Los familiares de los dos venezolanos que murieron intoxicados en un hotel y que eran madre e hijo, demandaron al Gobierno por el mal accionar del 911. Reclamaban 389 millones de pesos.
Rechazan la demanda contra Mendoza por la muerte de dos venezolanos
La Justicia de Mendoza, a través del -Tribunal de Gestión Asociada número 4, rechazó la demanda por daños y perjuicios presentada por los familiares de dos ciudadanos venezolanos que fallecieron en un hotel de la ciudad tras intoxicarse con monóxido de carbono. La querella apuntaba contra la provincia, a la que responsabilizaba por el supuesto abandono de personas y la falta de auxilio por parte del servicio de emergencias médicas. Sin embargo, el tribunal desestimó la acusación y concluyó que los familiares ya habían sido indemnizados por otras vías.
Los familiares de las víctimas -Tilma Tovar Macuare y Rodolfo Valentino González Tovar, madre e hijo- demandaron al Ministerio de Salud de Mendoza por $389.114.051, alegando abandono de persona y falta en los deberes de funcionario público. La querella se basó en la negligencia del operador del 911, Roque Comisso Fernández, quien fue imputado penalmente por su accionar y echado del Gobierno.
Sin embargo, el fallo judicial, fechado el 11 de febrero de 2025, desestimó la demanda. Según la resolución, la causa directa del fallecimiento fue la intoxicación por monóxido de carbono en una habitación de un hotel privado, sin vínculo con el Estado provincial.
La defensa del gobierno mendocino argumentó que la provincia no tenía responsabilidad sobre el mantenimiento del hotel ni sobre el mal funcionamiento de los artefactos que liberaron el gas tóxico. También sostuvo que González Tovar, al recibir indicaciones de dirigirse a un hospital, tuvo la posibilidad de buscar asistencia en la recepción del hotel o trasladarse por sus propios medios, algo que no ocurrió.
Además, la Fiscalía de Estado presentó pruebas de que los familiares ya habían llegado a un acuerdo económico con la empresa propietaria del hotel y con la plataforma Airbnb, a través de la cual se había realizado la reserva. En virtud de este acuerdo, se determinó que las indemnizaciones ya habían sido abonadas y que los demandantes estaban intentando cobrar nuevamente por los mismos daños.
El tribunal concluyó que el caso se encuadraba dentro de lo que se conoce como "obligaciones concurrentes", es decir, que las víctimas fueron compensadas por un hecho con distintos responsables, pero que la indemnización ya se había pagado. En ese sentido, la demanda contra la provincia fue considerada improcedente, ya que no podía exigirse una doble reparación.
Con esta resolución, el caso judicial que se inició tras la tragedia en el Hotel Reina Victoria llega a su fin, al menos en el ámbito civil. La discusión sobre la posible responsabilidad del operador del 911 sigue abierta en la causa penal, pero sin implicaciones económicas para la provincia.
Ver más: Despido del operador del 911: qué dijo la familia de los venezolanos muertos
El caso
El 9 de enero de 2022, Tilma Tovar Macuare y Rodolfo Valentino González Tovar murieron en el Hotel Reina Victoria, ubicado en la calle San Juan de la ciudad de Mendoza. Junto a ellos se encontraba el menor Luis Javier Tovar Sifontes, quien sobrevivió pero sufrió graves secuelas de intoxicación.
Aquel día, González Tovar llamó al 911 pidiendo auxilio y describiendo síntomas de intoxicación. Sin embargo, el operador del servicio de emergencias no envió una ambulancia al lugar y le indicó que debía trasladarse por sus propios medios al hospital. Horas después, los cuerpos de las víctimas fueron hallados por el personal de limpieza del hotel.
Días después se difundió el audio de la llamada al 911 generando indignación social: no sólo se percibía la desorientación de quien llamaba, sino que se escuchaba cómo convulsionaba.
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