En la reunión de hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C., el Gobierno de Mendoza presentó un pedido de levantamiento de la medida cautelar acordado con los peticionantes. Sin embargo, esta misma semana ingresó un habeas corpus colectivo por los presos de San Felipe y Almafuerte.
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Este miércoles, en la sede de la OEA en Washington D.C., el Gobierno de Mendoza pidió formalmente el levantamiento de la medida cautelar que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 por el estado de las cárceles San Felipe y Almafuerte. La novedad es que la solicitud estuvo avalada por quienes en su momento denunciaron ante la CIDH la violación de DDHH en esos penales, encabezados por el abogado Carlos Varela Alvarez.
En representación del Gobierno de Mendoza concurrieron a la capital de los Estados Unidos la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. Y por la parte peticionante viajó el mismo Varela Alvarez.
Previamente, hubo reuniones entre ambas partes en las que también participó el gobernador Alfredo Cornejo y, tras una visita conjunta a San Felipe y Almafuerte, se acordó que el panorama era mejor que 2015 y que habría un pedido conjunto de levantamiento de la medida cautelar. "La situación hoy es infinitamente mejor de la que se recibieron los penales provinciales. Hay una verdadera política pública en materia de Servicio Penitenciario que ha sido reconocida y reflejada por nuestra parte ante la CIDH", dijo D'Agostino tras la reunión en la sede de la OEA.
A su turno, la ministra Rus manifestó que "es un gran logro haber podido presentar al comisionado de la CIDH este acuerdo y una exposición integral sobre la situación de Mendoza en materia penitenciaria. El servicio penitenciario mendocino es el mas grande de todo el oeste argentino y referente nacional". Además, destacó que el de Mendoza es un "sistema penitenciario legítimo" y que "hoy la Policía aprehende a 15 personas por hora, por lo que debe haber un sistema en regla que acompañe ese nivel".
Varela Alvarez (primero), D'Agostino (quinto) y Mercedes Rus, entre otros presentes en la OEA este miércoles.
Ahora restan trámites burocráticos, en los que deberá intervenir Cancillería (la medida cautelar por el estado de las cárceles de Mendoza es contra el Estado argentino), para que finalmente quede firme el levantamiento de la medida cautelar de la CIDH.
Habeas corpus por los presos de San Felipe y Almafuerte
En tanto, desde la parte peticionante, el abogado Enoc Ortiz, socio de Varela Alvarez, confirmó el acuerdo para el pedido de levantamiento de la medida cautelar, pero agregó que este martes presentaron en la Justicia mendocina un habeas corpus colectivo por diferentes "situaciones" detectadas en las recientes visitas a San Felipe y Almafuerte. En otras palabras, la situación no amerita una intervención de la CIDH, pero lejos está de ser óptima.
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"Han mejorado muchas cuestiones. Por eso en lo que hace a medidas cautelares se llegó a un acuerdo. Pero entendimos que habían observaciones que justificaban un habeas corpus colectivo", explicó Ortiz. Entre otras "situaciones que vimos" mencionó el panorama de los pabellones de "refugiados" de Almafuerte o pabellones "RIF". "Son celdas sin luz, donde están más de 23 horas seguidas y apenas los sacan 45 minutos de 'recreo'", relató, entre otras irregularidades.
D'Agostino y Rus, este miércoles en la OEA.
Los pabellones RIF están destinados para aquellos internos que han tenido problemas dentro de la población carcelaria y corren riesgo de ser atacados. Por eso se llaman "RIF" o de "resguardo de integridad física".
A partir del habeas corpus colectivo presentado este martes, intervienen el Juzgado Penal Colegiado 1 y el Juzgado Penal Colegiado 2, y ya se realizaron inspecciones oculares en ambos penales este mismo miércoles. En función de esto y otras pruebas que podrían incluir (testimonios, informes de organismos especializados, documentación, etc), en caso de aceptar la demanda, la Justicia podría ordenar medidas urgentes para mejorar las condiciones, emitir un fallo que ordene acciones concretas, y hasta implementar mecanismos de seguimiento.
El informe del Post la semana pasada desde la OEA:
Ver más: En Washington se define una demanda que afecta directamente a Mendoza
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