La investigación de un radical que identificó las billeteras detrás de $LIBRA

En el universo de las criptomonedas, cada operación puede ser una promesa de anonimato y una huella. Una cadena de números que, si se observa con detenimiento, revela trayectos, tiempos y repeticiones. En el caso $LIBRA, ese rastro se volvió relevante cuando la Justicia comenzó a hacerse preguntas que los mercados rara vez se plantean: quién compró, cuándo lo hizo, qué sabía antes de hacerlo.

Todo comenzó el 14 de febrero, cuando el presidente Javier Milei replicó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) un mensaje que promovía la compra de $LIBRA, un token cripto sin regulación local, impulsado por el empresario estadounidense Hayden Davis. En los minutos posteriores, la cotización se disparó y un puñado de billeteras virtuales obtuvo beneficios considerables. En términos técnicos, fue un movimiento de "pump and dump": inflar el valor a partir de un hecho público y luego deshacerse del activo, cosechando la ganancia.

Pero el volumen de operaciones, la velocidad de las decisiones y la participación directa del presidente de la Nación generaron un cambio en el encuadre. Lo que comenzó como un fenómeno de especulación pasó a ser analizado en sede judicial como una posible maniobra defraudatoria. La causa recayó en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó reconstruir los movimientos de todas las billeteras asociadas al token, incluyendo aquellas que actuaron en los días posteriores al lanzamiento.

Ahí aparece Agustín Rombolá, abogado y dirigente de la Juventud Radical, con un aporte central para entender la trama. Su equipo realizó un seguimiento detallado del comportamiento en blockchain. Detectaron que las operaciones se concentraban en dos grupos diferenciados de billeteras, cuya actividad coincidía con momentos clave: el anuncio del token, la promesa de reinversión de fondos por parte de Davis, y los retuits de Milei y de referentes cercanos como Darío Epstein.

La operación tuvo la velocidad del rumor y la lógica de la oportunidad. El 17 de febrero, por ejemplo, cuatro billeteras adquirieron tokens por el equivalente a tres millones de dólares justo antes del retuit del presidente, que ocurrió exactamente un minuto y veintidós segundos después del lanzamiento oficial. Esa precisión temporal no pasó inadvertida. Para la justicia, se trata de un indicio que sugiere información privilegiada.

El análisis técnico permitió identificar que algunas billeteras interactuaban con plataformas de intercambio (exchanges) asociadas a empresas que cotizan en bolsa, lo cual habilitó un paso jurídico relevante: se libraron exhortos internacionales con el objetivo de congelar esos fondos antes de que fueran retirados o derivados hacia cuentas imposibles de rastrear. La jueza ordenó además que la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal informe en tiempo real cualquier movimiento hacia plataformas que permitan congelamiento inmediato.

En paralelo, comenzaron a conectarse otros elementos de contexto. Rombolá planteó que, además del análisis técnico, había una serie de hechos políticos que debían ser considerados: la reunión entre el vocero presidencial Manuel Adorni y el operador Mauricio Novelli, la publicación y posterior eliminación de un retuit por parte de Martín Menem, y las reuniones previas de Karina Milei con actores cercanos al proyecto cripto. Ninguno de esos hechos constituye prueba por sí solo, pero la acumulación es lo que comienza a delinear un posible patrón.

La pregunta que orienta la pesquisa es clara: ¿quiénes conocían los movimientos que ocurrirían en redes sociales y cuánto antes accedieron a esa información? Las billeteras, por sí mismas, no tienen identidad. Pero sí tienen historia. A través de cruzamientos con direcciones IP, cuentas bancarias asociadas, correos electrónicos de registro y actividad en exchanges regulados, la justicia busca ahora vincular esas billeteras a personas físicas concretas.

Las acciones impulsadas por el juzgado también se adelantaron al conflicto de competencia que planteó el fiscal Federico Iuspa, quien considera que el expediente debe tramitarse en los tribunales de Comodoro Py, bajo la órbita de los jueces María Servini y Eduardo Taiano. Mientras la Cámara Federal de San Martín analiza esa disputa, Arroyo Salgado mantiene la iniciativa: congelamiento de fondos, ampliación de la pesquisa y monitoreo en curso.

El Congreso, por su parte, tomó nota. La Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión investigadora parlamentaria, con amplias facultades para convocar a funcionarios, solicitar documentación y recabar pruebas. La lista de personas bajo análisis incluye al presidente Milei, su hermana Karina, el vocero Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. La comisión tiene un plazo de tres meses para emitir su dictamen.

El caso está en pleno desarrollo, pero ya consolidó su núcleo de sospecha: una criptomoneda promocionada por el presidente, movimientos financieros concentrados en pocos minutos, y una secuencia de mensajes que alteraron el mercado de manera previsible para algunos. En ese margen de segundos, la justicia busca determinar si hubo ventaja deliberada, coordinación o simplemente coincidencia.