En un año electoral, la suerte del Gobierno dependerá más de lo que pueda pasar en la Legislatura con el proyecto San Jorge. Las claves de la reactivación.
San Jorge, la madre de todas las batallas
Y un día el proyecto San Jorge, largamente estigmatizado y archivado hace 14 años por una presión ambientalista plagada de intereses poco claros y ventajismos políticos y electorales, volvió a escena. En un movimiento inesperado, la empresa a cargo del emprendimiento minero presentó una adecuación del informe de impacto ambiental que en los hechos implica una reactivación del proceso que quedó trunco e invisibilizado desde mediados de 2011.
El regreso de San Jorge -hoy controlado por capitales suizos- también es una prueba de fuego para el Gobierno de Mendoza. Potenciar la minería en Malargüe, como lo ha venido haciendo, es sin dudas un logro significativo, pero menor al lado de lo que puede significar la construcción de la mina de Uspallata; mientras que la minería de cobre en el sur está en una etapa preliminar, sin que se concluya aún la exploración, la aprobación de la DIA de la mina de San Jorge implicaría directamente pasar a construir y producir en territorio supuestamente hostil.
Hasta fines de 2024, el Ejecutivo evitaba hablar de minería metalífera más allá de Malargüe, pero tras la cumbre de minería sostenible que se realizó en Mendoza, y el interés del propio municipio en avanzar con el desarrollo de la actividad, empezaron a surgir señales en favor del emprendimiento lasherino. Por entonces, consultado por el Post, el gobernador Alfredo Cornejo dijo: "Si San Jorge hace las cosas bien, ¿por qué no darle aprobación?". Sin embargo, nada hacía prever que los tiempos se acotaran de forma sustancial.
La suerte de San Jorge se definirá este año. Así lo confiaron al Post desde el Poder Ejecutivo: en 2025 llegaría a votarse la DIA en la Legislatura. Previamente, tras la presentación del informe de impacto ambiental de este viernes, la autoridad ambiental deberá determinar si realmente es una "adecuación" o un informe nuevo, lo que implicará un tratamiento más o menos complejo.
En esta categorización y análisis, será crucial el trabajo en conjunto de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, hoy en día bajo el mismo ministerio: Energía y Ambiente, a cargo de Jimena Latorre, lo que no es un dato menor. Entre 2010 y 2011, cuando se fue elaborando la DIA de "San Jorge I", estas áreas dependían de dos ministerios/secretarías diferentes e implicó un fuerte ida y vuelta entre los funcionarios a cargo, enfrentados por intereses políticos opuestos: Walter Vásquez y Guillermo Carmona, rispideces que hicieron ruido y generaron incertidumbre que fueron aprovechadas por los antimineros de entonces.
Más allá de los informes de universidades, Cornejo ha hecho especial hincapié, semanas atrás, de "los sectoriales": las evaluaciones que hagan municipio, Ambiente, Biodiversidad, Patrimonio, Irrigación, etc., y que servirá de insumo para la elaboración de la DIA final de explotación que votará la Legislatura.
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Otro punto a destacar es que, desde 2011, el contexto económico cambió. Si bien en aquel momento los impulsores de la minería enfatizaron que Mendoza enfrentaba una necesidad de diversificar su matriz productiva, esta situación no era palpable para el ciudadano común, y hoy sí. Y la eventual aprobación de San Jorge podría hasta ser una necesidad de los ambientalistas que afirman que la 7722 no prohíbe la minería metalífera, sino que la regula. ¿Qué mejor argumento para retrucar las críticas que exhibir al menos un proyecto de explotación en marcha con la legislación vigente?
La aprobación de San Jorge por parte de la Legislatura mendocina será una batalla decisiva o la madre de todas las batallas. Si el Ejecutivo no logra articular los apoyos necesarios para garantizar su sanción, el costo político y económico será altísimo: si no aprueban la construcción y producción de San Jorge, ¿alguna de las empresas interesadas en otros proyectos mineros de Mendoza se animarán siquiera a invertir en exploración?
Una derrota no solo debilitaría al gobierno, sino que también enviaría una señal devastadora para futuros proyectos mineros en Mendoza.
Algunas claves de San Jorge
-El proyecto San Jorge, presentado ahora como "PSJ Cobre Mendocino", está en manos de la empresa radicada en Suiza Zonda Metals (90%) y el Grupo Alberdi (10%). De todos modos, el máximo referente local del proyecto sigue siendo Fabián Gregorio, al igual que en 2011.
-Si bien la DIA de 2011 se enmarcaba dentro de la Ley 7722, fuentes del sector afirman que la readecuación del informe presentado responde a nuevos paradigmas: "Desde 2011 los tiempos cambiaron. Por ejemplo, hoy tiene mucha más importancia la huella de carbono de los proyectos porque te da ventajas y abre posibilidades en mercados de capitales. A las mineras les interesa certificar el menor impacto posible", explicaron a este diario.
-El informe de impacto ambiental incluye 10 tomos, presentados en versión papel y digital. Más allá del análisis del Gobierno y los sectoriales, eventualmente deberá convocarse a una audiencia pública en Uspallata, tal como sucedió en octubre de 2010.
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-Si se aprueba la DIA de explotación, lo que podría ocurrir en el transcurso de este año, la construcción de la mina demandaría alrededor de 24 meses para luego empezar a producir. Sería una mina "chica" en comparación con otros proyectos gigantes que se desarrollarán en San Juan, con una vida útil de 16 años. Sin embargo, una "exploración asociada" a la etapa de producción, permitiría la ampliación de la vida útil de la mina.
-La inversión inicial de PSJ Cobre Mendocino sería de 560 millones de dólares. Por sus características, podría ser el primer proyecto de Mendoza en ingresar al RIGI.
-San Jorge generaría unos 3.900 puestos de trabajo directo e indirecto durante la etapa de construcción de la mina, y cerca de 2.400 una vez que ingrese en producción.
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