La asamblea está convocada para el 17 de octubre, pero la IGJ podría suspenderla. El riesgo para "Chiqui" Tapia.
El Gobierno podría frenar la reelección de Tapia al frente de la AFA
La relación entre el gobierno de Javier Milei y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, ha alcanzado un punto de inflexión. Este lunes, una decisión clave podría definir el futuro de la dirigencia del fútbol argentino, y en particular, el destino de Tapia, quien busca asegurarse su re-reelección hasta 2028 mediante una asamblea convocada para el 17 de octubre. Sin embargo, las autoridades nacionales, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), podrían frenar esta maniobra, poniendo a Tapia ante un dilema de grandes proporciones: acatar o desafiar la decisión del Estado.
La disputa de fondo tiene que ver con que Tapia lidera la resistencia a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo impulsado directamente por Milei, que permitiría la entrada de capitales privados en los clubes de fútbol, modificando radicalmente la estructura actual de las instituciones deportivas en Argentina.
El pedido de suspensión de la asamblea fue presentado por el Club Talleres de Córdoba ante la IGJ, que tiene la facultad de supervisar y controlar el funcionamiento de asociaciones civiles como la AFA. Mariano Cúneo Libarona, el ministro a cargo de este organismo, ya adelantó una postura crítica hacia la interpretación que la AFA hizo del fallo del juez Ricardo Pettis, quien días atrás rechazó una medida cautelar que buscaba impedir la realización de la asamblea.
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"El fallo no garantiza la realización de la asamblea, la decisión final la tiene la IGJ, que es el órgano de control de la AFA", subrayó Cúneo Libarona. Con esta declaración, dejó claro que el gobierno no dará el brazo a torcer en este conflicto, lo que anticipa un escenario judicial si la IGJ efectivamente frena la elección anticipada que busca Tapia.
La decisión de la IGJ podría colocar a Tapia y a los asambleístas en una situación de riesgo legal si deciden seguir adelante con la asamblea a pesar de una posible prohibición. En caso de que la AFA desobedezca la resolución de la IGJ y lleve a cabo la asamblea para reelegir a Tapia, los involucrados podrían enfrentarse a sanciones penales según el artículo 239 del Código Penal, que castiga la resistencia o desobediencia a un funcionario público con penas de hasta un año de prisión.
Además, los directivos, gerentes y miembros del Comité Ejecutivo de la AFA podrían enfrentar cargos bajo el artículo 301 del mismo código, que sanciona a quienes consientan actos contrarios a la ley o los estatutos de una organización. Este escenario coloca a la dirigencia de la AFA en una posición delicada, especialmente si la IGJ decide tomar medidas más drásticas, como la intervención de la entidad.
Si la IGJ emite una prohibición, la AFA solo tendrá como recurso la posibilidad de apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, pero mientras dure el trámite, la prohibición seguiría vigente, complicando aún más los planes de Tapia.
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