Adolfo Stubrin, abogado, docente e investigador, opinó sobre el conflicto por la suspensión de las clases y los problemas en la educación argentina tras más de un año de pandemia.
Lo esencial es invisible a los ojos
Estamos inmersos en un huracán social y político provocado por la segunda ola de la pandemia. Las clases presenciales fueron a lo largo de 2020 el eje de una controversia nunca saldada del todo, que se ha instalado ahora en el ojo de la tormenta. El decreto de necesidad y urgencia que impone la veda escolar de 15 días en el área metropolitana viene siendo un revulsivo social y político.
Dos palabras clave designan la dimensión educacional del conflicto: emergencia y esencialidad. La emergencia y la declaración de la enseñanza como actividad esencial fueron propuestas por la oposición en el Congreso y en una docena de legislaturas provinciales a mediados del año pasado. La resistencia del oficialismo a debatir ambos asuntos signó el casi completo desaprovechamiento del 2020 como año lectivo presencial en todo el país.
Aun considerando las clases vía zoom y vía chat, las pérdidas y daños culturales pero también psicológicos redondean un déficit pavoroso que no tiene números precisos todavía.
Ambos polos de la discusión sobre presencialidad están siendo ocupados en 2021 por dos actores colectivos, uno conocido de antemano y otro emergente. Me refiero a los gremios docentes y a la aparición sorpresiva de los padres organizados. Sus voces son protagónicas en la medida en que los gobiernos van amoldándose a las demandas canalizadas por la prensa: el ministro Trotta se bamboleó entre abrir y no hacerlo, hasta volcar su discurso a favor de la presencialidad; los ministros provinciales, por su parte, adoptaron un espectro amplio de posturas. Todos ellos, nucleados en el Consejo Federal de Educación, quedaron desairados por la intempestiva decisión presidencial. Si bien todas las provincias están en 2021 con escuelas abiertas, el efectivo dictado durante los días y horarios habituales se verifica en pocos casos mientras que en la mayoría siguen vigentes los bloqueos gremiales: el horario reducido o la alternancia entre una semana en las aulas y otra en las casas.
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La crónica paso a paso del enfrentamiento en CABA, un distrito de los que lideran la apertura, es ilustrativo de lo que pasa en todo el país: 1°) el gremio ADEMYS califica como "criminal" la convocatoria a clases presenciales para el 17 de febrero (Perfil, 22-1-21); 2°) las clases presenciales comienzan en etapas, con testeos y un estricto protocolo (Infobae, 11-2-21); 3°) el ministro Quirós informa una tasa muy baja (0,18%) de contagios en escuelas y anuncia que se flexibilizará el protocolo (Ámbito, 17-3-2021); 4°) Eduardo López, dirigente de UTE-CTERA, denuncia que 14 días después del comienzo de clases se produjo el rebrote, por lo que acusa a las autoridades (Twitter 26-3-2021); 5°) el fallecimiento por COVID del docente J. Langone desató una protesta, con paro incluido, que imputaba esa muerte a la presencialidad (Télam, 29-3-2021); 6°) la ministra Acuña aclaró que el docente fue a clases un solo día y que no se contagió en la escuela. El pleito sigue y sigue...
Sonia Alesso, como titular de CTERA aceptó la inmunización masiva de docentes con la vacuna china, como privilegio sectorial diseñado desde algunos ámbitos oficiales para ablandar posiciones frente al reclamo de apertura (Página 12, 19-1-21). Aun cuando Trotta y el Consejo Federal se alinearon con la defensa de las aulas abiertas, la ofensiva gremial se redobla para aumentar las restricciones y suspender la asistencia a las escuelas en 48 ciudades (Perfil 13-4-21). La prioridad para Roberto Baradel es que la CABA cierre las puertas. El protocolo nacional pactado da a los gremios poder de veto sobre el dictado de clases; el protocolo porteño, en cambio, habilita el cursado cotidiano con el horario entero. Dado que hay expertos para todos los gustos, CTERA es socorrida por Oscar Atienza que sostiene de manera peregrina que las escuelas son culpables indirectas de los nuevos contagios y recomienda que sean cerradas hasta agosto (Sitio Andino, 1-4-21).
