El gobierno descubrió que los datos de personas y empresas ligadas a hechos de corrupción estaban bloqueados. Lázaro Báez, Florencia Kirchner y Hotesur, entre los protegidos.
La AFIP protegía la información de varios procesados por corrupción
El Gobierno Nacional denunció este lunes la existencia de una red en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destinada a proteger la información de contribuyentes vinculados al kirchnerismo y a ciertas empresas relacionadas con casos de corrupción. Según un informe publicado por Clarín, esta estructura operó desde 2016 y bloqueaba el acceso a datos sensibles de figuras como Lázaro Báez y Alejandro Vandenbroele, ambos condenados en causas de corrupción de alto perfil.
La investigación, iniciada por la actual conducción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sucesora de la AFIP, reveló que al menos 51 empresas y personas jurídicas gozaban de un tratamiento especial en el sistema informático del organismo recaudador. Este esquema bloqueaba el acceso a información patrimonial y financiera clave, otorgando un trato discrecional a ciertos contribuyentes.
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Entre las entidades protegidas aparecen figuras cercanas al kirchnerismo y empresas involucradas en causas judiciales, como Austral Construcciones, Hotelesur, y Oil Combustibles, así como nombres de relevancia como Florencia Kirchner y Romina Mercado, vinculadas al patrimonio de la familia Kirchner.
El modus operandi consistía en clasificar a estas personas y empresas en una nómina de "intocables", cuyo acceso estaba restringido a los niveles más altos del organismo. Esta lista se encuentra en el sistema de la AFIP, que registra las actividades productivas y obligaciones tributarias de todos los contribuyentes.
Repercusiones en la gestión actual
El hallazgo tuvo lugar el pasado 17 de diciembre, cuando funcionarios de ARCA intentaron acceder a información sobre una empresa y descubrieron el bloqueo. A partir de ese momento, comenzó una revisión exhaustiva que identificó la protección otorgada a medio centenar de empresas y personas.
Juan Pazo, titular de ARCA desde su reciente designación, aseguró que se tomarán medidas para desmantelar la estructura y garantizar la transparencia en el manejo de datos tributarios. La investigación también busca determinar si esta protección incluyó actos de omisión en las auditorías fiscales o en la aplicación de sanciones.
Entre los protegidos figuran:
Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, Don Francisco Sociedad Anónima, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Cosntrucciones SA, Valle Mitre, IDEA SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, Kamus SRL, Gotti SA, Sucesión de Biancalani Adelmo, Estrellas del Sur SA, Alternativa SA, M&P SA, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Servicio Integral Alem SRL, Top Air SA. OIL M&S SA, Inversora M&S SA, Báez Luciana Sabrina, Ghione Marcelo Américo, Cabrera Pablo Horacio, Organización Turística Sur SRL, Gutiérrez Víctor Fabián, Electroingeniería SA, Herrera Daniel Osmar, Sanfelice Osvaldo José, Negocios Inmobiliarios SA, Hotel Waldorf SA, Negocios Patagónicos SA, Carnero Santiago, Cifuentes Mario Víctor, Ciccone Nicolás Tadeo, Vandenbroele Alejandro Paul, Forcieri César Guido, Resnick Brenner Ezequiel, Kirchner Florencia, Mercado Romina de los Angeles, Manzanares Víctor Alejandro y Lakaut SA.
La red denunciada abarca los gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos, generando cuestionamientos sobre la continuidad de prácticas irregulares en la gestión tributaria.
El Gobierno afirmó que las irregularidades descubiertas son parte de una política de encubrimiento que favoreció a individuos y empresas cercanas a las gestiones anteriores. "Es una muestra del uso discrecional de los organismos del Estado para proteger intereses particulares", expresó una fuente cercana a ARCA.
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