén. En ese momento un profesor con antecedentes penales por abusar a dos niños en una parroquia en 2018, terminó detenido por cometer el mismo delito contra un alumno de la escuela ubicada en el distrito de San José. Se hizo notar que el docente acusado no había presentado el CAP para tomar los cargos en sexto y séptimo grado de esa escuela.

Letra chica

Este requisito se aplicará en escuelas de gestión estatal y debe ser con una fecha de emisión no mayor a tres meses de la fecha de su presentación. "La finalidad de la resolución es que la comunidad mendocina sepa que las personas que tienen a su cargo el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes no cuentan con antecedentes penales".

También Boulín aclaró que no es lo mismo un antecedente penal por un incidente de tránsito que delitos contra la integridad sexual de la niñez o de violencia familiar.

En tal caso será materia de evaluación por la supervisión a la que pertenece la escuela y hasta la instancia de la Dirección que el mismo abogado conduce. Mientras tanto el docente será apartado de tareas que conlleven cercanía con los estudiantes, puntualizó el funcionario.

Además, se estableció un plazo de tres meses para docentes suplentes de todos los niveles y modalidades que se encuentren cumpliendo funciones para que presenten el correspondiente CAP.

Mientras tanto en el SUTE...

El sindicato docente se expidió sobre la resolución críticamente. Con un comunicado apuntó que el nuevo requisito  desde lo legal, la disposición no contradice ninguna norma. 

"Sin embargo, al tratarse de una exigencia gubernamental, no debería ser abonado por el trabajador. En la actualidad, el trámite supera los 500 pesos por lo que desde el SUTE solicitan que se reconsidere la exigencia trimestral y que no tenga costos para los y las docentes", solicita el SUTE.  El gremio sugiriere que el trámite se realice por única vez en el año y no cada tres meses.