Declaran los rugbiers franceses acusados de violación

Oscar Jégou y Hugo Auradou declaran por primera vez desde que fueron detenidos por presunta violación de una mujer de 39 años.

Declaran los rugbiers franceses acusados de violación

Editó: Santiago Montiveros

Por primera vez desde la detención por presunto abuso sexual a una mujer de 39 años en Mendoza, este jueves declaran los dos jugadores de la Selección francesa de rugby,  Oscar Jégou y Hugo Auradou, acompañados por su abogado Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia de la Nación.

La declaración de los acusados tiene lugar dos días después de que la denunciante ampliase su testimonio y respondiera preguntas de las partes. Tras aquella jornada, la abogada querellante, Natacha Romano, afirmó que el testimonio de su clienta había sido contundente y "sin fisuras", mientras que la defensa de los rugbiers evaluó lo contrario.

A las 10.30 empezó la audiencia, con la lectura de los hechos a los acusados. Un dato no menor es que todo implica la traducción del español al francés y del francés al español, cuando éstos declaran, lo que implica una demora mayor al promedio.

El Polo Judicial de Mendoza donde se desarrolla la audiencia.

Por otra parte, si el lunes el fiscal del caso no pide la prisión preventiva, el martes los deportistas franceses podrán salir en libertad, posiblemente con algunas condiciones que cumplir, sin que esto implique un sobreseimiento por el momento. En todo caso, la duda pasará por si les permitirán salir de Argentina.

Los acusados y su abogado, en la casa en la que están detenidos.

Actualmente, los rugbiers franceses acusados de violación están con prisión domiciliaria en una vivienda de la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza. Allí, semanas atrás se tomaron un fotografía con su abogado defensor, quien la compartió en sus redes sociales y generó quejas por parte de la querella.

Ver más: Declaró la denunciante de los rugbiers y el jueves será un día clave

En aquel momento, la querella pidió la anulación de la prisión domiciliaria porque uno de los requisitos era no divulgar información pública ni privada que pueda "afectar el bienestar de la víctima". Y el posteo público la habría afectado.

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