Gabriel Ramos, candidato a Concejal del Partido Verde, fue imputado por tenencia, comercialización y distribución de material de abuso sexual a menores de edad.
Qué pasará con el excandidato que tenía 75 videos de abuso sexual infantil
El 1 de agosto de este 2024 se llevaron a cabo varios allanamientos en dos departamentos del Sur de Mendoza en marco a una investigación por distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil.
El caso fue comunicado por una red internacional contra la pedofilia que envió a la justicia mendocina, material con este tipo de contenido detectado en San Rafael. El Post reveló en su momento que fueron detenidas 15 personas.
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Entre los detenidos estaba el excandidato a concejal de San Rafael por el Partido Verde, Gabriel Ramos Vilchez, quien fue imputado y quedó alojado en el penal de Almafuerte, sin embargo, 14 días después de ser detenido la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
Ramos tenía en su celular 75 videos de abuso sexual infantil, tanto de menores siendo abusados por adultos, como menores teniendo relaciones entre si y fue uno de esos videos los que encendieron las alertas de lnternacional National Center for Missing and Exploited Children luego de que uno de ellos fuera enviado por Facebook.
A pesar de la cantidad de material que encontraron en su celular, Ramos no perderá el beneficio de domiciliaria: "Ahora se le va a agregar la acusación de 75 tenencias de material de abuso sexual infantil en concurso real, en algunos casos agravado por ser la víctima menor de 13 años de edad", señaló al Post el fiscal a cargo del caso Javier Giaroli.
La primera condena en la causa
Se trata de una mujer trans, de apellido Palacios, que fue hallada culpable por la justicia y cuya captura se dio en el marco de una serie de allanamientos que se realizaron hace unas semanas en los departamentos de San Rafael y Malargüe.
En un juicio abreviado, la imputada aceptó la comisión del delito y la jueza María Laura Vera le impuso una pena de 3 años de prisión en suspenso, obligándola a respetar ciertas medidas de conducta si pretende que dicha sentencia no se torne de cumplimiento efectivo.
Giaroli destacó que Palacios "estaba acusada de facilitación de material de abuso sexual infantil agravada por la edad de la víctima porque el delito se agrava cuando la víctima es menor de 13 años de edad".
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