El Gobierno permite a la Policía intervenir y que baje las valijas de los aviones

 El Gobierno Nacional, después del anuncio de este jueves, ha dado un nuevo paso en la desregulación del sector aéreo, con la aprobación de la Resolución 49/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial. Esta medida permite que las autorizaciones para brindar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa puedan ser otorgadas a fuerzas de seguridad o a cualquier persona física o jurídica que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos necesarios. Esto significa que, a partir de ahora, el servicio no será exclusivo de una sola empresa, como Intercargo, y cualquier actor privado que cumpla las condiciones podrá ingresar al mercado y ofrecer estas prestaciones.

La decisión fue impulsada por la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Surge como respuesta a situaciones recientes, como los conflictos laborales que ocurrieron esta semana en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. El Gobierno argumenta que la medida busca garantizar un funcionamiento fluido de los aeropuertos y evitar que los pasajeros queden "rehenes" de paros o medidas gremiales que puedan afectar los servicios.

Ver:Proponen un "mini-RIGI" mendocino para facilitar inversiones en turismo

En lo que va del año, Intercargo, la empresa que hasta ahora tenía el control de los servicios de rampa, ha realizado 16 asambleas y 4 paros, lo que ha provocado demoras y complicaciones para miles de pasajeros. La desregulación busca que estos servicios puedan ser cubiertos temporalmente por las fuerzas públicas si se presentan situaciones críticas, como huelgas encubiertas que afecten a los usuarios.

Con esta nueva normativa, cualquier operador que cumpla con los requisitos legales tendrá la posibilidad de brindar servicios aeroportuarios. Esto obligará a Intercargo a competir en igualdad de condiciones con otros actores privados, lo que se espera beneficie a los pasajeros al incorporar más opciones y mejorar la calidad de los servicios.

Además, la resolución incluye el principio de "Silencio Positivo" para desburocratizar los trámites. Esto implica que, si un solicitante cumple con todas las condiciones operativas, técnicas y de seguridad, la autorización se otorgará automáticamente después de un tiempo determinado. Dicha autorización tendrá una vigencia de 15 años, con posibilidad de renovación.

Leer: La promesa de Milei: "Estaremos cada vez un poco mejor"

La resolución