"Educando" a Pujol en el 24M: a falta de muertos, hay desaparecidos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y su primer Protocolo Facultativo entraron en vigor en 1976. Este Pacto contaba con 167 Estados parte a finales de 2010 (actualmente son 169). El Segundo Protocolo Facultativo fue aprobado en 1991. El Comité de Derechos Humanos supervisa la implementación de este tratado multilateral y de sus Protocolos Facultativos.

El Pacto recoge derechos como la libertad de movimiento; la igualdad ante la ley; el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia; la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la libertad de opinión y de expresión; la reunión pacífica; la libertad de asociación; la participación en asuntos públicos y elecciones; y la protección de los derechos de las minorías.

Asimismo prohíbe la privación de la vida; la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes; la esclavitud y el trabajo forzoso; la detención o prisión arbitraria; las injerencias arbitrarias en la vida privada; la propaganda en favor de la guerra; la discriminación y la apología del odio racial o religioso.

Ver: Unas 10 mil personas marcharon en Mendoza por el Día de la Memoria

Estos tres párrafos son parte del texto que explicita qué son los Derechos Civiles y Políticos junto al Pacto Internacional PIDCP que integra la Carta Internacional de Derechos Humanos. Todos estos tratados están contenidos en Naciones Unidas.

Primero; tanta especificidad es necesaria para poner en relieve un detalle que resulta una ironía histórica. Argentina suscribió desde el inicio al Pacto de Derechos Civiles y Políticos que, como advierte el escrito oficial, está vigente desde 1976. Pero el "detalle" que se convierte en una burla historiográfica es que estos derechos se reconocieron a partir del 23 de marzo de ese año. O sea, un día antes del golpe cívico militar que dio lugar a la dictadura más inhumana que haya sufrido la población argentina, donde el Estado violó todos esos derechos que se había comprometido en proteger.

Segundo; tan puntilloso parece este informe porque está inspirado en el desafío que hizo Jorge Pujol un dirigente peronista que actualmente preside el Partido Justicialista de Capital. Esto publicó a las 9:36 de ayer lunes 24, en su perfil de X , el  médico experto en obesidad.

Los peronistas fueron las víctimas de la falta de respeto a los Derechos Humanos Perpretados primero por los grupos de izquierda y luego por la brutal acción del Gobierno Militar. Basta de mirar solo con un ojo la historia. Llegó la hora de la Verdad. Analizar causas es sensato.

A esta altura de nuestra vida como nación no parece merecer ni un mínimo análisis el postulado de este "referente" que recibió la reprobación de sus pares peronistas que reaccionaron a lo largo del día. Otros dirigentes decidieron no hacerlo, entendiendo que Pujol estaba buscando notoriedad aprovechando el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia en conmemoración de las víctimas del régimen impuesto por la fuerza hace 49 años.

La falacia de la "memoria completa" no tiene cabida dentro del peronismo, y bastante caro nos salió la dictadura cívico militar a nosotros. Yo ni sé si (Pujol) busca una efímera notoriedad o si se dejó obnubilar por los vídeos de Casa Rosada. Así respondió Daniel Urquiza, dirigente del Movimiento Evita, al posteo de Pujol.

En las bancas, la tensión peronista

También respondieron los legisladores Félix González y Germán Gómez, ambos peronistas, pero de distintas corrientes internas; kirchnerista el primero, y territorial (sector de los intendentes del PJ) el segundo. Veamos.

González fue lacónico, duro y directo con Pujol, pero también fue crítico, rígido y elíptico para con quienes promovieron al médico en ese primer espacio en el PJ de Capital. Así respondió el senador K: solo voy a decir esto: el que trajo al "facho" que se lo lleve.

El sanrafaelino Gómez se tomó su tiempo y fue más extenso para responder al planteo de Pujol. Esto dijo el diputado que integra el sector de los intendentes peronistas: Todo el proceso vivido durante la última dictadura se ha analizado, se ha evaluado y se ha condenado en el ámbito que tiene que suceder, que es el judicial. Entonces hoy salir a hacer todo este tipo de planteos no tiene sentido. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta qué busca (Pujol), cuál es la intención, pero debería por lo menos agarrar un libro de Historia.

¿Quién es?, ¿qué dice el médico?

Para contextualizar: Pujol es conocido por sus intervenciones mediáticas como experto en alimentación para tratar el sobrepeso y la obesidad. Demuestra vocación por la divulgación de sus conocimientos médicos. En marzo de 2020 también cobró fama cuando faltaba una semana para conocer el primer caso de coronavirus en Mendoza y la llegada de la pandemia de Covid-19. En ese momento se filtró un audio de WhatsApp donde, con tono alarmista, Pujol daba recomendaciones y avisaba las consecuencias de la enfermedad. También se lo conoce como exdirigente del club Independiente Rivadavia y también se ha registrado su nombre en el plano político partidario cuando fue candidato a senador de Sergio Massa en 2015.

