El Ministerio Público Fiscal puso a un equipo de fiscales a investigar las tres denuncias existente luego de que el pastor afirmara que los $18 millones fueron a partir de un pacto político.
La decisión judicial para no quedar pegados con el caso Bonarrico
El caso del pastor Héctor Bonarrico acumula tres denuncias. Una realizada por el peronismo mendocino encabezado por Anabel Fernández Sagasti; otra, presentada por el Gobierno para que investigue si el religioso cometió un intento de fraude; y la última, la hecha por el Partido Verde, liderados por Mario Vadillo y Marcelo Romano. El affaire puso a la Justicia en alerta debido a la incomodidad política que generaron los dichos de Bonarrico, quien sostuvo que tuvo un acuerdo político electoral con el Gobierno y como compensación le otorgarían 18 millones de pesos para su fundación (Acción Social).
Los encargados de establecer si hubo delito y de haberlo cuál es, as tres denuncias serán investigadas por un conjunto de fiscales. Las mismas no se suman pero al tener el mismo objeto de investigación, los magistrados las instruirán juntos. Por ello, los fiscales de Delitos Económicos Flavio D'Amore y Hernán Ríos trabajarán en equipo y serán asistidos por su fiscal jefe, Javier Pascual, y el titular de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo.
Tanto despliegue judicial da cuenta de la sensibilidad del caso Bonarrico. Por un lado, son las palabras del propio pastor que aseguró que el dinero para su fundación fue un acuerdo político. Habrá que esperar si esto lo ratifica cuando lo llamen los fiscales a declarar. Por otro lado, debi9do que el decreto para el envío de los 18 millones estaba firmado, las declaraciones del religioso motivaron a que el gobernador, Rodolfo Suarez, firmara al día siguiente el decreto de derogación.
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Pero al escándalo no le baja la espuma y este martes en una sesión del Senado mendocino se dijeron de todo entre peronistas y radicales. El legislador justicialista Lucas Ilardo fue quien aprovechó para mostrar una foto de Bonarrico junto a Cornejo y otros dirigentes de Cambia Mendoza y acusarlos de corruptos.
Sin embargo, en el oficialismo, donde hay nerviosis por el affaire Bonarrico, buscan no enlodarse en respuestas puntuales sobre las declaraciones del pastor. De todos modos, esto no termina ahí.
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Además del ruido político y mediático, el capítulo judicial será determinante sobre si existió un delito, quién o quiénes lo cometieron y cuáles funcionarios serán testigos y quiénes eventuales acusados.
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