En 2013, una modificación del Código Penal indicaba que los sitios donde había explotación sexual debían ser expropiados y convertidos en refugios. El caso testigo en Mendoza que demuestra lo contrario.
¿Quién se queda con los ex prostíbulos que por Ley deben refugiar a víctimas?
En la calle Federico Moreno de la Cuarta Sección, de la Ciudad de Mendoza, hay un edificio que hoy está abandonado. Detrás hay historias de derechos vulnerados, populismo e incumplimiento de la ley.
El caso Bontorno expone también muchos otros casos de decisiones políticas que se toman para la tribuna, pero en la realidad, casi nunca cambia nada.
La propiedad de Federico Moreno 2171 era un hotel en el cual muchas trabajadoras sexuales de la zona llevaban a sus clientes. Pertenecía a Angélica Moreno, una trabajadora sexual que compró el lote y construyó el inmueble, en el cual se quedaban turistas, viajantes, choferes que estaban de paso y también prostitutas con sus clientes. Al lado del hotel, Angélica y sus hijas tenían también cuatro monoambientes que los usaban como sitio de alquiler.
En 2014 hubo un operativo en el cual la policía federal allanó el establecimiento y sacaron de allí a trabajadoras sexuales que supuestamente eran explotadas. Sin embargo, durante el juicio, no se pudo probar la hipótesis de la trata de personas. Por tal motivo a Angélica, que en ese momento tenía 63 años; y a sus hijas Micaela y Lorena Bontorno, las condenaron por el delito de facilitación de la prostitución. La Justicia se quedó con el hotel y con los cuatro departamentos porque una modificación del Código Penal durante el gobierno de Cristina Kirchner establecía que todo espacio que hubiese sido usado para explotación debía convertirse en un refugio para víctimas. El 31 de marzo de 2019 el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Derechos Humanos de Mendoza anunció que el hotel y los cuatro departamentos de las Bontorno se había convertido en sitio para acobijar a víctimas de trata. A la fecha, cinco años después, los inmuebles están abandonados y desmantelados.
Ver: Prostitución, expropiación y abandono: la historia de un hotel de la Cuarta
Luz Amanda Faingold era en ese momento la directora de Derechos Humanos y declaró en esa ocasión: "Este recupero es muy importante porque será utilizado por la Subsecretaría de Desarrollo Social, en especial la Dirección de Derechos Humanos, como punto focal de asistencia a víctimas de trata. En la provincia no contábamos con un refugio especial de mujeres y hombres para esta temática, que es diferente a la de violencia de género, ya que requiere un abordaje diferente". Nada de eso ocurrió.
Los datos accesibles indican que hay cientos de sitios expropiados en el país bajo estas circunstancias, pero no hay registros de que efectivamente se hayan reconvertido en espacios de abordaje para víctimas. Lo que cabe preguntarse es: ¿cuántas políticas en los gobiernos nacionales han sido anunciadas solo para salir en los diarios?, ¿acaso esos rancios boliches en los márgenes de rutas solitarias del país son espacios acordes, seguros para contener a personas vulnerables?
De acuerdo con los datos oficiales, de las 812 denuncias por trata de personas realizadas en lo que va del año, 121 fueron por explotación laboral o sexual de niños, niñas o adolescentes, y por material de abuso sexual contra menores. Sólo en lo que va de este año llevan 594 víctimas rescatadas o asistidas, de los cuales 29 eran menores de edad. La mayor cantidad de casos es por explotación laboral y luego le sigue los delitos de explotación sexual.
Paola Bontorno es hija de Ángelica Moreno. La mujer contó al Post que el de su familia es el único caso de quita de una propiedad tras una condena de facilitación de la prostitución . "Cuando a vos te expropian, te tienen que pagar una x cantidad de plata, que no es la que corresponde, pero te dan un dinero. A nosotros nos decomisaron directamente las dos propiedades. Entonces hemos presentado la causa por daños y perjuicios". Por este hecho, además de la causa penal que arrastra desde la condena de sus familiares, lleva adelante acciones civiles para reparar la perdida de los inmuebles.
Lo cierto es que más allá del desenlace que tenga este caso, su exposición pone en evidencia una de tantos hechos en los cuales se utiliza las problemáticas sociales y los sectores marginados de la sociedad para lobby político, pero en el plano real, nada cambia.