El caso ocurrió en 2009 y los integrantes de la banda recibieron una condena, pero no irán a prisión.
Condenados por atender partos clandestinos y vender bebés en Mendoza
Dos obstetras, enfermeras, familiares y vecinos fueron los protagonistas de un terrorífico caso en Guaymallén. Fueron detenidos por atender una clínica clandestina, realizar abortos, partos y vender bebés a otras familias.
Los obstetras Ernesto Aveiro, quien falleció el año pasado a los 86 años y Silvia Lorenzo (69), el cuidador e hijo de Lorenzo, Diego Funes(45), la médica y secretaria Hilda Griselda Morán (65) y Roxana Ascanio (53), una vecina que colaboraba en la clínica, fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso por lo que no irán a la cárcel.
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El caso
En febrero del 2009 un llamado a la línea de emergencias del 911 alertó a las autoridades sobre una casa que funcionaba como clínica clandestina.
Tras una rigurosa investigación, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda de calle Álvarez Condarco y otro en calle Sarmiento en San José, y comprobaron que allí funcionaban dos clínicas que realizaba abortos y partos en forma clandestina.
Al ingresar a la casa encontraron una sala de espera montada para los pacientes. En otra habitación, un quirófano con estribos para partos, material quirúrgico e incluso desechos de placenta y gasas con sangre.
Además, los efectivos encontraron a una bebé de algunos días de nacida sola en una cuna. Mientras que en el domicilio de calle Sarmiento, una vecina, al ver llegar a la policía, escondió un bebé de tres meses debajo de la cama. Ambos niños estaban indocumentados y aparentemente listos para venderlos.
Según la investigación del caso, las mujeres llegaban a la clínica clandestina para realizarse un aborto y se les recomendaba continuar con el embarazo, incluso las madres recibían dinero para solventar los gastos durante ese periodo.
Luego tenían los bebés en la clínica y estos eran ofrecidos a otras familias que querían comprarlos. Pedían desde $20.000 por bebé y la cifra cambiaba según su color de piel y ojos del recién nacido.
También realizaban partidas de nacimiento falsas para que las familias compradoras pudieran registrarlos y sacarles el DNI.
La fiscalía los imputó por los delitos de asociación ilícita y facilitación, promoción o intermediación en la alteración de la identidad de un menor de 10 años.
Los cinco acusados obtuvieron la libertad condicional mientras avanzaba el proceso penal. Y, en el avance de la causa, consiguieron que les quiten la calificación de asociación ilícita.
El pasado lunes fueron condenados a una pena de 3 años de prisión en suspenso, por lo que continuarán en libertad.
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