El próximo lunes la Cámara de Casación Penal iniciará las audiencias.
Comienzan las audiencias para revisar la condena de CFK
El lunes 26 de febrero la Cámara Federal de Casación Penal iniciará las audiencias previas a resolver si confirma, revoca o agrava las condenas a la exvicepresidenta Cristina Kirchner y a los demás acusados en la causa por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz
El Tribunal Oral Federal 2, a través de un fallo aún pendiente de confirmación, condenó a la ex Presidenta a seis años de prisión por "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública", aunque la eximió del delito de asociación ilícita.
Las próximas semanas serán cruciales, ya que Casación escuchará las diversas argumentaciones de las partes involucradas. El fiscal Mario Villar presentará su caso, buscando revocar absoluciones y obtener condenas por asociación ilícita. Por otro lado, la defensa de Cristina Kirchner solicitará la revocación de la condena por administración fraudulenta, alegando la falta de pruebas directas y acusando a los jueces de actuar de manera arbitraria.
El veredicto inicial, pronunciado el 6 de diciembre de 2022 por el TOF 2, fue dividido en cuanto a la condena por asociación ilícita. Mientras dos jueces absolvieron a la ex senadora nacional y a otros imputados, un tercer magistrado votó por la condena. Sin embargo, todos coincidieron en la existencia de delitos de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas a empresas vinculadas a Lázaro Báez, provocando un perjuicio económico significativo para el Estado.
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Los condenados incluyen a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, quienes enfrentan penas de entre 3 y 6 años de prisión por delitos cometidos entre 2003 y 2015.
El juicio, que comenzó en mayo de 2019, fue una ardua batalla legal que involucró acusaciones de asociación ilícita y administración fraudulenta. La causa señaló que el 80% de la obra vial en Santa Cruz fue asignada a empresas del grupo Báez, con evidentes irregularidades como sobreprecios y falta de controles.
Además, en el fallo se ordenó el decomiso de unos 85 mil millones de pesos, reflejando el impacto económico de la corrupción en el país.
Las audiencias ante la sala IV de Casación serán presenciales, llevándose a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. Este proceso no solo definirá el futuro de los acusados, sino que también enviará un mensaje sobre la lucha contra la corrupción en Argentina.
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