El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que el Gobierno nacional busca "terminar" con las "cuevas" para detener a los "liquidadores del dólar ilegal" porque "perjudican a la gente", tras reunirse con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la Casa Rosada.
"Con el ministro Aníbal Fernández, analizamos los procedimientos en las 'cuevas' para detener a liquidadores del dólar ilegal. Haremos todo para terminar con estos mecanismos que perjudican a la gente", enfatizó el Presidente en su cuenta de Twitter.
Con el ministro @FernandezAnibal, analizamos los procedimientos en las "cuevas" para detener a liquidadores del dólar ilegal, trabajo conjunto de la Justicia Penal Económica, Policía Federal, AFIP y UIF.
El mandatario destacó el "trabajo conjunto" que realizan para llevar adelante esa tarea la Justicia Penal Económica, la Policía Federal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El miércoles, el ministro de Seguridad había anunciado que se "realizaron una serie de operativos" en 'cuevas' del microcentro porteño, con el objetivo de "detener al grupo denominado 'liquidadores', personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro", explicó.
El despliegue conjunto de la Justicia, la Policía, la AFIP y la UIF se produjo una jornada en donde la cotización del denominado "dólar blue" alcanzó los $527 en el mercado informal.
El 10 de julio, dos personas fueron detenidas en el marco de 23 allanamientos realizados ante una denuncia presentada por la Aduana en una casa por presunta fuga de divisas, por un monto estimado en, al menos, US$5,5 millones, que habrían ido a parar a bancos de Estados Unidos.
El monto en cuestión fue obtenido a valor oficial para ser utilizado en supuestas importaciones de bienes.
La ministra de Seguridad rechazó la recomendación que plantea que la Policía no porte armas en manifestaciones públicas y apuntó contra la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte.
La decisión del Gobierno de quitar la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) abrió un fuerte conflicto en la vitivinicultura: mientras la Nación habla de desregulación y eficiencia, productores y la Provincia discuten trazabilidad, controles y el futuro de una actividad clave.
Tras dos años de trabajo, los 18 municipios avalaron el texto final del Código de Construcción unificado. Ahora entra en revisión jurídica antes de su debate legislativo.