Un estudio ordenado por la Justicia confirma lo sostenido por la fiscal Gabriela Boquín, quien impugnó el convenio.
Correo Argentino: Macri aceptó un acuerdo perjudicial para el Estado
Un estudio ordenado por la Justicia confirmó que el acuerdo aceptado por el macrismo en 2016 para que el Correo Argentino saldara su deuda concursal, fue perjudicial para el Estado. Esto confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo "abusivo".
Con Mauricio Macri como presidente, el Estado aceptó en 2016 un acuerdo comercial del Correo Argentino (propiedad, justamente, de la familia Macri) para saldar la deuda. La fiscal Boquín se opuso y el acuerdo nunca se concretó. En ese momento se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito.
Fue Lijo quien encargó un estudio sobre este caso a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de la Justicia y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Según un artículo publicado por Infobae, el estudio abarca varios tópicos. Los especialistas analizaron las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015 (todas ellas fueron rechazadas por el Estado, principal acreedor del Correo).
La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.
Lo más relevante del estudio es el aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.
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Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.
En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que "el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%".
Oscar Aguad fue ministro de Comunicaciones de Macri
La fiscal había concluido: "Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente". El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 (nunca homologado) implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.
Boquín había dicho que la propuesta aceptada "es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional" y que la aceptación implica "reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible", por "resultar equiparable a una condonación de la deuda".
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Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito.
Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.
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