Hoy miércoles inició el juicio penal contra el juez federal, quien está suspendido. Está apuntado como líder de una supuesta asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de favores. Hay una treintena de imputados entre el magistrado, su familia, narcos, y abogados.
Comenzó el juicio al juez Bento y otras 35 personas: las acusaciones
El juez federal Walter Bento, actualmente suspendido de sus funciones, está acusado de cobrar coimas para favorecer a detenidos en causas de narcotráfico, también por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Su esposa y sus hijos están acusados también, y desde hoy se debaten los casos en un megajuicio que durará meses: medio centenar de cuerpos de expedientes, y unos 250 testigos desfilarán ante las juezas del Tribunal Oral Federal 2, que juzgarán estos delitos. Hay 36 imputados.
El juicio inició este miércoles 26 de julio a las 9 de la mañana y se lleva adelante en una sala que albergará a unas 120 personas.
La audiencia puede seguirse en el siguiente link: https://youtube.com/live/SgPoGg8xueM?feature=share
Quién es Walter Bento
Luego de un concurso, Walter Ricardo Bento asumió el Juzgado Federal N°1 de Mendoza con competencia electoral en 2005. Fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. Bento es coleccionista de búhos, católico e hincha de Boca Juniors. Siempre se le adjudicaron contactos políticos fuertes y un poder enorme en la justicia federal local. Además de juez federal en causas del fuero criminal y subrogar a otros jueces, es juez de competencia electoral. Pero como está suspendido, esa tarea la llevará adelante otro juez federal de Mendoza, Pablo Quirós.
Investigación por narcotráfico
El fiscal Fernando Alcaraz estaba investigando una causa por narcotráfico en 2020, cuando encontró información que probablemente involucraba a Bento.
Hallaron datos en el teléfono de un detenido por narcotráfico, Walter Bardinella Donoso; y luego se sumaron las declaraciones de Diego Barrera, principal acusado por el secuestro y asesinato de Diego Aliaga, quien era empresario y ex despachante de Aduana. Tras su muerte, se supo de sus contactos con Bento, y que probablemente participaba de este entramado criminal que se ventila desde hoy. Bardinella Donoso y su abogado habían intercambiado mensajes en los que se hablaba de maniobras irregulares para obtener la libertad.
Además de ser vecino de Bento, Aliaga habría realizado negociados a su nombre, lo tenía agendado al juez como "Primo" y se identificaron más de 260 llamadas entre ambos en un lapso de ocho meses.
En 2021 se ordenaron diferentes allanamientos, detenciones y posteriores imputaciones en la causa, donde Bento quedó como sospechoso al igual que su esposa Marta Isabel Boiza y dos hijos Nahuel y Luciano Bento. La investigación implicó a abogados, narcotraficantes y hasta un comisario de la Policía de Mendoza.
De qué se lo acusa
Bento fue acusado de encabezar una organización ilícita que se encargaba de presionar a personas detenidas en causas federales de su juzgado, cobrarles coimas y así brindarles algunos favores, como ser liberados, o acceder a diversos beneficios.
En julio de 2021 fue procesado por el juez Eduardo Puigdéngolas, quien consideró que había pruebas suficientes para continuar con la investigación. El juez y su esposa fueron embargados por más de 327 millones de pesos. Este procesamiento fue confirmado en un tribunal superior.
Suspensión y jury de enjuiciamiento
A fines de mayo de 2023 Walter Bento fue suspendido como juez por parte del Consejo de la Magistratura y dejó sus funciones a cargo del Juzgado Federal N°1. De esta forma, se dio el paso inicial para que sea juzgado en un juicio político, que irá en paralelo al juicio penal.
Bento seguirá suspendido como juez y cobrando el 50% de su sueldo hasta que termine el jury de enjuiciamiento, el cual se iniciará en Buenos Aires, posiblemente entre la última semana de septiembre y las primeras de octubre. Recién después de la feria judicial se sabrá la fecha. Puede ser removido de sus funciones o restituido.
La Cámara de Apelaciones definió a Marcelo Garnica, juez a cargo del Juzgado Federal N°3, para reemplazarlo en sus causas penales.
Juicio oral
En junio de 2023, el abogado Mariano Cúneo Libarona dejó su defensa, que tenía desde 2021. Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza son sus nuevos abogados.
A partir de hoy miércoles 26 de julio Bento comenzará a ser juzgado en un juicio oral por la causa penal. Está acusado como "jefe de asociación ilícita, quince cohechos pasivos, prevaricato, diez hechos de abuso de autoridad, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica y dos hechos de desobediencia a una orden judicial". Además de la jornada de hoy, esta semana habrá otras dos audiencias.
Walter Bento tiene procesamientos confirmados con prisión preventiva, pero la restricción de su libertad no se puede hacer efectiva por sus fueros. Si es destituido perderá los fueros y podría ser detenido.
Su esposa Marta Boiza está acusada por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y dos hechos de falsedad ideológica. Además, sus dos hijos Nahuel Agustín y Luciano Ezequiel también están acusados por lavado de activos agravado. En total son casi 30 personas que serán juzgadas.
