Es la cantidad de imputados por violar la cuarentena estricta. Les aplicaron el artículo 205 del Código Penal. El MPF estudia un atajo para que puedan reparar con plata o "compensaciones" comunitarias el delito. Tal como hizo el presidente Alberto Fernández.
Cuarentena: cómo harán para que 6.700 mendocinos hagan "La Gran Alberto"
Todos somos iguales ante la ley. O deberíamos serlo. Si el presidente Alberto Fernández logró saldar con plata el famoso cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez en Olivos cuando todos estábamos confinados -un escándalo que le restó al Frente de Todos no menos de cinco puntos en las elecciones del año pasado- ¿Por qué unos 6.700 mendocinos imputados exactamente por lo mismo, no podrían tener una solución similar?
El escándalo del cumpleaños de Fabiola en la residencia presidencial generó una ola de indignación tal, que terminó por barrer al último sótano la imagen del presidente. Ahora, la solución "negociada" de resolver el problema judicial con plata, cuando se trata de la violación de un artículo del Código Penal (el 205), refrescó aquella idea generalizada en que el pode siempre consigue impunidad. Y si no, la compra. Al presidente lo despedazaron en las redes, la oposición, y hasta los propios, ahora que la onda cristinista es pegarle al mandatario que eligió Cristina hace ya tres años. También fue vapuleado el juez del caso en particular y la justicia en general. Pero, cuidado. El fallo tiene alguna razonabilidad y soluciones así se aplicaron por miles en todo el país, sobre todo con los casos derivados de la "fase 1" de la cuarentena. El problema es más ético que legal. Mientras el presidente y su esposa hacían su fiesta de cumpleaños violando las restricciones que el mismo Jefe de Estado había firmado, miles de argentinos no podían siquiera darles el último adiós a sus enfermos de coronavirus. Murieron solos.
En Mendoza hubo casos muy recordados de violación de cuarentena, como el "Caso 98" del "Gordo Maxí" y "La Mogolona", el cumpleaños empresario en Agua de las Avispas, con gente huyendo a campo traviesa, y decenas de fiestas ilegales. Muchas de ellas salieron en los medios o fueron noticia nacional. Incluso hubo funcionarios que en alguna oficina municipal debieron renunciar después de subir a las redes sus reuniones prohibidas.Ahora, la "Gran Alberto" inspiró a fiscales de Mendoza a buscar una solución parecida y desatorar las causas de ciudadanos que aún están imputados y pendientes de medidas judiciales por violar la cuarentena.
Operativo contra una fiesta clandestina en Las Heras.
Durante 2020 y 2021, en Mendoza los fiscales correccionales tuvieron muchísimo trabajo con las causas por violar el aislamiento. A todos los imputados se les aplicó el famoso 205 del CP, que dice -bien clarito- "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". En las fiscalías de Mendoza hay poco más de 6.700 causas derivadas del confinamiento obligatorio. La mayoría cayeron en el Gran Mendoza, y de ellas, el grueso fue a dar a la Fiscalía número 33 de la Unidad Fiscal Correccional, a cargo de Gabriela García Cobos. De todos los casos que se tramitaron en la justicia local hubo más de 400 condenados, la mayoría a prisión en suspenso, lo mínimo que prevé el Código, salvo los que tenían alguna medida pendiente, o algún otro proceso. Los que además tenían causas de violencia de género, fueron a dar a la cárcel.
Cómo hacer
Desde hace días y por iniciativa del Fiscal Adjunto Fernando Guzzo, el segundo en la Procuración General de la Provincia, en el MPF están analizando documentación y antecedentes. La idea es que los imputados por violar el 205 del CP puedan "compensar el daño", al romper la cuarentena. Claro que no a todos les van a pedir 1,6 millones de pesos como al "ciudadano" Alberto Fernández, que es el presidente. En esa fiesta, además, hubo personas que circularon con certificados "truchos" para llegar a Olivos, porque eran tiempos -pleno 2020- en que sólo podían circular las personas con certificados de personal "esencial". Hay casos y casos. "A lo mejor, a algunos les vamos a pedir que compensen con tres kilos de leche en polvo" ejemplificó un hombre de la justicia, de los que está trabajando en estos textos.
Mendoza en plena fase 1, al inicio de la cuarentena. Desierto total.
