La pelea feroz por las clases, capítulo mendocino

El escenario es complejo. Si fuese un juego de mesa, como el antiguo TEG, Mendoza estaría rodeada y con el bastión recibiendo cañonazos. ¿Cuánto podrán resistir el gobernador Rodolfo Suarez y el Director General de Escuelas José Thomas, el asedio para que interrumpan la presencialidad de las clases? Veamos qué está pasando: el gobierno nacional, encrespado y furioso por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le dio la razón a Horacio Rodríguez Larreta, por la presencialidad de las clases en la CABA; apretó ayer a fondo y consiguió que el Consejo Federal de Educación habilitase la suspensión de las clases presenciales allí donde haya "alarma epidemiológica", categoría "al horno" en la que Nación puso a Mendoza en el último DNU de Alberto Fernández, más por capricho político que por la realidad de los números. La provincia no llegaba al 20 % de aumento de casos de una semana a la otra en la última medición, y entonces el gobierno nacional agregó como factor de clasificación en categorías epidemiológicas la ocupación de camas UTI. Claro, nadie preguntó ni avisó a ningún funcionario del gobierno de Mendoza.

Está claro que la pandemia es grave, que la cantidad de casos en Mendoza es muy alta, y que en diez días la provincia superó tres veces la cantidad de fallecidos, hasta los 23 informados anoche en una sola jornada. Todo eso es cierto. Pero también, que en la última semana epidemiológica bajaron la cantidad de casos, la velocidad de la infección, y la ocupación de camas UTI, todo ello según las cifras oficiales que son permanentemente cuestionadas por testimonios de personas que se lamentan en las redes por no haber conseguido cama, por ejemplo. Al escenario hay que agregar la cepa Manaos. "Creemos que es alta la cantidad de enfermos con esta variante, porque vemos todos los días este tipo de casos de infección muy extendida a los contactos estrechos, síntomas muy fuertes, y pase rápido a terapia intensiva de pacientes jóvenes" dijo en reserva un médico del Hospital Central que da servicios a la UTI y a otras áreas.

Datos, no opinión, como dicen los habitantes de la grieta: Ayer a la mañana 55 personas fueron internadas en el Hospital Schestakow de San Rafael, cuyo intendente Emir Félix irrumpió luego como actor político en la pandemia al pedir restricciones más duras al gobierno provincial, incluyendo dos muy polémicas: interrumpir la presencialidad en los colegios secundarios, y luego, que los padres puedan decidir si mandan a sus hijos a la escuela en el primario. Aunque hizo consultas, el gobernador Rodolfo Suarez no daría ninguna de las dos medidas.

Ayer, los hechos alrededor de las clases presenciales se sucedieron unos a otros. Para citar en orden cronológico y observado desde Mendoza: Por la mañana, y en una breve aparición en nuestro programa "Te Digo Lo Que Pienso" por Radio Nihuil, Emir Félix anunció que pedía al gobernador Suarez una serie de medidas restrictivas, como extender las salidas por DNI a viernes, sábados y domingos, suspender deportes de contacto y las ya citadas respecto de las clases. Pasado el mediodía se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le recordó al gobierno nacional que Buenos Aires es una ciudad autónoma y le dio la razón a Rodríguez Larreta, que había decidido mantener las escuelas abiertas. Ese fallo tiene otros aspectos importantes. El gobierno nacional puede tomar medidas de tono general en la emergencia, pero deben consensuarse con las autoridades de aplicación de cada distrito. Es decir, con los gobiernos provinciales.

En Mendoza, donde los funcionarios pasan un grado de susto razonable ante eventuales juicios de Nación por incumplir el DNU de Alberto Fernández, respiraron aliviados por el fallo de la CABA. Luego, en una sesión tensa de tres horas virtuales, el Consejo Federal de Educación dictó una resolución para adaptarse al nuevo DNU del presidente. Sólo la CABA y Mendoza votaron en contra, porque se incluyó un inciso que obliga a cortar la presencialidad en zonas de alarma epidemiológica. La votación de ayer en el CFE fue un extraño "debut" para el director de Escuelas José Thomas. Fue la primera vez que votó en contra una resolución del Consejo desde que empezó la gestión.