La hipótesis del caso
Según el requerimiento de elevación a juicio, la investigación llevada a cabo demostró "la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento". En ese sentido, en la acusación se indicó que esta asociación ilícita liderada por Bento tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, y como miembros a los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo (luego, imputados colaboradores arrepentidos), Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso. La fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador, medidas que generalmente iban acompañadas por su desvinculación total o parcial del proceso. En esta fase, el soborno consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles- como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito.
Se determinó además que la impunidad del hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha establecido en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal (una tipificación menos grave), todas medidas adoptadas por el juez Bento en persona o aprovechándose de la buena fe de su subrogante legal. Estas decisiones a su vez servían de excusa para aparentar la legalidad de la situación de libertad.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, en algunas oportunidades el arreglo se pactaba de común acuerdo entre el sobornador y los organizadores de la banda o sus miembros; en otros casos, los organizadores y miembros se contactaban con familiares de las personas detenidas para sumar presión, a fin de obtener el dinero o los bienes inmuebles o muebles que se requerían a cambio de la decisión espuria, y también la presión se ejercía directamente sobre el detenido, a quien se colocaba en la situación de decidir entre su permanencia en prisión u obtener la libertad a cambio del soborno. En todos los casos, los organizadores o miembros de la banda dejaban en claro que hablaban en nombre del juez Bento y que la decisión final dependía de su voluntad. Nunca invocaron a otro magistrado del fuero federal de Mendoza, fuese de primera o de segunda instancia, indicó la fiscalía en la acusación.
Esta investigación se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa que desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en la que un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento.
Todas las personas que serán juzgadas en el juicio oral
Jaime Andrés Alba Nortes: asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de autor por cuatro hechos, todos a su vez en concurso real con abuso de autoridad en calidad de partícipe primario por cuatro hechos.
Alfredo Rodolfo Aliaga Luque: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho, con relación a su propia intervención como sobornador.
Juan Ignacio Aliaga Lottero: falso testimonio en calidad de autor.
Luis Francisco Álvarez López: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real con abuso de autoridad en calidad de partícipe primario por un hecho.
Facundo Alzogaray: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Javier Leónidas Angeletti Ratfopol: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por cinco hechos, todos a su vez en concurso real.
Alejandro Matías Armayo Ciacera: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real.
Walter Eduardo Bardinella Donoso: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.
Carlos Federico Barón Knoll: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho respecto de su propia situación como sobornador.
Martín Rodolfo Bazán Guerra: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho.
Walter Ricardo Bento: asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo por quince hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real con prevaricato en calidad de autor; todo a su vez en concurso real con omisión y retardo de justicia y con enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica en grado de coautor, a su vez en concurso real con abuso de autoridad por diez hechos en calidad de autor en concurso real entre sí y en concurso ideal respecto del delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por dos hechos, en concurso real con ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
Luciano Ezequiel Bento Boiza: lavado de activos de origen delictivo en calidad de coautor, agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público.
Nahuel Agustín Bento Boiza: lavado de activos de origen delictivo en calidad de coautor, agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público.
Octavio Billi: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Marta Isabel Boiza Yorino: enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público, y falsedad ideológica por dos hechos, todos en grado de coautora y a su vez todos en concurso real.
Marcos Adrián Calderón Devias: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho respecto de su propia situación como sobornador.
Francisco Castro: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Mariano Enrique Castro Hoyos: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario por un hecho.
Leandro Emanuel Cirot Maldonado: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario por un hecho.
Walter Aníbal Costa Sgró: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
"...los miembros de la banda dejaban en claro que hablaban en nombre del juez Bento y que la decisión final dependía de su voluntad..."
Enrique de la Cruz Rodríguez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Daniel Gonzalo Martínez Pinto: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Jessica Melisa Miere Reyna: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de partícipe primaria.
Jorge Omar Miranda Anaya: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Juan Carlos Molina Pérez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
José Gabriel Moschetti Retamales: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con violación de secretos, este a su vez en concurso ideal con violación a los deberes de funcionario público.
Eugenio Javier Nasi Pereira: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
Cristian Oscar Oliva Suárez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
Javier Santos Ortega Pérez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
Luciano Edgardo Ortego Hernández: asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en siete hechos, todos a su vez en concurso real.
Leopoldo Antonio Ríos Santander: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.
Omar Armando Rodríguez Cichinelli: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
José María Sanguedolce Cadile: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
Martín Ríos y Matías Aramayo: imputados colaboradores de cohecho y partícipes de la asociación ilícita.
El tribunal y los fiscales
Walter Bento, su familia y el resto de los imputados serán juzgados por el Tribunal Oral Federal 2, que en esta ocasión estará integrado por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra, y también fue designada como cuarta magistrada Carolina Prado. Son magistradas de otras jurisdicciones convocadas para este juicio. Las primaras dos son de San Juan, y la última, de San Luis.
La fiscal de juicio será María Gloria André acompañada del fiscal de instrucción, Dante Vega y otros dos fiscales adjuntos especializados en lavado de dinero. La investigación original fue realizada por el fiscal Vega y el juez federal de esa provincia Eduardo Puigdéngolas.
Está previsto que el juicio tenga tres audiencias semanales cada quince días.
Foto portada: Gentileza Gerardo Gómez