En Chile, es habitual que los legisladores se sometan a controles para detectar consumo de drogas. Recientemente, un diputado dio positivo. En Mendoza hay un proyecto similar. Qué dice los que deberían votarlo.
Un caso chileno reactivó en Mendoza el debate por el antidoping a políticos
En Chile, la Cámara de Diputados prevé un sistema de control antidoping al que deben someterse los funcionarios públicos. Así fue que semanas atrás, un legislador chileno dio positivo de "meta anfetaminas": Nelson Venegas, quien argumentó que está bajo tratamiento para adelgazar y que consumió un medicamento sin saber que contenía una sustancia prohibida.
Más allá de la eventual sanción que reciba Venegas, quien por ahora sólo se apartó de la Comisión de Ética del Congreso, el caso sirvió para que se reactivara el debate en Mendoza, ya que hay un proyecto presentado por el senador Marcos Quattrini (La Unión Mendocina) que prevé un control antidoping para legisladores y funcionarios.
En primer lugar, el proyecto prevé "establecer como requisito de permanencia en los niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública, el carecer del carácter de consumidor problemático de drogas ilegales". Para ello, Quattrini propone que sea obligatorio un "examen de detección de metabólicos de drogas en orina" cada un año y en caso de dar positivo, el funcionario en cuestión debería ser suspendido.
Marcos Quattrini.
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A partir de esto, el Post consultó a una serie de legisladores de Mendoza, quienes comentaron sobre la posibilidad de exigir controles antidoping. Algunos se enfocaron en la lucha contra el narcotráfico y otros mencionaron la idea de acompañar a las personas que sufren adicción, sin exponerlas.
Las opiniones
Gustavo Cairo, diputado de LAUM, a favor: "Sobre todo en lugares donde hay mucho narcotráfico, me parece una medida importante que los funcionarios, sobre todo los que tienen que combatir el narcotráfico, no dependan del narcotráfico. Un funcionario que se droga y que depende de un dealer para que le provea droga no va a combatir la droga, es lógico eso", mencionó.
Gustavo Cairo.
Duilio Pezzutti, senador del PJ, a favor: "Debe ser aplicable a todos los funcionarios públicos de la provincia y también de los municipios. Creo que quienes tenemos alguna responsabilidad de gestión en cualquier nivel o parlamentaria, deberíamos hacérnoslo".
Duilio Pezzutti.
"No podemos caer en que sea una medida populista que implique estigmatizar a cualquier persona y tratar de prevenir un mal mayor y tratar de obviamente acompañar en lo que tiene que ver con la recuperación de una adicción", señaló el diputado.
Emanuel Fugazzotto diputado del Partido Verde, ni: "No estamos en contra, pero es sumarle tareas al sistema de salud que de por sí ya se encuentra colapsado y con trabajadores empobrecidos. Sin embargo, todo lo que sirva para control y mejorar el sistema bienvenido sea y ojalá no se transforme en una herramienta que solo sea para opositores al oficialismo de turno".
Emanuel Fugazzotto.
Evelin Pérez, diputada de la UCR, ni: "Viéndolo de manera superficial, alguien afectado por una sustancia no está en total uso de sus facultades, pero no es sólo por drogas, sino también pasa con el alcohol o con medicamentos recetados, o incluso con la salud mental de una persona".
Evelin Pérez.
"Sin dudas quienes representan al pueblo son quienes deben dar el ejemplo, pero no atacás los problemas de fondo exponiendo o poniendo en vidriera a quien evidentemente padece un problema. Las adicciones son problemas graves que no sólo están vinculados a drogas ilegales, como dije antes, cualquier adicción genera alteraciones en el comportamiento".
"Habría que estudiar bien la medida, y creo que el foco debería estar puesto en eliminar el problema de fondo. Y no está demás empezar a visualizar el tema de la salud mental y las adicciones", remarcó Pérez.
El Post se comunicó con algunos funcionarios del oficialismo y decidieron no opinar sin antes estudiar las medidas en profundidad.
Los puntos clave del proyecto
1- Establece como requisito de permanencia en los niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública, el carecer del carácter de consumidor problemático de drogas ilegales.
2- Comprende a los funcionarios públicos según lo establecido por el artículo 3 de la Ley 8993, y cada uno de los Poderes del Estado designará al responsable de la aplicación de la Ley.
3- Todos los agentes comprendidos en el ámbito de aplicación, deberán realizarse con carácter obligatorio el examen de detección de metabólicos de drogas en orina (DDO) en dos (2) muestras identificadas como FRASCO A y FRASCO B, las que deberán ser selladas y firmadas por las partes, para determinar la presencia de sustancias psicoadictivas en sus organismos. Tal examen deberá realizarse con periodicidad de un (1) año.
4- En caso de resultado positivo, el funcionario involucrado tendrá derecho a exigir la contraprueba, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que fue conocido el resultado del análisis de la muestra contenida en el FRASCO A, utilizando el FRASCO B, acompañado por un perito bioquímico que éste designe.
5- Si se detectare en un funcionario la presencia de metabólicos de drogas prohibidas se procederá a su suspensión, respetándose todas las garantías constitucionales hasta su recuperación, y considerándose dentro del régimen de licencias vigente. En todos los casos será el Estado Provincial quien arbitre los medios idóneos y necesarios para su recuperación.
6- El Cuerpo Médico Forense, a través de sus organismos pertinentes, así como los efectores públicos oportunos, serán los encargados de llevar a cabo el estudio.
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