La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un exjuez y 17 expolicías por el secuestro y desaparición de los jóvenes albañiles en 1990. La querella reveló al Post que familiares están dispuestos a perdonar a los asesinos si dicen dónde están los cuerpos.
Garrido-Baigorria: ¿por qué los asesinos podrían romper el silencio?
Este lunes, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento con prisión preventiva a los acusados de la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ocurrida en 1990. Se trata del exjuez Enrique Antonio Jesús Knoll Oberti y 17 expolicías de la Policía provincial: Sergio Oscar Barrera Romero, Ángel Gustavo Bastías, Francisco Edgardo Bullones Prudencio, Néstor Ramón Falcón, Jorge Aníbal Flores Bizaguirre, Rubén Mauricio Funes Gianuzzo, Oscar Orlando Giuliano, Alberto Narciso Gordillo, Felipe Gerardo Machuca, Norberto Ernesto Mercado, Samuel Morales Valladares, Miguel Ángel Muñoz Gil, Manuel Antonio Nañez, Rolando Antonio Olarte Rivera, Jacinto Salvador Olmedo, Juan Carlos Sarandon y José Alberto Vega.
Tras conocerse la novedad, el Post dialogó con el abogado querellante en esta causa, Carlos Varela Alvarez. "Esteban Garrido, hermano de Adolfo, lo expresó de manera muy clara: si le dicen dónde está su hermano, está dispuesto a perdonar. Su madre murió sin saber qué pasó con su hijo, y esa es una herida que no ha sanado", lanzó.
Pero más allá de la "humanidad", habría otros argumentos para que los acusados -entre los que estarían los asesinos de Garrido y Baigorria- rompan el silencio y digan dónde están los cuerpos. Al respecto, Varela Alvarez -que es abogado de la familia Baigorria, destacó que podrían tener beneficios al momento, por ejemplo, de una eventual condena.
"A diferencia de los delitos de lesa humanidad, en estos casos los imputados pueden obtener beneficios si proporcionan información relevante, como el paradero de los cuerpos. Si alguno decide colaborar, sería una gran solución para las familias y para la sociedad", manifestó. Sin embargo, aclaró: "Hasta ahora, ninguno ha mostrado intención de hacerlo".
Habrán pasado no menos de 35 años entre la desaparición de los jóvenes albañiles, que habrían sido retenidos de manera ilegal en un control en el Parque San Martín, y el inicio del juicio, ya que no comenzaría antes de 2025. Este caso ha sido, ni más ni menos, que el primer episodio de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional.
Al respecto, Varela Alvarez evaluó: "La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de todos los imputados, lo cual tiene dos significados: se va consolidando la denuncia principal y nos acercamos al juicio. Aunque eso no quita que los defensores sigan presentando recursos, como el pedido de prisión domiciliaria". En este punto, algunos imputados habían logrado obtener prisión domiciliaria, pero fue revocada por la Cámara de Casación a instancias del fiscal de Cámara. Y todavía está en discusión la salud mental del exjuez Knoll, cuyo estado ha sido cuestionado por su defensa.
Carlos Varela Alvarez.
A pesar de los avances, la causa ha estado plagada de dilaciones, muchas de ellas impulsadas por las defensas de los acusados, que han invocado la prescripción de los delitos. Sin embargo, el abogado Varela Álvarez fue contundente: "Estos son delitos imprescriptibles. El secuestro y la desaparición forzada, aún con la legislación nacional, son delitos que no caducan. Seguiremos actuando en consecuencia, aunque es probable que debamos enfrentar nuevas apelaciones".
Las familias de Garrido y Baigorria han sostenido su lucha por más de dos décadas en búsqueda de justicia. Según Varela Álvarez, la espera ha sido devastadora: "La familia Baigorria ha pasado por situaciones económicas muy difíciles, pero nunca dejaron de pelear. Ellos han hecho mucho más que la justicia para que esto avance".
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A más de tres décadas de la desaparición de Garrido y Baigorria, el abogado querellante consideró que "este caso sigue abierto gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no a la Justicia de Mendoza. Si no hubiéramos llevado el caso a la Comisión Interamericana, estaría olvidado; ha sido clave para que el Estado argentino se mantenga bajo observación", subrayó.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque aún quedan obstáculos por superar, las familias tienen esperanza de que el juicio se realice a mediados de 2025. "Si todo sigue su curso, podríamos estar llegando a juicio el año que viene. Ese es nuestro objetivo, pero sabemos que este es un proceso complejo, con muchos imputados y situaciones personales complicadas", explicó Varela Álvarez.
El caso Garrido-Baigorria
Los hechos se remontan al 28 de abril de 1990, cuando Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda fueron detenidos por personal de la Policía en la Ciudad de Mendoza. A las pocas horas, sus familiares fueron comunicados de los hechos por una testigo.
Luego de eso, los familiares iniciaron una intensa búsqueda en dependencias judiciales, policiales y sanitarias. Asimismo, interpusieron una serie de recursos judiciales para ubicar su paradero e iniciar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, ninguna acción tuvo éxito.
Según consta en la causa, Garrido conducía un automóvil Fiat rural 1500, acompañado de Baigorria, y mientras circulaban por la rotonda de Monseñor Orzali del Parque General San Martín en dirección a Godoy Cruz, en la Ciudad de Mendoza, fueron interceptados por efectivos de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza frente a la Escuela Hogar "Eva Perón", quienes los trasladaron primero a la Comisaria 5ta, donde fue hallado el vehículo en el que se movilizaban, y posteriormente fueron alojados en los calabozos de la Dirección Investigaciones, donde fueron vistos por última vez con vida, pero golpeados. Los cuerpos de los jóvenes, ambos albañiles, nunca fueron encontrados.
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El sitio del Ministerio Público Fiscal detalla que la causa estuvo en la justicia provincial desde el momento de los hechos hasta que pasó a la Justicia Federal a fines de 2017 para que se investigara el caso como desaparición forzada de personas. Una vez asumida la competencia, el juez federal Marcelo Garnica delegó la investigación el 9 de febrero de 2018 al Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Fernando Alcaraz.
Tras este cambio al fuero federal, se analizaron más de 150 declaraciones testimoniales brindadas tanto en sede de la justicia provincial como también vertidas en el marco de la actuación de la Comisión Ad hoc de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De esta manera, la Justicia encontró cerca de 40 declaraciones de relevancia y se dispuso citar nuevamente a dichos testigos a fin de que ratifiquen, rectifiquen y/o amplíen lo declarado oportunamente. Producto del paso del tiempo, fue dificultoso dar con muchos de ellos.
La causa tiene trascendencia internacional ya que fue el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que arribó a un tribunal internacional (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). En ese sentido, cabe recordar que el 2 de febrero de 1996, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló de forma unánime y tomó nota del reconocimiento del Estado Argentino de su responsabilidad en los hechos denunciados.
Recientemente, a mediados de febrero de 2024, se ordenó la mayor cantidad de medidas desde la desaparición de los albañiles en 1990: detuvieron a un ex juez, un ex fiscal y 19 ex policías. Finalmente, se ratificaron 18 procesamientos.