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Que los principales gremios docentes sean agentes activos en la desvalorización de las escuelas requiere alguna explicación sobre la naturaleza política de su cuadro de directivos y activistas. A ese tema apuntan varios artículos recientes de Guillermina Tiramonti, reconocida investigadora en política educacional. Una distinción necesaria es que en su origen las asociaciones del magisterio eran de carácter profesional y su principal preocupación era que los docentes accedan a sus cargos según su capacidad y no según su alineamiento partidario. Las otras reivindicaciones materiales fueron creciendo en importancia en la medida en que los rigores presupuestarios fueron deteriorando el salario. Pero, en las últimas décadas las demandas pedagógicas fueron dejadas de lado. Algunos gremios se volvieron corporaciones con demasiados intereses y algunos privilegios propios. Para ellos el combate contra enemigos reales o supuestos es una razón de ser más definitoria que el oficio pedagógico (Nuevos Papeles, 16-3; 29-3; 13-4-21).
Sólo a través de esta involución sinuosa puede entenderse porqué hoy en día algunos gremios docentes identificados con el ala dura del kirchnerismo son los principales gladiadores del nuevo cierre de las aulas, porqué el deterioro de los aprendizajes de los alumnos y la desorganización de la vida familiar de las trabajadoras que dependen de la regularidad escolar les resultan tan indiferentes. Antoine de Saint-Exupéry expone en El Principito el diálogo entre su principal personaje y el zorro. Allí se traza una magistral metáfora sobre el estrecho vínculo entre los sentimientos y las razones; los valores más inefables no son captados por los sentidos sino por el corazón. El Principito, como esperamos que todos los niños que lo lean, aprende así que lo esencial es invisible a los ojos. La parábola habla mejor que un tratado politológico entero sobre la necedad del activismo cuando se deja embriagar por el uso desalmado y fáctico del poder.
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El libro de María Victoria Baratta, presentado en estos días, se llama con justeza "No esenciales. La infancia sacrificada" (Libros del zorzal, 2021) y exhibe uno tras otro los eslabones de la infausta desventura por la cual nuestro país perdió las clases presenciales del 2020, los espantajos con los que los jerarcas eludieron su compromiso con el conocimiento y la formación de los niños y jóvenes, las falsas dicotomías que enmascararon la degradación de nuestra cultura popular, el tiro al corazón de las madres modernas y de los hogares en que ambos adultos trabajan, la discriminación contra los estratos más pobres, con menor capital cultural y menores chances de arreglárselas casi sin escuelas y sin maestros durante un año entero. Este alegato refuta los sofismas con los cuales se lanzó la ofensiva por el cierre de escuelas en 2021 y, por supuesto, deja colgado del pincel al propio presidente cuando ejecuta de manera brusca y unilateral el designio disparatado del ala dura del oficialismo.
La escritora Pola Oloixarac da un paso más cuando en un reciente artículo desnuda los tics de aquellos intelectuales y científicos que, por un lado, agitan el miedo a la enfermedad en abstracto y, por el otro, encubren y respaldan en concreto la destrucción educativa en curso. Demasiadas universidades prosiguen con sus puertas entornadas y sus aulas vacías, acatando a fe ciega las órdenes del Estado y son el revés de la trama de las pérdidas del sistema escolar. La obediencia de muchos intelectuales los hace olvidar que laeducación es el último refugio para la modernidad y la ilustración, el horizonte de movilidad y avance que pueden las familias emplear para propulsar a sus hijos hacia un mejor futuro. El espíritu crítico, adormecido en sus agentes más lógicos, debe ser recreado. Es una rebeldía que late en muchas mujeres jóvenes como las citadas con y sin actuación académica, que no se resignan y se suman en los movimientos civiles de resistencia y defensa de las escuelas para que tengan abiertas no solo sus puertas (La Nación, 11-4-21).
