Los acusan de irregularidades en el manejo de los fondos para un plan de viviendas. También está imputado Juan Grabois.
Imputaron a Sagasti y a Tanús por irregularidades en el manejo de fondos
Este viernes Juan Grabois, Ramona Fernanda Miño, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Tanús fueron imputados por irregularidades en el manejo del dinero del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) por hechos durante el período 2020-2023.
El fiscal Carlos Stornelli imputó al dirigente social Grabois; a la militante de su espacio Fernanda Miño, que estuvo al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana; a la senadora kirchnerista Fernández Sagasti y a Tanús, que fue presidente del BICE Fideicomisos durante el gobierno de Alberto Fernández.
Según la denuncia, la administración de los fondos que integran ese fideicomiso "se encontraría" en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanús; y por la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, quien a su vez sería integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), agrupación que se encuentra encabezada por el dirigente sindical Juan Grabois. Grabois, según la denuncia, tendría alguna injerencia en el manejo y/o distribución de los fondos del FISU, señala el dictamen. Todos ellos, por eso, quedaron imputados.
"Resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023", reza el dictamen que fue entregado a la jueza María Servini.
Juan Grabois.
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"A partir de una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, se habría advertido que el Fondo de Integración Social Urbano (FISU), cuyo objetivo principal era el de urbanizar barrios populares, habría concretado tan solo 400 obras de las 6.517 asignadas", se detalla.
Se habrían destinado "fondos por hasta USD 1.000.000.00 en los últimos tres años y habrían sido destinados para beneficio propio o para campañas políticas".
"Se desprende que el FISU habría incrementado sustancialmente su personal en el último período, pasando de tener tan solo 60 empleados a 600, siendo que la gran mayoría de ellos se encontrarían afiliados a la agrupación social Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)", señalaron en el dictamen.
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