La perversidad del vale todo kirchnerista para asegurar la impunidad de Cristina

El Senado de la Nación será testigo de un último y desesperado intento kirchnerista por evitar que la vicepresidenta vaya a la cárcel. Fieles a su estilo buscarán realizarlo transgrediendo todos los límites institucionales y republicanos y con la retorcida estrategia de anteponer públicamente temas como la Ley de Alquileres para generar engañar a una sociedad que claramente ya no los acompaña.

Consciente que será el fin de época de Cristina Kirchner frente a la previsible derrota electoral, volverán a intentar copar el Poder Judicial y garantizar su impunidad, aunque para ello genere un conflicto de poderes sin precedentes y graves afectaciones al funcionamiento del Estado y de la economía.

En efecto, el oficialismo decidió avanzar con el intento de aprobación del pliego de la ex jueza del Tribunal de Casación Penal Ana María Figueroa. El intento contraviene no sólo lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia relativo a que la ex jueza debe jubilarse por haber cumplido los 75 años de edad, sino también la manda constitucional establecida en el art. art. 99 inc. 4° de nuestra ley suprema que sostiene que "un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor seharán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite".

A cuarenta años de la recuperación democrática, iniciativas como la que el kirchnerismo impulsa en el Senado constituyen, sin duda, el peor de los ejemplos, el peor de los caminos que los argentinos podemos adoptar para resolver nuestros graves problemas económicos, sociales, educativos y de seguridad.

Nunca la salida puede ser no respetar la ley, no respetar la constitución, no respetar el orden republicano. Pero como siempre ha hecho, el kirchnerismo, disfraza sus errores y sus alteraciones del orden institucional bajo el manto de gestas épicas, de grandes relatos, que sólo sirven para encubrir y opacar la verdad de los hechos. Es lo que se proponen cuando, en la misma sesión, impulsan la derogación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, conocido como el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Se trata de una mala medidaque se utiliza para encubrir otra aún peor.

Veamos por qué. El proyecto, con media sanción de la Cámara de Diputados, supone la redistribución del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a favor del décimo decil de ingresos más altos de la población. Juntos por el Cambio viene planteando desde su fundación la necesidad de una reforma tributaria integral, más simple, menos gravosa para el sector privado, que se ajuste a las necesidades del desarrollo productivo del país y no la voracidad fiscal de gobiernos que con esos fondos sostienen sus estructuras políticas clientelares. Pero esa reforma debe abordarse de manera integral, reduciendo impuestos, pero también reduciendo gastos, con el fin de tener un adecuado equilibrio fiscal y evitar el tan utilizado atajo populista de la emisión monetaria desbocada.

La norma impulsada por el Ministro y candidato Massa, que promueve una redistribución regresiva de los recursos públicos y financiada con emisión monetaria, constituye una inquietante amenaza adicional al ya preocupante proceso inflacionario que atraviesa nuestra economía. Los números hablan por sí solos sobre la magnitud del problema.

1. De acuerdo a lo informado por Oficina de Presupuesto del Congreso esta reforma cuesta el 0,83 por ciento del PBI y no se prevé en el proyecto ninguna compensación con baja de gastos ni de recaudación de impuestos.

2. El costo de la medida equivale prácticamente al total del déficit fiscal previsto para el 2024 de acuerdo al proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Para que quede claro, el costo de esta medida equivale al déficit fiscal entero de la administración para el próximo año.

Adicionalmente, el proyecto afecta severamente los montos que reciben las provincias al disminuir la masa coparticipable. El federalismo fiscal vigente en la Argentina exige que cuando las modificaciones al esquema fiscal y al régimen de coparticipación vigentes sea acordado entre Nación y Provincias. Para ese acuerdo es vital y sustancialmente importante la opinión de las administraciones provinciales, cosa que no ha sido tomada en cuenta para nada por los impulsores de esta medida, que tampoco han establecido ningún mecanismo compensatorio en la disminución de los ingresos de las provincias.

Asistimos, sin dudas, a un final de época. El kirchnerismo lo sabe y lo teme. Esto es lo que "explica" las irresponsabilidades y aberraciones constitucionales y macroeconómicas que impulsa. Se despide dejando clara todos los sellos distintivos que han marcado su gestión: violación de la constitución, conflicto de poderes, avasallamiento del poder central sobre las provincias a partir de la vulneración del federalismo fiscal, emisión monetariadescontrolada, aumento del gasto público y más inflación.

Desde Juntos por el Cambio vamos a trabajar para evitar estos avasallamientos a la República. En el Congreso de la Nación, pero sobre todo el 22 de octubre para que junto a Patricia Bullrich, los argentinos podamos tener un país en el que se respete la Constitución y el federalismo, con orden en la economía y en las calles.