En medio de la negociación entre varios ministros de educación del país para evitar rechazos y generar una norma consensuada, hubo llamados del gobierno nacional a los gobernadores. Incluso a Rodolfo Suarez. Está claro que provincias de gobierno radical como Jujuy o Corrientes pudieron haber cambiado su voto ayer mismo. Pero Suarez "bancó" la resistencia de Thomas a cortar la presencialidad. La idea de la mayoría de los gobiernos provinciales, de extracción peronista, no fue acomodar una norma al DNU, sino evitarle una negativa al presidente. El voto del CFE no fue por la presencialidad o virtualidad. Fue un sufragio de apoyo político a Alberto Fernández.

Thomas votó en contra de la resolución, para estar a tono con el decreto 555 firmado por Suarez el lunes que sólo indica virtualidad para terciarios, CENS, y educación para adultos.

Ahora... ¿Es vinculante con Mendoza esta resolución del Consejo Federal, obliga a suspender las clases presenciales? Bueno, lo sería tanto como el DNU de Alberto, al decir del oficialismo. Es decir, nada.

Hay más actores que empujan por la virtualidad en Mendoza, además de los intendentes peronistas que con mayor o menor grado de discreción piden el cierre de las escuelas. El SUTE lo denunció penalmente a Thomas días atrás. La UNCuyo decidió la virtualidad completa para sus seis colegios secundarios durante 21 días, condenando a sus alumnos a la "ley de hielo" de profesores que aparecen poco ante las pantallas, y sólo envían apuntes y archivos a las plataformas. La FADIUNC ha sido muy activa en esto. Ayer, gente de la UNCuyo que defiende la virtualidad se habría comunicado con el sureño Emir Félix para darle apoyo. Y finalmente están los padres, algunos organizados y otros no tanto, que participan del debate educativo pidiendo presencialidad, o que la virtualidad sea en serio. La presión es un polvorín, pero en ambos sentidos.

El caso San Rafael

El intendente Félix puso por escrito ayer su pedido de interrumpir las clases presenciales. Seamos fieles con el texto original que envió al gobernador, al Director de Escuelas, y a los medios, respecto de las clases y en el que pidió:

1. Suspender por 14 días en todo el departamento de San Rafael la modalidad presencial en escuelas secundarias y retornar -por dicho período- al régimen de educación virtual.

2. Suspender por 14 días en todo el departamento de San Rafael la obligatoriedad de asistencia en escuelas primarias.

El primero está clarito. El segundo es un debate tremendo. Según el intendente, y lo ha expresado en los medios, hay un alto grado de ausentismo en las escuelas primarias del departamento porque los padres no mandan a sus chicos a las escuelas y hay burbujas de 5, 6 o 7 alumnos. Esta situación se daría por el miedo que genera la cepa Manaos, y porque en poco tiempo el sur mendocino empezó a tener cada días más peso en el total de contagios registrados en la provincia. Pero el segundo pedido educativo de Félix generó un fuerte debate. Se sabe que la obligación es un derecho de los chicos, y no de los padres. Lo mismo, la salud. Sin embargo en setiembre de 2020 y con las escuelas cerradas, el Consejo Federal de Educación emitió un protocolo extenso y muy meditado en las provincias que modificaba otro inicial de mayo, y contemplaba esta opción de "objeción sanitaria" de padres con temor al virus. Luego, en febrero, se modificó y sólo se permite faltar a aquellos alumnos que son de riesgo, o conviven con personas de riesgo. Fue a través de una resolución del CFE del 13 de febrero, la 387. Ese protocolo obliga al alumno a justificar la falta y respaldarla con documentación, y al colegio, a darle a ese chico acceso virtual a las clases. Se ratificó luego, dos meses más tarde, el 15 de abril. Fue en aquella reunión en la que el ministro de educación de la nación Nicolás Trotta defendió la presencialidad, y fue desmentido horas más tarde por el presidente Fernández que anunció el cierre de las escuelas en el AMBA por 14 días.

En la DGE y en el gobierno se negarían a quitarles la presencialidad a los chicos de San Rafael y se sustentan en números. Hay 56.109 alumnos de las escuelas públicas en el departamento sureño. En la última semana hubo 46 contagios. Y de los 7.500 docentes, se infectaron de coronavirus un total de 69 en el mismo período. Estas cifras no justifican, según el gobierno, el cierre de las escuelas en el sur. Pero Félix sostiene que no dan más, y se respalda en la opinión -sobre todo- de médicos del Schestakow, donde repercute todo el sur mendocino. Malargüe y Alvear, explotados, hace rato que mandan sus pacientes a San Rafael.

