La titular de Seguridad criticó que el hombre que mató al ex efectivo retirado en ocasión de robo en Maipú gozaba de libertad condicional, tras ser condenado por otro asesinato cometido en 2016. La Dirección de DD.HH. contestó con detalles sobre cómo funciona el sistema.
La respuesta de un área de la Corte a la ministra Rus por la libertad condicional
La liberación condicional de Roberto Rolando Pereyra Cruz, quien murió en un tiroteo durante un intento de asalto en la vivienda del policía retirado Héctor Pelayes, desató un cruce entre la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia a cargo de María Milagros Noli.
Desde la Corte detallaron que el proceso de liberación de Pereyra Cruz siguió los procedimientos habituales. En diciembre de 2022, se inició el trámite motivado por solicitud del condenado Pereyra Cruz, incluyendo la obtención de informes del Consejo Correccional y del Organismo Técnico Criminológico. La decisión final de otorgar la libertad condicional corresponde al Juzgado encargado de la ejecución de la pena, con la participación de la Defensa y la Fiscalía.
Posteriormente, en abril de 2023, se solicitó nuevamente al Juzgado Penal Colegiado los informes social y psicológico para el trámite de libertad condicional, debido a demoras en la obtención de estos documentos. En ese momento, Pereyra Cruz ya contaba con dictámenes favorables del Consejo Correccional para ampliación de salidas transitorias y para la libertad condicional.
Ver: Duro reclamo de Rus a la Justicia por el ladrón asesino que debía estar preso
Por otro lado, la ministra Mercedes Rus expresó su descontento por la situación, especialmente por el hecho de que Pereyra Cruz, con antecedentes penales, estuviera en libertad condicional al cometer un nuevo delito, que resultó en la trágica muerte del policía retirado Héctor Enrique Pelayes. En sus palabras: "Lamentamos profundamente la pérdida del policía retirado... nos ponemos al frente y trabajamos en ello. La seguridad y la justicia van de la mano, pero es difícil lograr seguridad si no hay justicia", resaltando así la importancia de una justicia efectiva para garantizar la seguridad pública.
Este caso subraya la complejidad de conciliar la reinserción social con la protección de la sociedad. La controversia generada destaca la necesidad de revisar los procesos de otorgamiento de libertad condicional y la importancia de una coordinación eficaz entre los distintos actores del sistema judicial y de seguridad para asegurar la protección de la ciudadanía y el respeto de los derechos de aquellos en conflicto con la ley.