Ramón y Anabel explicaron el proyecto para proteger a consumidores

Los legisladores mendocinos presentaron en el Senado un proyecto de ley para crear sistemas que ayudarán de manera jurídica a los consumidores.

Ramón y Anabel explicaron el proyecto para proteger a consumidores

Editó: Rodolfo Barrera

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el diputado provincial José Luis Ramón, del Frente de Todos, presentaron en el Senado de la Nación el proyecto de ley para crear sistemas que ayudarán jurídicamente a consumidores perjudicados. En la presentación también estuvo el Secretario de Comercio, Matías Tombolini.

La propuesta ofrecida por el oficialismo ofrece un conjunto de soluciones efectivas para poder resolver problemas de consumo. Según los datos aportados por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, los rubros donde se presentan mayores reclamos son: servicios financieros y seguros (34,8%), telecomunicaciones (29,5%), electrodomésticos (12,8%), rodados y automotores (11,6%) y servicios de administración de pagos (11,3%).

El proyecto "Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación (CPCUN)" de Ramón fue ingresado al Congreso en mayo de 2021 a través de la Cámara de Diputados, tiene el Trámite Parlamentario N°46 y es el expediente 1898-D-2021. 

La presentación se realizó en el Senado

Anabel Fernández Sagasti expuso la propuesta junto a Ramón y dijo: "Esta iniciativa constituye un cambio de paradigma con una visión humana, transversal y profundamente federal".   

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Sagasti consideró que la medida "es una gran herramienta para los problemas reales", en referencia a temas como el endeudamiento familiar, y de las mujeres en particular, y a la manipulación de la publicidad. En tanto, Ramón explicó: "Los consumidores no pueden estar sometidos a las reglas del mercado que conducen a las desigualdades ya existentes", y agregó que la medida busca obtener "un derecho autónomo y fuerte que proteja a todas y a todos".

Los puntos principales del proyecto hacen hincapié en la necesidad de establecer el patrocinio de los consumidores, en la eficiencia de los servicios públicos, el etiquetado de los alimentos y específicamente en la participación del Estado en la asistencia a los consumidores perjudicados.

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