Qué pasa en Cartellone, la empresa que construye la Variante Palmira

La Variante Palmira es una de las obras viales con incidencia estratégica en Mendoza y una de las más promocionadas por el gobierno nacional. Está en ejecución por José Cartellone Construcciones Civiles, la empresa mendocina más grande, que atraviesa un proceso de concurso de acreedores.

La actualidad señala que la obra avanza de acuerdo a los plazos previstos. La Dirección de Vialidad Nacional (DNV) como concedente de la obra informó el martes 7 que para este tiempo, se terminaron 14 de los 20 nuevos puentes que se encontraban en desarrollo como parte de la Variante Palmira-Agrelo, que vinculará a los accesos Sur y Este para evitar tráfico pesado por el medio del Gran Mendoza.

"Se trata de estructuras colgantes que forman parte de la nueva variante de la Ruta Nacional 7, ubicada al sur de la Ciudad de Mendoza y que cuenta con una inversión del Ministerio de Obras Públicas que supera los 9300 millones de pesos. De esta manera, próximamente concluirá la etapa de mayor complejidad técnica de este ambicioso proyecto, que según estimaciones beneficiará a más de 70 mil personas usuarias por día y reducirá los tiempos de viaje en un 35 por ciento", decía el texto de prensa de la Agencia Télam.

Avanza la Variante Palmira: ya colocaron 14 de los 20 nuevos puentes

Entre la obra y los reclamos de los ex empleados

Toda esta letra oficial con tono épico, en términos objetivos fueron confirmados por el titular de DVN en Mendoza, Guillermo Amstutz, quien puntualizó que los certificados de avance de obra son presentados por la empresa con regularidad y que ello es una señal del cumplimiento de los plazos.

El panorama dinámico de las obras como el Colector Boedo Ponce -San Martín- y la planta depuradora Paramillos están también a cargo de la constructora, y contrasta con el presente de la vida interna de la empresa madre del holding que atraviesa el proceso judicial de convocatoria de acreedores con la dificultad de haber generado antes de esa intervención judicial, una restructuración del plantel que llevó a acuerdos de retiros voluntarios con ex empleados, realizados entre  abril y mayo de este año.

Luego, el primer día de julio se decantó la decisión de pedir el concurso de acreedores "para evitar la quiebra", tal como fue el sentido de la comunicación empresarial. El expediente está identificado "José Cartellone Construcciones Civiles S.a. P/ Megaconcurso p/" y se encuentra en el Tercer Juzgado de Concursos y Quiebras. 

La aceptación del pedido por parte de la justicia llegó en septiembre. Pero de acuerdo a Alejandro Cartellone, presidente del directorio y CEO del Grupo Cartellone, "todos los pasivos hasta esa fecha (1° de julio) quedaron stand by en cumplimiento de la ley de concursos y quiebras".

Alejandro -que tiene 35 años y es hijo de José Cartellone- también le dijo al POST: "lo primero que se paga es a los acreedores laborales. Es el pronto pago. Le hemos hecho una propuesta al juez, lo tiene que autorizar, y se comienza a pagar, entiendo que será en enero. Pensamos que esto se daría a los 45 días de haber presentado el concurso, pero no depende de nosotros".

El punto de inflexión de esta historia de escasez de fondos, tiene su parte más grave en las 114 personas registradas judicialmente (hay otras 20 que demandaron a la empresa) que confiaron en cobrar con determinadas condiciones y a ocho meses de aquellos convenios de retiro con la empresa aún están esperando el pago comprometido. 

La marca

"Las causas de tan difícil decisión la encontramos en la necesidad de resolver cuanto antes la compleja situación creada, esencialmente por razones ajenas al manejo empresario, que obligan al directorio de la sociedad a priorizar la aplicación de sus recursos al mantenimiento de la empresa en marcha, acudiendo a este remedio legal del concurso preventivo", expresó la constructora en un comunicado sobre su situación cuando anunció el concurso.

La justicia ordenó el "pronto pago" a los ex empleados de Cartellone

Una consecuencia inmediata de esta determinación fue que el Ente Provincial Regulador de Electricidad de la provincia de San Juan definiera dejar fuera a la empresa mendocina de la licitación de dos obras por un valor de 1200 millones de pesos, según el reporte del 17 de julio, del Diario de Cuyo de la vecina provincia. Es un caso representativo de la situación que envuelve a la empresa que integra el grupo de la familia Cartellone.

Claves 

· La caída de los contratos de las llamadas PPP (participación público-privada), y conflictos en obras ejecutadas en Bolivia y los efectos que la pandemia, son parte de los argumentos por los que se decidió acudir a la convocatoria de acreedores, señalados por los voceros de la empresa.

· La empresa atravesó por otra crisis anterior que llevó a la intervención judicial en diciembre de 2020, por los conflictos entre los principales accionistas. Este entuerto fue superado con la llegada a la conducción de la cuarta generación de los Cartellone que sostienen a esta empresa de construcciones civiles desde hace 104 años.

· La causa por corrupción durante los primeros gobiernos kirchneristas conocida como "los cuadernos" también involucraron a la empresa Cartellone, señalada como una de beneficarias de las licitaciones de aquella época. Los informantes privados dicen que la denuncia original no incluye a la constructora y que un arrepentido mencionó a Cartellone y que eso fue una "picardía de alguien que ya se arrepintió de haberse arrepentido".

· La constructora tiene en marcha 16 obras en el país y el exterior. Esto representa los ingresos de 5 mil familias según reportes periodísticos que consignaron estos datos de la compañía. 

· Desde la empresa informan que para financiarse utilizan varios modos que no incluyen pedidos de créditos bancarios por las mismas restricciones impuestas por BCRA. Además, van cobrando los certificados de obras que van presentando.