El líder piquetero del Polo Obrero enfrenta cargos por irregularidades en el manejo de fondos estatales y también por coaccionar a beneficiarios de planes sociales.
Belliboni irá a juicio oral por corrupción y abuso de poder
El juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral y público la causa contra Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, quien está acusado de extorsionar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y defraudar al Estado en el manejo de fondos públicos.
Junto a él, otras 17 personas enfrentarán el proceso por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión.
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El magistrado cerró la investigación y dispuso que el caso pase a un Tribunal Oral Federal de Comodoro Py. En paralelo, Casanello citó a indagatoria a personas involucradas en la creación de sociedades que facilitaron la emisión de facturas falsas utilizadas en el esquema delictivo.
Corrupción y abuso de poder
El fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó la elevación a juicio, describió una "compleja matriz delictiva" que, durante años, aprovechó la vulnerabilidad de los sectores más necesitados para ejercer control sobre ellos y desviar fondos públicos. La investigación determinó que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron más de 361 millones de pesos destinados a proyectos productivos, laborales y comunitarios, de los cuales una parte significativa fue administrada de manera fraudulenta.
Los acusados habrían simulado gastos mediante facturas apócrifas de empresas ficticias y utilizado cheques para ocultar el destino real del dinero. Además, se detectaron irregularidades en las rendiciones de cuentas presentadas ante el Estado.
Otro eje de la acusación es la coacción a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para asistir a marchas y actividades políticas bajo amenaza de perder el plan social. Durante los allanamientos, se encontraron cuadernos con anotaciones como "no come" y listados de personas que no asistían a las manifestaciones.
La investigación se inició en diciembre de 2023, con la llegada al gobierno de Javier Milei, cuando el Ministerio de Seguridad habilitó una línea de denuncias anónimas sobre coerción en organizaciones sociales. A partir de esas denuncias, la justicia recopiló testimonios de testigos protegidos y realizó operativos en sedes del Polo Obrero y otras locaciones.
Belliboni niega las acusaciones
El piquetero negó los cargos en su declaración indagatoria en junio de 2024. Durante tres horas, defendió el funcionamiento del Polo Obrero y presentó documentación en su defensa. Argumentó que los aportes de los beneficiarios eran voluntarios y que las empresas utilizadas para la facturación eran reconocidas por la AFIP. Además, acusó al gobierno de Milei de haber iniciado una "campaña antipiquetera" y denunció presuntas irregularidades en la investigación.
La Fiscalía también apunta a la complicidad de exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Emilio Pérsico, exsecretario de Economía Social y referente de Barrios de Pie, fue imputado por no haber controlado las rendiciones de cuentas del Polo Obrero. Según Pollicita, los fondos fueron entregados en procesos "plagados de irregularidades", sin los controles correspondientes.
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