La agencia oficial Télam promueve la censura y el odio a los periodistas

La agencia oficial de noticias Télam, fundada en 1945, es un organismo estatal de difusión, que debería ser una productora profesional de noticias, no partidaria. Que puede tener una línea editorial, como todo medio, pero que debe cumplir con las normas de rigor periodístico y garantizar el equilibrio de las informaciones que produce para numerosos medios abonados en la Argentina y el mundo. Sin embargo, muchos gobiernos argentinos han utilizado la agencia como un "house organ" de sus ideas políticas, y cuando no, de sus desvaríos y operaciones. En esto, el kirchnerismo se ha destacado por transformar lo que debería ser una suerte de BBC argentina, en una agencia militante sin límites. El viernes, luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la agencia publicó una ilustración que muestra una pistola similar a la utilizada en el ataque a la vicepresidenta, cuyo proyectil insertado al cañón es un micrófono. La usaron para ilustrar una nota titulada "Coinciden en reclamar ‘responsabilidad' y ‘evitar discursos de odio' a políticos y medios".

La alegoría de los editores de la agencia Télam no necesita explicaciones. Los medios independientes y el periodismo crítico son los que cargaron el arma del tirador que pudo haber matado a la vicepresidenta. Potenciales asesinos "odiadores" del oficialismo. La ilustración de tintes fascistas muestra temeridad e irresponsabilidad sorprendentes en editores profesionales. No tanto, en una agencia militante. Que tiene derecho a expresar sus ideas, pero no a promover la censura y el miedo con los recursos del Estado. ¿Qué cabe esperar? ¿Que aparezca otro "loco suelto", otro "lobo solitario" y asesine a un periodista a modo de venganza?

La publicación de Télam generó polémica y mereció el repudio de numerosos dirigentes de la oposición. Pero hay que decir que la "línea" de los gobiernos kirchneristas contra medios y periodistas no es nueva. Empezó cuando comenzaron a difundirse casos de corrupción, hace diez años. Desde ataques verbales constantes, operaciones en el antiguo programa militante 678 de la TV Pública, "escraches" y "juicios populares" en plazas públicas, a la "Operación Puf" para ensuciar a periodistas de investigación luego de la Causa Cuadernos, hemos visto de todo. Lo que hay ahora es el uso abusivo de una agencia de noticias que debería ser imparcial, puesta al servicio completo del gobierno y de los intereses judiciales particulares de quienes lo integran. Y así "operan" respecto de la Causa Vialidad en la que Cristina Fernández de Kirchner es una de las acusadas de fraude, y como supuesta líder de una asociación ilícita. Desde hace semanas, cuando el fiscal Diego Luciani presentó su alegato acusador, medios y periodistas filo kirchneristas difunden la idea de que Cristina está acusada por causa del "odio" de periodistas, jueces, y opositores.

Luego del ataque, el gobierno volvió sobre su plan original. Sin pruebas, testimonios ni indicios, el presidente Alberto Fernández culpó de los "discursos de odio" a medios, jueces y dirigentes de la oposición. La portavoz oficial Gabriela Cerutti siguió esa idea, multiplicada por numerosos miembros del gobierno. La más audaz fue la titular del INADI Victoria Donda, quien propuso sancionar una "ley del odio" similar a la legislación venezolana. Esa ley de Nicolás Maduro se usa en ese país para controlar a la poca prensa independiente, según denunció la ONG "Espacio Público" en mayo del año pasado. José Mayans, el senador del Frente de Todos que propuso canjear paz social a cambio del fin del juicio por corrupción contra la vicepresidenta, fue otro de los propulsores de una "ley del odio". La justificó afirmando que "...hay gente que se sienta en un programa de televisión, te estigmatiza y no hay forma de defensa". Más cínico resultó el argumento de la ex periodista y portavoz Cerutti: "Hay periodistas con nombre y apellido que son partícipes necesarios muy centrales de la construcción del odio en Argentina..." Pero fue la propia vocera presidencial la que en la mañana de este martes negó que el gobierno persiguiera tal iniciativa.

Los intentos del oficialismo son claros. Buscan por medio de la estigmatización de las voces críticas, especialmente del periodismo, acallar las denuncias de corrupción, o las críticas a la marcha del gobierno, de la economía, o de las decisiones del oficialismo, en el campo que fuere. Lo hacen del mismo modo en que impulsaron la delación y la alcahuetería durante la pandemia. En este sentido, la ilustración de la agencia Télam se inscribe en un intento fascista de censura y de eliminación de la prensa independiente. Y como tal, el uso de los recursos públicos en el más estricto sentido partidista, debe ser denunciado.

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