La Legislatura aprobó un proyecto que ahora el Poder Ejecutivo debe promulgar. De qué se trata.
Así Mendoza quiere evitar el robo de cobre y transformadores
El Senado provincial aprobó por unanimidad el proyecto de la legisladora Mercedes Rus que busca evitar el robo de cobre y transformadores en Mendoza. La modalidad delictiva se incrementó en los últimos años logrando su pico en el 2021. Los departamentos más afectados fueron Lavalle, Maipú y Tunuyán. Ya tenía sanción inicial de Diputados y ahora fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
"El kilo de cobre tiene un precio superior a los 2.000 pesos, cada transformador puede contener hasta 100 kilos de ese metal. Muchos robos se realizan en zonas rurales, por lo que gran cantidad de productores se ven afectados, ya que se quedan sin servicio eléctrico y riego tecnificado", explicó Rus, la UCR.
Entre los perjuicios, el más significativo es el que sufre el usuario-cliente que se encuentra impedido de contar con el servicio eléctrico hasta que se logra reponer el transformador y se repara el daño. Los más perjudicados son principalmente clientes vinculados a zonas rurales, donde utilizan la energía para el riego agrícola.
Mercedes Rus, quien presentó el proyecto.
Preocupa, además, la incidencia del robo de cableado de cobre, que afecta a sectores sensibles como hospitales y aeropuerto. "Sin ir más lejos, el año pasado debido a un robo de transformadores, se vio en problemas el Hospital Lencinas poniendo en riesgo de forma potencial el servicio de ese centro de salud. Lo mismo sucedió con el Hospital Notti", mencionó la senadora.
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Según un informe presentado por la Auditoría Interna de Edemsa durante el período 2021-2022, se contabilizaron 308 robos y 174 tentativas. Se estima que se han sustraído alrededor de 48.000 kilos de cobre para ser comercializados, totalizando, a valor de "mercado ilegal", una suma superior a los $48.500.000. El costo anual de reposición ronda los $199.500.000 y el operativo $39.900.000 aproximadamente.
Sobre los detalles de la aplicación
Rus sostuvo que "la ley es prescriptiva, pero ordenatoria respecto al mercado". De esta manera, aseguró que lo que se busca es "prevenir" y "ordenar lo que es el mercado de la compra y venta de cobre". Además, mencionó que tras la aprobación deberá establecerse "un registro y una serie de certificaciones que tienen que ver con la trazabilidad del origen lícito del mismo".
Así los que se dedican a esta actividad (se creará la creación el Registro de Actividades Vinculadas a la Comercialización e Industrialización de Metales No Ferrosos), se deberán registrar ante el Ministerio de Seguridad, organismo que se encargará de sistematizar el proceso de una manera sencilla, logrando un abordaje más integral. "Quienes no cumplan con la norma, se les aplicarán severas sanciones", aseguró la senadora.
En dicho registro deberán inscribirse los sujetos que se dediquen a la actividad, los que deberán contar con la habilitación municipal expedida y en estado, donde deberán constar nombres, apellido, documento de identidad y domicilio real y en su caso, comercial del vendedor y/o comprador de los bienes referenciados y la correspondiente habilitación comercial con las certificaciones de inscripción de la Administración Federal de Ingresos Públicos y Dirección Provincial de Rentas.
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Además, las modalidades de compraventa realizada, especificando descripción y datos registrales, cuando resulte procedente del bien comercializado, detallando fecha, número y monto del recibo oficial expedido con motivo de la operación comercial efectuada.
"Siempre deberá consignarse identidad de vendedor y comprador con copias de DNI de los intervinientes. En todos los casos deberá existir una exacta correspondencia entre el material descripto, en cuanto a peso, características y estado, en el libro rubricado, la documentación probatoria de su adquisición y legal tenencia, de su enajenación y las existencias en depósito", señala el artículo del proyecto.
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