Por distintos mecanismos, los degradaron o marginaron; incluso hubo reducción de sueldos.
Al menos 40 funcionarios de AFIP desplazados por investigar a Cristina
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desplazó de sus cargos al menos a 40 funcionarios por haber investigado a la familia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y el ex titular del organismo, Ricardo Echegaray.
Además, se tomaron decisiones respecto de empleados que testificaron sobre los mencionados casos ante la Justicia. Así lo confirmó el periodista Hugo Alconada Mon en un artículo publicado en La Nación.
El personal afectado pertenece a la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. La medida afectó a contadores, abogados, auditores y hasta un informático.
Al menos 40 funcionarios de la AFIP fueron desplazados de sus cargos
Por distintos mecanismos, señala el mencionado artículo, los degradaron o los marginaron, incluso con afectación de sus salarios.
En la Patagonia, la purga incluyó a toda la línea que acató la orden que emitió la Justicia Federal de Río Gallegos en 2017. Dispuso que la AFIP analizara las declaraciones tributarias de Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Esa orden provocó una revisión que, a mediados de 2019, derivó en una determinación de impuestos por $ 8 millones.
Con la asunción de Alberto Fernández y el regreso de Cristina Fernández al poder, llegó la represalia. Terminaron apartados y con sumarios el funcionario a cargo de la delegación Comodoro Rivadavia (y, por tanto, encargado de la fiscalización a los Kirchner), el funcionario que firmó el acto administrativo determinando esa deuda tributaria, la funcionaria que suscribió el dictamen jurídico que refrendó ese acto administrativo y hasta la funcionaria a cargo de impulsar el cobro ejecutivo de los $ 8 millones adeudados.
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También alcanzó a los auditores que evaluaron si el procedimiento había sido correcto o se había registrado un "hostigamiento fiscal" contra la familia Kirchner. Pero fueron desplazados, con merma salarial, tras negarse a firmar las conclusiones del informe final.
La "limpieza" también llegó a la subdirección de Grandes Contribuyentes Nacionales tras el traspaso de poder en diciembre de 2019. Alcanzó a los funcionarios que testificaron ante la Justicia sobre el Grupo Indalo o impidieron la licuación en sede administrativa de las acreencias fiscales del holding de Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Cristóbal López y Fabián de Sousa
Lo mismo ocurrió con el titular del Departamento de Recaudación de Grandes Contribuyentes Nacionales y también con su superior inmediato -que luego había asumido al frente de la Regional Mercedes-. Los desplazaron y trasladaron a dependencias de menor trascendencia o para las que carecían de experiencia, con el descenso escalafonario al nivel de analistas, merma salarial y órdenes verbales de no asignarles tareas.
Uno de los perjudicados, en este caso, inició un expediente por presuntas represalias laborales ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata.
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Los castigos también alcanzaron a dos funcionarios que desde la Dirección de Grandes Empleadores promovieron denuncias penales sobre empresas del Grupo Indalo por la apropiación indebida de aportes previsionales, acusación por la que López y De Sousa fueron procesados por la Justicia en lo Penal Económico en 2017. Ambos fueron removidos de sus cargos y les asignaron tareas menores en Seguridad Social, bajo el mando de Carlos Castagnetto.
En el interior del país
Las represalias, detalla el artículo, también alcanzaron a otros funcionarios y empleados en distintas regionales del interior mientras que, en contraste, se premió con ascensos meteóricos y mejores sueldos a quienes favorecieron con sus testimonios judiciales a los Kirchner, López, Báez, Echegaray y sus entornos.
Las remociones alcanzaron a los empleados que representaron a la AFIP como querellante en la causa judicial por los supuestos delitos cometidos por Echegaray y el entonces titular de la DGI, Rubén Ángel Toninelli, para proteger a Lázaro Báez. Dos funcionarios que estuvieron a cargo de la Sección Penal por más de una década y que estaban asignados a las direcciones regionales de Mercedes y Santa Fe, fueron castigados, sin asignación de tareas.
Lázaro Báez
En Bahía Blanca, en tanto, la purga afectó a por lo menos seis contadores, abogados y auditores, y a un informático. Así lo definió la nueva directora de la Regional, Silvana Quinteros, estrecha colaboradora de Echegaray, quien promovió a aquellos que no perjudicaron con sus testimonios judiciales a su mentor o a Austral Construcciones.
Mientras tanto, a Mar del Plata -Regional donde se dirimió la pesquisa sobre Báez cuando Echegaray disolvió la de Bahía Blanca-, arribó otro alfil de Echegaray. Horacio Curien recuperó protagonismo y un escritorio en el quinto y decisivo piso de la Regional, junto al despacho del director, aunque en los registros no se haya oficializado.
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También fue promovido Juan Pablo Fridenberg, quien estuvo al frente de la Regional Bahía Blanca cuando debió completarse la fiscalización de Austral Construcciones durante la gestión de Echegaray al frente de la AFIP. De hecho, no sólo fue ascendido a director de Planificación Penal del organismo, sino que desde allí absorbió causas penales de relevancia que estaban en otras áreas legales para su exclusivo control y manejo.
"Lawfare administrativo"
Para Mercedes Marcó del Pont, las máximas autoridades de la AFIP durante la presidencia de Mauricio Macri montaron un "grupo de tareas" dentro del organismo que se abocó al "hostigamiento fiscal" de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. También, desplegó maniobras de "lawfare administrativo" en contra de ellos, de empresarios como Cristóbal López y Fabián de Sousa, y de ex funcionarios como Ricardo Echegaray.
En ese sentido, la AFIP radicó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py por la presunta persecución a la familia Kirchner que, meses después, registró una ampliación de denuncia. "La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado", indicó la AFIP en su presentación.
Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP
"La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo en común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos", planteó la AFIP al explicar su retirada del juicio oral que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.
Así, para el círculo de Marcó del Pont, la supuesta existencia de ese "grupo de tareas" como también de prácticas de presunto "hostigamiento fiscal" explicarían, al menos en parte, el desplazamiento de numerosos y funcionarios de la AFIP.
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