Hay 900 efectivos de la Policía porteña, más de 700 de la policía Federal y unos 400 entre Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Todo vallado en 100 metros a la redonda del parlamento.
Blindado: así está el Congreso mientras se trata el acuerdo con el Fondo
Hay 900 efectivos de la Policía porteña, más de 700 de la policía Federal y unos 400 entre Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Todo vallado en 100 metros a la redonda del parlamento.
Mientras la Cámara de Diputados debate un nuevo acuerdo con el FMI, en los alrededores del Congreso de la Nación hay más de 2.000 efectivos, entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, en medio de un operativo de seguridad que también coincide con la movilización de los jubilados.
A los 900 policías de la fuerza porteña que puso el Gobierno de la Ciudad se sumaron 720 policías federales y unos 400 más, entre miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Vallas en el radio del Congreso.
Por lo tanto, la cifra de uniformados supera los 2.000 efectivos, tras los graves incidentes que se produjeron el miércoles pasado entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, con una represión que terminó con heridos.
En relación a la Policía Federal, para esta ocasión prácticamente se duplicó la cantidad de efectivos, algo que también copiarían Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
De esta forma, el Congreso y los alrededores están blindados, vallados a unos 100 metros a la redonda, radio en el que la circulación de automóviles y personas está totalmente restringido.
De esta manera, predominó la idea que tenía la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de evitar que los manifestantes pudieran llegar a las adyacencias de la Plaza del Congreso.
La Justicia Electoral rechazó la impugnación presentada por referentes del kirchnerismo mendocino contra las listas de concejales del Partido Justicialista en Mendoza. El fallo avaló las reformas de la Carta Orgánica y dejó firme el mecanismo de selección de candidatos.
La Casa Rosada descartó la derogación de las leyes, que fue rechazada pro la oposición en el debate del Presupuesto 2026. Buscan una negociación más flexible y estudian cambios en los artículos.
La decisión del Gobierno de quitar la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) abrió un fuerte conflicto en la vitivinicultura: mientras la Nación habla de desregulación y eficiencia, productores y la Provincia discuten trazabilidad, controles y el futuro de una actividad clave.