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La organización de los padres y madres de los alumnos es el dato nuevo que cifra la esperanza de oponer al oscurantismo vergonzante de los autoritarios la razón tranquila, convincente y firme de quienes no entran en pánico a pesar del lógico temor, de quienes advierten con lucidez que la desesperanza es una fuga sin destino. La Red de padres organizados, en cuyo seno fueron gestados los argumentos y evidencias del libro, es la contrafigura valiente de los cancerberos. Su postura reconoce las emergencias y los suspensos que la epidemia haga necesarios pero impugna la maña infectocrática por la cual hay que poner a los niños del lado no esencial de las cosas para instaurar el orden hermético de las prohibiciones. Nada de esconderse en la cueva doméstica, salir al espacio público, debatir, ejercer libertades y afirmar derechos para que los niños y jóvenes queden primero. Junto con los docentes y directivos los padres deben conformar una comunidad educativa equilibrada y prudente frente a la cual la amenaza de los sedicentes combativos quede girando como una veleta.
El gobierno de la PBA es el epicentro de la corriente contraria a la normalidad escolar. Dos integrantes por la minoría del Consejo General de Educación, Natalia Quintana y Diego Martínez denuncian esta tendencia contumaz. La sede central de la Dirección General está cerrada, sus áreas administrativas y técnicas operan de manera remota, lo cual resulta disparatado para un sistema escolar de semejante magnitud. El supuesto programa de atención a la Trayectoria y Revinculación que debía compensar los dolores del 2020 carece de datos sobre su gestión. Peor aún, no se dispone de un relevamiento de burbujas que muestre el impacto de la pandemia en las escuelas. El monitoreo selectivo del riesgo sanitario no se ejerce, como tampoco se analizó el efecto de la cuarentena sobre los aprendizajes, con el mapa educacional en la mano (UCR El Provincia, 13-4-21). La ceguera frente a lo esencial de Saint-Exupéry se expande como una mancha de aceite. A su vez, Chubut muestra el pozo sin fondo: llevan cuatro años sin clases por un conflicto gremial y el gobierno se negó a declarar la emergencia y el carácter esencial de la función escolar (@AguileraMAndrea; @ElDiario_web, 15-4-2021).
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¿Es posible desescalar el conflicto? Sería deseable. No es grato ni digno para un país estar en un clima como el de la película La Guerra de los Roses (De Vito, 1983). Pero, en la medida en que el Presidente se pliegue a los intereses más extremos, la posibilidad del diálogo se desvanece. No obstante, que los orfebres de la política intenten las filigranas que puedan y ojalá tengan éxito. Entre tanto, es preciso hacer conciencia de que el ariete de la facción autoritaria se sitúa en el gobierno de PBA y que su objetivo es establecer, como en Formosa, un estado de excepción con el cual los derechos y las libertades entren en receso. Carl Schmitt (1888-1985), el teórico decisionista del estado total, pontificaba que gobernar era crear situaciones de excepción. La educación escolar es en la actualidad, más allá del tesoro que en sí misma encierra, la colina estratégica a través de la cual los autoritarios volverán vulnerables las autonomías provinciales, las garantías constitucionales, la independencia de la justicia, la diplomacia con todas las democracias, los calendarios electorales. Su custodia activa es un imperativo cívico irrenunciable.
Opinión de Adolfo Stubrin*
* Es abogado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Es Profesor Titular Ordinario, investigador y docente de posgrado, también en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Fue secretario académico de la UNL entre 1993 y 1996 y secretario de planeamiento desde 2010 hasta la actualidad. Fue Diputado Nacional y Presidente de la Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados de la Nación (1983-1986) y Secretario de Educación de la Nación (1989-1989). Fue miembro y vicepresidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) (1996-2010).
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