También fueron condenados el Hospital Schestakow y la Provincia de Mendoza. Deberán pagar $28 millones a la familia.
Condenaron a un médico mendocino por la muerte de un bebé
La Justicia civil ratificó la condena contra el médico Miguel Blanco, el Hospital Schestakow, Seguros Médicos SA y, de manera subsidiaria, el Gobierno provincial, por la muerte de un bebé antes de nacer en 2019. Según informaron medios de San Rafael, el fallo de segunda instancia confirmó el pago de más de 28 millones de pesos a los padres del niño como indemnización por daños y perjuicios.
En julio de 2019, la madre del bebé, en un embarazo considerado de alto riesgo y de 41 semanas de gestación, asistió al nosocomio. Según los padres, el médico, entonces jefe del área de Maternidad, no actuó con la diligencia requerida, omitiendo estudios y prácticas médicas esenciales establecidos por los protocolos vigentes. Los padres acusaron que esta falta de atención habría resultado en el fallecimiento del bebé.
Además, apuntaron que el hospital tuvo responsabilidad en el caso, dado que su personal de guardia no brindó la atención adecuada durante las 28 horas que la madre permaneció internada. En ese lapso, solo se registró un control que confirmaba que el bebé seguía con vida, pero la intervención médica requerida se dilató.
El caso fue en 2019.
El fallo inicial subrayó que tanto el hospital como el médico demandado reconocieron que el embarazo era de riesgo y admitieron el uso de un aparato de diagnóstico defectuoso, lo que afectó la fiabilidad del monitoreo fetal. El juez destacó que "ni el hospital ni el Dr. Blanco cumplieron acabadamente con el deber de información hacia los pacientes", quienes debieron judicializar el acceso a su historia clínica para entender lo sucedido.
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En su decisión, el juez remarcó que "la madre concurrió al hospital un día antes de la fecha probable de parto, pero no recibió una respuesta adecuada. Esto llevó a que el embarazo se extendiera a la semana 41, y el día 12 de julio, tras un monitoreo no reactivo, la cesárea fue pospuesta nuevamente".
Asimismo, se estableció que la demora en la atención médica, la delegación injustificada de responsabilidades y el uso de maquinaria defectuosa tuvieron un impacto determinante en el desenlace fatal.
La sentencia también atribuyó responsabilidad al Gobierno provincial en virtud del carácter público y descentralizado del hospital, lo que implica que debe responder subsidiariamente en caso de incumplimiento de los condenados principales.
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A pesar de que los implicados apelaron, la Cámara Civil confirmó la resolución de primera instancia este lunes 9 de diciembre. Ahora, los condenados podrían intentar una nueva apelación ante la Corte provincial.
