El juez Casanello resolvió procesar a los dirigentes del Polo Obrero por el delito de desvío de fondos, entre otros. Les impuso un embargo de 390 millones de pesos.
Belliboni y otros dirigentes procesados y embargados por desvíos de fondos
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, por administración fraudulenta. El fallo, al que accedió Infobae, sostiene que Belliboni desvió fondos del programa estatal Potenciar Trabajo para fines partidarios, resultando en un embargo de $390 millones. "Se aprovechó la política pública para intereses partidarios", aseguró el magistrado.
El procesamiento incluye a otros dirigentes: Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortiz y Ezequiel Adrián Coego. Asimismo, María Isolda Dotti y Gianna Puppo fueron procesadas por defraudación y amenazas coactivas. Otras personas, entre ellas Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, fueron acusadas de amenazas, mientras que Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz enfrentan cargos como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
La resolución de Casanello, de 168 páginas, detalla que los responsables del Polo Obrero utilizaron los fondos del programa estatal para financiar actividades político-partidarias en lugar de cumplir con los proyectos previstos. "El Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se ofrecieron", señala el fallo. Además, los líderes retuvieron un porcentaje del dinero destinado a los beneficiarios del programa.
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Las pruebas incluyen chats grupales, contenidos de celulares y documentación secuestrada que revelaron prácticas irregulares en los comedores gestionados por el Polo Obrero. La causa se originó el 20 de diciembre, coincidiendo con la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei. El Ministerio de Seguridad habilitó el número 134 para denuncias anónimas, lo que resultó en reportes desde todo el país. El fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió la investigación, se centró en las 45 denuncias de la Capital Federal, localizando a siete personas, de las cuales cinco testificaron.
El juez Casanello explicó que "diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero' y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.', habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales". También destacó el uso de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de los fondos.
Los acusados negaron las imputaciones y denunciaron persecución política. El fiscal Pollicita pidió ampliar la acusación, solicitando que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y exresponsable de la Secretaría de Economía Social durante el gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declaración indagatoria. Pérsico es acusado de haber encabezado una "matriz de corrupción" que permitió la extorsión de beneficiarios de planes sociales para financiar actividades partidarias.
El juez Casanello firmó el procesamiento de Belliboni y los demás implicados, afirmando que "ha quedado demostrado que las personas nombradas, que tenían a su cargo la administración de tales fondos, se apartaron de las obligaciones asumidas y los aplicaron a una finalidad distinta". El magistrado concluyó que el desvío de fondos no solo implicó el uso indebido con fines particulares, sino también la imposición de exigencias a los beneficiarios del programa social, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal.
La Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, quien estuvo a cargo de las denuncias, celebró el procesamiento.
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