El instrumento para que apliquen todos los fiscales que tienen causas por romper el confinamiento será una resolución del Procurador Alejandro Gullé, basada en dos documentos. El dictamen del fiscal federal Rodolfo Fernando Domínguez, de la Unidad Fiscal de San Isidro (click aquí), y el fallo posterior del juez federal Lino Mirabelli (click aquí). Son los que permitieron la solución económica como compensación al delito que cometió el presidente. Básicamente, el dictamen fiscal y el fallo posterior, se apoyaron en que al menos en esa jurisdicción (que corresponde a Olivos) se habían resuelto cientos de casos -la mayoría de personas que circulaban en la vía pública sin habilitación- con "suspensiones de juicio a prueba" y la "reparación integral" del perjuicio ocasionado por tales conductas, que en cada fallo se calculó en dinero. Y de esa manera, evitaban enviar a la cárcel a los que rompían el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
Una de las fiestas reprimidas en El Nihuil, el año pasado.
El fiscal Domínguez citó en su dictamen que varias provincias permiten este tipo de soluciones en sus códigos procesales, entre ellas, Mendoza. Y menciona el artículo 26 inciso 1 del CPP mendocino (click aquí), en el que se indica que el fiscal podrá cesar la persecución penal "total o parcialmente", o que se limite a alguna o varias infracciones, cuando "...la lesión al bien jurídico protegido fuera insignificante". Parece interpretativo, pero factible. Luego, se extiende el fiscal federal en las facultades de "mantenimiento de paz social" y de "soluciones alternativas de conflictos" en las leyes que rigen al MPF de la Nación, y en las provincias. La tendencia es "otorgar herramientas de solución de conflictos por conciliación o reparación integral". Cita incluso parecidos de los códigos penales de España, Italia y Chile, con la Argentina. La idea es que este tipo de alternativas debe aplicarse cuando se trata de "imprudencias sin daños graves o irreversibles" o cuando el perjuicio patrimonial no sea muy importante.
El párrafo más significativo de este dictamen es el que dice que "El dr Alberto Fernández no tiene menos derechos que otros ciudadanos por ser presidente de la Nación". A su turno, el juez federal Mirabelli adhiere a los conceptos del fiscal, y acepta el acuerdo por el que Alberto y Fabiola darán 1,6 millones de pesos al Instituto Malbrán.
Los fiscales mendocinos que están trabajando este asunto están en etapa de "borrador", pero se espera que la semana entrante haya una resolución de Gullé para ordenar estos casos por la vía de la "reparación". Lo mismo que el presidente.
El confinamiento
La cuarentena argentina fue una de las más rigurosas e inútiles del mundo. Arrancó el 20 de marzo de 2020. En octubre de ese año, con 210 días de confinamiento en los hogares argentinos (Mendoza ya había empezado a flexibilizar muchas actividades), en este diario empezamos a reflejar los datos del "Rastreador de Respuestas Gubernamentales" de Oxford, al Covid-19. El índice calculaba los días de encierro, la dureza de las medidas, y el cierre de escuelas y de actividades económicas, sociales, turísticas y de recreación. Durante parte de 2020 y de 2021, nuestro país fue el "puntero" de ese índice de rigurosidad. Países de sistemas autoritarios, o pre democráticos, tuvieron cuarentenas menos duras que las nuestras. Aún así, llegamos a estar entre los países que menos testeos hacían en el mundo, y con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes.
La gestión de la cuarentena, ese arresto domiciliario que vivimos los argentinos por casi dos años, fue un fracaso escandaloso, con un total de 9,2 millones de casos y 128.825 fallecidos. De esos, más de 5.300 fueron mendocinos. Al día de ayer, Argentina está aún en el "top 20" de países con más muertes por millón de habitantes, y en el "top five" de la región, de acuerdo al sitio Our World In Data.
[Gráfico: Muertes por millón de habitantes desde que empezó la pandemia de coronavirus]
Hasta que aparecieron y se extendieron las vacunas por todo el país, y con el escándalo previo del vacunatorio y los vacunados VIP y la consecuente renuncia de Ginés González García, los números argentinos de la pandemia no se "normalizaron". Aún así, sólo la mitad de los argentinos que tienen el esquema completo de vacunación (dos dosis) se dieron la tercera y la cuarta aplicación (las dosis de refuerzo). Además, el país no recupera aún totalmente los niveles de su economía y su mercado laboral pre pandemia, que había caído en 2020 más que todos los países de la región.
Ahora, con tres olas de covid en las espaldas, 128.825 muertes y el inicio de una cuarta ola de casos, se alcanza a apreciar el enorme sinsentido que fue el confinamiento de millones de personas, destruyendo sus vidas, su educación, sus familias, y su economía.
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