Un fiscal de Lomas de Zamora tomó la medida y además inhibió los bienes del intendente en licencia y de la modelo Sofía Clerici.
Imputaron por lavado de dinero a Martín Insaurralde
El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola imputó esta tarde por el supuesto delito de lavado de dinero al ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y a Sofía Clerici. También dictó el magistrado inhibición de sus bienes.
El fiscal Mola pidió la inhibición general de bienes y los movimientos migratorios de Insaurralde y Clerici, en el marco de la causa que inició el sábado último el abogado Gastón Marano.
El fiscal federal Sergio Mola impulsó la investigación contra ellos y solicitó una serie de medidas de prueba para analizar su estado patrimonial, especialmente relacionado con un viaje a Marbella realizado en el crucero "Bandido". Fuentes judiciales confirmaron que se solicitó la inhibición de sus bienes.
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En un dictamen que se mantiene bajo reserva, el fiscal determinó que el caso debía ser investigado por la justicia federal en el distrito de Lomas de Zamora. También se incluye el análisis de posibles figuras de enriquecimiento ilícito. Esta decisión es relevante debido a las múltiples denuncias que podrían haber llevado la causa a otros distritos o a la justicia provincial, ya que no se trata de un funcionario nacional.
Además de la imputación y las medidas de prueba solicitadas, el fiscal Mola requirió el apartamiento del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien recibió la denuncia. Según se informó, en el juzgado de Villena trabaja la primera esposa de Insaurralde, la abogada Liana Alejandra Toledo, hija de un ex intendente de Lomas de Zamora y prosecretaria administrativa en dicho juzgado.
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Fuentes judiciales señalaron que Toledo ingresó a la justicia en 2003 y ha trabajado en ese juzgado desde 2008, antes de la llegada de Villena. Sin embargo, la fiscalía consideró que existe un temor fundado de parcialidad y, por lo tanto, solicitó su apartamiento. En las próximas horas, Villena deberá responder si acepta o rechaza la recusación, y la definición final quedará en manos de la Cámara Federal de La Plata.
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