El Ministerio de Seguridad justificó la decisión por "razones de seguridad", aunque aseguró que el acceso a la educación sigue siendo un derecho para los internos.
Bullrich prohibió los centros de estudiantes en las cárceles
El Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Patricia Bullrich, emitió una resolución que prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 372/2025, la cual fue publicada este martes en el Boletín Oficial. Allí, se establece que ya no se habilitarán estos centros en los establecimientos penitenciarios federales y se restringirá la permanencia de los internos en espacios educativos fuera del horario asignado para sus clases.
Para el gobierno, la medida responde a la Ley N° 24.660 sobre la ejecución de penas privativas de libertad y sostienen que el funcionamiento de los centros de estudiantes en las cárceles "tergiversaba el propósito de la reinserción social y contravenía las pautas del régimen de progresividad, esencial para el cumplimiento de las penas".
Detalles de la resolución
En los fundamentos de la resolución, se detalla que "la permanencia de los internos en los centros educativos durante toda la jornada, de lunes a viernes, impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social", tales como actividades laborales y de mantenimiento dentro de los establecimientos penitenciarios.
La resolución publicada en el Boletín Oficial lleva la firma de la Ministra Patricia Bullrich.
En este sentido, la ministra Bullrich remarcó que las tareas de mantenimiento, limpieza y aseo de los espacios comunes son obligatorias para todos los internos, y su cumplimiento es esencial para el funcionamiento del sistema penitenciario.
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Asimismo, el gobierno nacional vinculó la prohibición de los centros de estudiantes con preocupaciones relacionadas a la seguridad. En la resolución, se señala que "la permanencia prolongada de los internos fuera del horario de clases ocasiona relevantes alteraciones en materia de seguridad".
A pesar de esta medida, el gobierno garantizó que el acceso a la educación sigue siendo un derecho para los internos, quienes podrán continuar sus estudios en todos los niveles y modalidades, según lo estipulado por la Ley Nacional de Educación.
La resolución oficial
