"Llegamos a un acuerdo con SUTE. El gremio aceptó la propuesta de aumento salarial del Gobierno Provincial para los docentes", fue el mensaje del ministro de Gobierno Víctor Ibañez en su perfil de Twitter. El anuncio del ministro fue confirmado desde el gremio de agentes educativos.
Luego Beatriz Martínez subsecretaria de Gestión y Modernización del Estado dio detalles del convenio que firmaron con la dirigencia del SUTE. El punto más conflictivo que se produjo en el plenario del sindicato, de acuerdo a los dichos de la funcionaria fue aclarado por la Subsecretaría de Trabajo.
La exigencia surgida de la asamblea sindical fue que el incremento fuera en blanco y que no estuviera atado al presentismo como se denunció el viernes 11 en la sede gremial."Se hizo una aclaración de parte de la Subsecretaría de Trabajo donde se especifica que ese suma se descontará cuando la falta esté injustificada según la ley 5811", advirtió Martínez. El artículo 10 de la 5811 es falta injustificada.
Desde las 15:00 el ámbito de la negociación paritaria se envolvió de una protesta contra el acuerdo en ciernes que ya se venía anunciando desde la mañana de hoy, lunes 14.
El descontento se hizo notar a trave4s de las redes sociales y en especial por Whatsapp donde se distribuyeron videos y audios de las mujeres trabajadoras reclamando por el rechazo al convenio.
"No tenía que estar atado a las faltas, es decir el presentismo. Si te lo descuentan por falta injustificada está atado a tu asistencia al trabajo. Y como dicen los demás compañerxs falta injustificada se considera al paro. O sea que siguen matando la posibilidad de una herramienta de lucha", denunciaron por los grupos de docentes.
El economista cuestionó en TN el rol sindical y el dirigente de la CGT lo acusó de "esclavista" en un debate que se descontroló al aire y obligó al conductor a intervenir.
Tras la aprobación legislativa del proyecto San Jorge, sectores antimineros llevaron la protesta a domicilios particulares, cruzando una línea que deja de lado el debate democrático y abre la puerta a la intimidación y la coacción política.
La iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei busca modificar la Ley 26.639, reforzar el rol de las provincias y "dar mayor previsibilidad a las inversiones". Desde la Casa Rosada aseguran que apunta a un "federalismo ambiental" sin frenar el desarrollo productivo.