Desde el Gobierno aseguran que la causa es por calumnias y amenazas. Encontraron drogas, varios celulares y un arma en la casa de la mujer.
Detuvieron a una enfermera que amenazó al exgobernador de Misiones
La provincia de Misiones atraviesa un clima de creciente preocupación por las denuncias de persecución política a voces críticas del gobierno local. En el centro de la polémica, el caso de Florencia Belén Aguirre, una enfermera de 28 años con gran presencia en redes sociales, pone nuevamente bajo la lupa los métodos empleados por el Frente Renovador de la Concordia, liderado por Carlos Rovira, para acallar las disidencias.
El último episodio tuvo lugar el pasado 2 de noviembre, cuando un operativo realizado en la vivienda de Aguirre derivó en allanamientos violentos y el secuestro de una serie de elementos que podrían ser clave en la causa judicial que se sigue en su contra por presuntas amenazas y calumnias.
Durante el procedimiento, que contó con la intervención del equipo de Drogas Peligrosas de la Policía de Misiones, los agentes incautaron nueve teléfonos celulares, equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento. Según fuentes oficiales, Aguirre habría intentado destruir evidencia digital arrojando uno de los teléfonos al inodoro, lo que ahora será analizado en el marco de las pruebas en su contra.
Además, el allanamiento arrojó el hallazgo de estupefacientes y una escopeta en la propiedad. La presencia de drogas fue informada al Juzgado Federal en turno, lo que podría abrir una nueva línea de investigación.
Sobre la tenencia del arma de fuego, las autoridades indicaron que podría significar cargos adicionales para la enfermera, quien, según testigos, se mostró reticente a colaborar durante el procedimiento, profiriendo insultos hacia los efectivos.
La causa contra Aguirre no es un caso aislado. Desde mayo, cuando estallaron protestas salariales en toda la provincia, varios opositores al oficialismo denunciaron detenciones arbitrarias y el uso de herramientas judiciales para acallar críticas.
Ver también: Conmoción en el Sur por la muerte del hijo de un exsenador
Estas prácticas, sumadas a la reciente creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, despertaron preocupación entre dirigentes opositores, quienes acusan al gobierno provincial de institucionalizar un mecanismo de persecución.
En el caso de Aguirre, su postura activa en redes sociales, donde defendía a los policías detenidos por supuesta "sedición" y "conspiración" tras las protestas de mayo, habría incomodado al oficialismo.
Su detención fue solicitada por Roque Gervasoni, titular del Instituto de Macroeconomía Circular y conocido por su defensa del gobierno renovador en el ámbito virtual. Según Gervasoni, Aguirre habría realizado publicaciones difamatorias contra su persona y otros dirigentes del oficialismo.
El operativo en la casa de Aguirre y el tratamiento mediático del caso generaron divisiones en la opinión pública. Medios oficialistas destacaron el hallazgo de pruebas que podrían respaldar las denuncias contra la enfermera, mientras que sectores opositores y organizaciones de derechos humanos denunciaron excesos policiales y judiciales.
Ver también: Al final, Milei firmará el acuerdo que propuso Lula: de qué se trata
En un comunicado, el arco político opositor calificó las recientes detenciones como un "ataque a la libertad de expresión" y acusó al oficialismo de utilizar el aparato judicial para amedrentar a quienes disienten públicamente. Además, señalaron que la Fiscalía de Ciberdelitos "fomenta la censura previa" y advirtieron sobre un retroceso en las garantías democráticas en la provincia.
Aguirre deberá comparecer ante el Juzgado de Instrucción Penal en los próximos días para ejercer su defensa. Entretanto, el análisis de los dispositivos incautados será clave para determinar su posible responsabilidad en las amenazas y calumnias denunciadas.
Los hechos recientes dejan entrever que en Misiones la confrontación política trasciende los espacios institucionales.
Ver también: Podrían premiar a los jubilados que aportaron y no recurrieron a moratorias