La Secretaría de la Presidencia tiene a cargo a quienes cuidan a los exmandatarios y consideran que es "desproporcionado". Cristina Fernández tiene 120, Macri 30 y Alberto Fernández 3.
Karina Milei quiere reducir las custodias de los expresidentes
La secretaria de la Presidencia, Karina Milei, quiere reducir el gasto destinado a solventar el sistema de protección de los expresidentes, una medida que ha desatado controversia en medio de las tensiones políticas y económicas que vive el país.
La iniciativa, que busca modificar una estructura considerada "sobredimensionada" por el oficialismo, se materializaría en un decreto que en las próximas semanas podría ser oficializado. Esto viene en respuesta a una medida adoptada por el ex presidente Alberto Fernández, que ubicó la protección de los expresidentes bajo la Secretaría General, actualmente dirigida por la hermana del Presidente.
La resolución del ex presidente generó fricciones con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien llegó a informar erróneamente en diciembre pasado que su cartera había derogado la enmienda de Fernández. Sin embargo, la normativa sigue vigente y garantiza una cobertura de seguridad a los exmandatarios que para el actual gobierno resulta "inexplicable".
El sistema de protección, que depende de la Casa Militar pero es financiado por el Ministerio de Seguridad, ofrece una custodia permanente a los expresidentes. Según fuentes oficiales, Cristina Kirchner cuenta con 120 efectivos de la Policía Federal, mientras que Mauricio Macri dispone de 30 y Alberto Fernández de 3, estos últimos revistiendo en España.
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La reforma en marcha, que requiere colaboración entre los asesores de Milei y Bullrich, pretende hacer más eficiente el sistema, acotando la función de la custodia a los expresidentes y definiendo quiénes dentro de sus familias tienen derecho a esta protección.
El objetivo del gobierno es ajustar el gasto en un sistema que consideran desproporcionado en relación con su función original. "El actual sistema de gastos es una locura. El decreto del 2004 cubría solo la seguridad presidencial pero después se fue ampliando", reconoció a Clarín un exintegrante del sistema de custodia presidencial.
La propuesta de Milei refleja un intento del gobierno por aplicar medidas de austeridad en un contexto de crisis económica y tensiones políticas, aunque la iniciativa seguramente enfrentará resistencia y debate en el ámbito político argentino.
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