El presidente del máximo tribunal de Justicia del país prestará declaración como testigo en la investigación para establecer si el gobierno de Mauricio Macri presionó para quitarle empresas a Cristobal López y Fabián De Souza.
Rosenkrantz declarará en una causa que involucra a un empresario mendocino
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, solicitó declarar por escrito en la causa por las supuestas presiones ejercidas durante el Gobierno de Mauricio Macri sobre el grupo Indalo, en la que fue convocado en calidad de testigo, informaron fuentes judiciales.
La jueza federal María Romilda Servini le enviará en los próximos días un pliego de preguntas -que incluirá las propias y las que formulen las partes- para que el ministro del máximo tribunal responda por la vía elegida, según pudo confirmar Télam a través de fuentes con acceso a la investigación.
Rosenkrantz había sido convocado para el 26 de agosto a las 14, pero en la misma resolución en la que dispuso su convocatoria la magistrada había recordado que, por su cargo, el titular de la Corte estaba habilitado a declarar por escrito, para lo cual solo le pedía que tenga a bien informarlo con anterioridad a la fecha prevista.
Maurio Macri y "Pepín" Rodríguez Simón.
Si bien no fue aclarado en la citación a dar testimonio, fuentes del caso explicaron que la convocatoria tiene que ver con las más de 50 llamadas telefónicas registradas entre Rosenkrantz y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que fueron detectadas en la investigación en la que el asesor judicial del expresidente Mauricio Macri está imputado y declarado en "rebeldía" por haberse escapado a Uruguay para no asistir a su indagatoria.
"Pepín" es uno de los principales imputados del caso: se lo acusa de haber encabezado las maniobras de presión y asfixia financiera al Grupo Indalo y a sus accionistas Fabián de Sousa y Cristóbal López.
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Diputado del Mercosur, y supuesto operador judicial de Macri, Rodríguez Simón se encuentra en Montevideo desde diciembre pasado, se ausentó al último llamado a indagatoria para el cual fue citado y espera que la justicia de Uruguay determine si le concede el refugio político que solicitó, a pesar de que la Comisión de Refugiados (CORE) de ese país dictaminó en contra de ese pedido.
Cristobal López y Fabián De Souza, propietarios de C5N.
En el expediente ya hay un procesado: se trata del exsubdirector de Recaudación de la AFIP entre 2016 y 2019, Sebastián Paladino, a quien la jueza Servini le atribuyó haber ordenado que se creara una herramienta informática con poder de control sobre todos los contribuyentes que formaran parte del Grupo Indalo.
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"La conducta de Paladino, lejos está de ser considerada un acto 'neutral', sino que implicó llanamente un abuso de poder, aprovechándose de las facultades del organismo público, en desmedro de un grupo de contribuyentes", remarcó Servini en el fallo que Télam difundió oportunamente.
La inclusión de las empresas o contribuyentes en una herramienta semejante "no habría obedecido a un criterio objetivo, ni una especie, característica o circunstancia que hubiere permitido englobarlas bajo el sistema de consulta descrito, sino que se basó únicamente en su pertenencia al grupo económico indicado", señaló la jueza.
"Para nada se está reprochando las facultades que la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene para fiscalizar a los contribuyentes, sino por el contrario, que su accionar esté basado en la legalidad y no la discrecionalidad y arbitrariedad de sus funcionarios", aclaró la magistrada, que instruye el expediente en el que interviene como fiscal Guillermo Marijuan.
En esta causa se investigan "diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Ejecutivo o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción", según surge del expediente.
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