La pelea escaló en la política igual que entre Nación y la CABA. Alberto, Cristina, Kicillof, muchos gobernadores peronistas quieren cerrar las escuelas. Rodriguez Larreta les demostró con datos que las aulas no eran un foco de contagio, y encima la Corte le dio la razón respecto de su potestad para decidir. Acá se replica un escenario parecido. En el gobierno creen que Félix utiliza la pandemia para escalar en el Gran Mendoza. Y ayer esa fue la línea que varios legisladores del oficialismo siguieron en las redes sociales, criticando al intendente peronista.

Félix cree que el gobierno no le dará ninguna de las medidas que pidió, o muy pocas. No hay que ser adivino. De ninguna manera, con estas cifras, Suarez y Thomas le darán el cierre de las escuelas y pase a la virtualidad. Muchos menos, que sea "optativo" ir a la escuela y cargarle esa responsabilidad a los padres. "Es como si un hijo se enferma, y el padre tuviese que decidir qué remedio o tratamiento le da. O si lo interna. Para eso están los médicos. Es la salud. Con la Educación es lo mismo. Los padres no tienen recursos técnicos para decidir si es mejor que vayan a la escuela o no. La mayoría no es psicólogo ni psiquiatra ni terapeutas, como para mensurar el daño que les hacemos a los chicos quitándoles la presencialidad" dijo uno de los funcionarios consultados en el gobierno.

Ahora, si Suarez se empeña en no extender a San Rafael las medidas que pidió Félix, u otras parecidas a las que ya tomó para Alvear, habrá ruido político fuerte. Al punto que le van a "colgar" ante los habitantes del sur los contagiados y muertos de San Rafael e intentarán responsabilizarle por ello. De los 973 casos de ayer, 235 son de San Rafael, sobre 403 muestras. Más "positividad" que en el Gran Mendoza. La presión que tiene el intendente sureño de vecinos, docentes, y personal de Salud es enorme. También sus vecinos intendentes están atentos. Ayer, Walther Marcolini le habría "quemado" el teléfono a importantes funcionarios, para que no le den a San Rafael más restricciones que a Alvear. Marcolini y Félix, no obstante, tendrían un buen diálogo. Hay todo tipo de posturas en las municipalidades. Hasta casos llamativos. El primer intendente en desmarcarse públicamente del decreto de Suarez fue un radical y no un peronista. Miguel Ronco dictó sus propias medidas restrictivas, prohibiendo reuniones en espacios públicos y cerrando el Cine Ducal.

Más de este tema: Trotta: "Excepto Mendoza y CABA, todos suspenden las clases presenciales"

Volviendo al principio. Las escuelas son el último lugar que cerrará Suarez. Si la curva general de casos de la provincia baja, o es estable, no dictará virtualidad ni cerrará escuelas más que aquellas cuyas burbujas deban estar aisladas por casos positivos o confirmados. Menos aún mandará al sistema escolar a casa, si cuenta con apoyo de los ciudadanos. En las encuestas online se ve permanentemente que el mendocino da soporte a las clases presenciales. Hace poco y antes del decreto del lunes le preguntamos a la gente en nuestro diario, qué medidas debería tomar Suarez. La más votada fue restringir salidas por DNI, y la menos elegida fue cortar la presencialidad escolar.

Pero habrá una señal. El gobierno estudiará cómo hacer un operativo de muestreos con test rápidos de coronavirus en algunas escuelas, a la búsqueda de casos que no se estén detectando por sintomatología, o de una estadística que confirme que -tal como sostienen en el oficialismo- ir a clases no es el problema.

La pelea política va a seguir. Lo que buscan algunas provincias, y la CABA y Mendoza son abanderadas de ello, es que Nación se obligue el consenso, algo que hasta ahora no ocurre. Como dijo alguien en el gobierno. "Estuvieron a punto de cerrarnos la mitad de las escuelas de Mendoza con un DNU, sin preguntarnos, consultarnos, ni avisarle a nadie".