En esta oportunidad muestra su faceta derechosa acorde a estos tiempos teñidos con esa tendencia por Javier Gerardo Milei, que reclama "la verdad completa" poniendo en un plano de igualdad en la responsabilidad de los crímenes ocurridos en los 70, antes y durante la dictadura. Es decir que las violaciones a los derechos humanos, los delitos imprescriptibles, fueron cometidos por igual por las organizaciones extremistas de izquierda y por las fuerzas armadas.

La observación inmediata a este planteo se basa en este interrogante: ¿quién tenía el dominio del Estado y que debía garantizar el ejercicio de la legalidad y someter a proceso judicial a quienes delinquían en el país? Es una pregunta que se responde sola, es retórica, pero necesaria para responderle a Pujol.

Los grupos violentos izquierdistas cometieron delitos gravísimos, también infundieron terror en la población, pero en su mayoría, a esos delincuentes no los detuvieron y no fueron llevados a juicio, como dice el Código Penal Argentino avalado por la Constitución nacional. Al contrario, quien tenía el control del Estado se convirtió en terrorista y perseguidor de quien resultare sospechoso de ser zurdo extremista, con ese enfoque cualquiera que pensara distinto sería el blanco de un plan sistemático de exterminio concretado por el gobierno de las Juntas militares con Jorge Rafael Videla a la cabeza. Esta mínima descripción resulta útil para entender que, en la mayoría de los casos, los crímenes con que se atacan a los derechos humanos, que son inherentes a cualquier persona que vive en este país, son cometidos por quien ejerce el poder del Estado.

La "verdad" que ignora a los desaparecidos

Dice Chequeado, el sitio de verificación de información periodística y de declaraciones públicas, que la Justicia ha probado en diversos expedientes, que durante la dictadura militar "las Fuerzas Armadas montaron un aparato de represión que incluyó la desaparición de personas. La Procuración de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) publicó en diciembre de 2023 un dosier de sentencias en causas por delitos de lesa humanidad. Son 312 sentencias dictadas por tribunales federales de todo el país desde la reapertura de los juicios".

Ese mismo artículo aclara que "no en todos los casos las condenas son por el delito de desaparición forzada". Este delito fue incorporado al Código Penal en 2011: establece penas de 10 a 25 años al "funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona". También suma que la pena será de prisión perpetua "si resultare la muerte o si la víctima fuera una mujer embarazada".

Puntualiza el informe de la PCCH analizado por el sitio periodístico que también "en muchos casos, las condenas registradas fueron por homicidios, tormentos, privación ilegal de la libertad, secuestros y torturas". Y que además se destacan condenas por el delito de desaparición forzada. Por ejemplo, "en 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Mendoza condenó a prisión perpetua al represor Luciano Benjamín Menéndez por los delitos de desaparición forzada de personas agravada, privaciones abusivas de la libertad y tormentos agravados".

Finalmente, para la mejor comprensión del doctor Pujol y para quienes, como él, abonan a la teoría de "toda la verdad", es recomendable escuchar y leer al escritor y pensador Martín Kohan que plantea una deducción sobre el accionar delictivo de la dictadura a través de su aparato represor. Kohan expresó esto en 2019 ante Darío Lopérfido cuando el antiguo fundador del "grupo sushi" del tiempo delarruista, era secretario de Cultura de CABA en tiempos macristas. Lopérfido había vuelto a cuestionar la cantidad de personas desaparecidas después de ser secuestradas por los grupos represores mandados y coordinados por los dictadores.

Ver: Para Villarruel, el golpe de 1976 impidió "una dictadura como la cubana"

Por favor presten atención al razonamiento de Kohan:

Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos, porque la represión fue clandestina, porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra (desaparecidos) está abierta, por eso. (...) Insisto en la idea de postulación (de interpelación), porque no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación. Porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no la dio. No es que inventamos 30 mil, como se dice tontamente o macabramente. El hecho de no saber (dónde están los desaparecidos) es una denuncia en sí misma.

El doctor Pujol, el inesperado mentor de este artículo, y quien no me respondió por "estar ocupado en una reunión" ayer lunes 24, debería preguntarse también ¿por qué la dictadura desapareció personas y no las mató a la luz del día? Se lo respondo: simplemente lo hizo para borrar cualquier evidencia de un crimen y sembrar el terror en la población.

A propósito, en un estudio de control poblacional por la fuerza que se encontraba en los archivos clasificados de la Embajada de Estados Unidos indicaba esta ecuación: por cada persona desaparecida, mil se inmovilizaban por el miedo que ocasionaba esa desaparición. Si en aquel momento éramos unos "25 millones de argentinos", como el decía jingle del Mundial 78, entonces la cifra cerraba en un número cercano a las 30 mil personas que deberían desaparecer para controlar a la población.

Y quizá la respuesta más directa y entendible de por qué la dictadura cometió todos estos crímenes de lesa humanidad sea porque, precisamente, podía hacerlos, porque tenía el poder del Estado en su puño, poder que cedió la dirigencia política efímera y obsecuente.