El grueso de su dirigencia política, empresarial, periodística y hasta sindical sabe que es imprescindible comenzar a explotar los inmensos recursos mineros provinciales para generar empleos y aumentar los ingresos del Estado.
Ley 7722, el triunfo de la politiquería
Mendoza desde hace más de quince años está atrapada en un laberinto y no encuentra la salida. Necesita desarrollarse, generar empleo, pero el miedo a lo desconocido la paraliza.
El grueso de su dirigencia política, empresarial, periodística y hasta sindical sabe que es imprescindible comenzar a explotar los inmensos recursos mineros provinciales para generar empleos y aumentar los ingresos del estado para obras y salarios públicos. Muchos lo han dicho con todas las letras, otros prefieren usar el eufemismo "hay que ampliar la matriz productiva". Salvo ruidosas excepciones, hay consenso de que ese sería el impulso que le falta a la economía de Mendoza, que ha desarrollado con cierto éxito el agro, el petróleo y el turismo, pero que le falta esta cuarta pata para caminar.
A pesar de este consenso, la politiquería verborrágica y apocalíptica se ha impuesto hasta el momento. Distingo política de politiquería, porque la primera busca el bien común de los ciudadanos y la segunda, en este caso se ha manejado buscando un rédito espurio en votos a partir de atemorizar a mucha gente de buena fe, para luego aparecer como sus supuestos protectores.
La historia de la ley 7722 sancionada el 20 de junio de 2007, comenzó un tiempo antes. El gobierno de Mendoza había participado en Toronto de la feria de minería más grande del mundo en busca de inversiones mineras. Como consecuencia de ello, en 2005 una empresa canadiense llegó con la intención de explorar el yacimiento de Papagayos en San Carlos. El mismo es la continuación de "El Teniente", la mina subterránea de cobre más grande del mundo que se explota desde hace más de cien años del lado chileno. Esa mina, manejada por la empresa estatal CODELCO, exporta por sí sola unos tres mil millones de dólares anuales (USS 3.000). Para tener una dimensión de esa cifra, las exportaciones totales de Mendoza son de alrededor de mil doscientos millones de dólares (USS 1.200). Ese yacimiento, cuya veta continúa hacia Mendoza y que aquí nos damos el lujo de no explotar, genera exportaciones por un valor que duplica ampliamente lo que vende al exterior en todo concepto nuestra provincia.
Ese 2005, comenzó un proceso de radicación de empresas mineras en la provincia. Mendoza, por su calidad de vida y conectividad, era la sede ideal para proveer de servicios mineros a minas radicadas en todo el país. El futuro del empleo y las inversiones era prometedor. En esas circunstancias entró la politiquería en acción.
Un grupo de dirigentes políticos y empresariales sancarlinos comenzaron a infundir temor entre sus vecinos de que esta actividad sería catastrófica para ellos. Por supuesto que no les contaron, que del otro lado de la cordillera, Rancagua está a sólo 50 kms de la mina El Teniente y el Valle de Colchagua, uno de los más productivos del agro chileno está a los pies de esa mina sin que en más de un siglo de explotación haya habido ni un solo problema ambiental, con una convivencia armónica entre agro y minería. El miedo cundió en la población sancarlina, que hubiese sido la principal beneficiaria de este emprendimiento. Se sucedieron marchas masivas, ya con gente de buena fe atemorizada por falsos profetas. La presión devino en la ampliación por parte de la legislatura de la reserva natural de la laguna del Diamante, dejando a la zona del rico yacimiento dentro de la misma, obturando así toda posibilidad de aprovechamiento. La oportunidad de trabajo bien remunerado y desarrollo para el departamento quedó trunca. No conformes con ello, algunos que obtuvieron rédito político propagando el miedo, en los meses sucesivos profundizaron sus acciones por medio de cortes de ruta y fuertes presiones sobre el gobierno de Cobos y los legisladores. Como resultado en 2007 se aprobó la famosa ley 7722, que sepultó por mucho tiempo toda esperanza de desarrollo de la minería metalífera en Mendoza.
Esta norma prohíbe dos sustancias que se usan en todo el mundo para la explotación minera. El ácido sulfúrico, que usan las baterías de los autos y también distintas industrias, es fundamental para procesar el cobre. La otra es el cianuro de sodio, que es usado para lixiviar oro y plata. Este elemento en forma concentrada se ha usado como veneno; pero en las proporciones diluidas que requiere la minería es totalmente inocuo. Desde 1975 que se estudian los accidentes ambientales en todo el mundo, nunca el cianuro ha provocado muertes ni afectado la salud de alguien, además se evapora rápidamente. Distinto es el caso del mercurio, que desde hace muchas décadas se ha dejado de usar en la minería y era un elemento contaminante por sus dificultades para degradarse. Nuestros yacimientos de cobre son muchos y los de oro pocos, con sólo poder usar ácido sulfúrico, dejando afuera el cianuro si es necesario, nuestra economía explotaría. En la industria vitivinícola, en 1993 murieron 29 personas por consumir el vino "Sol Cuyano", que había sido adulterado con alcohol metílico. No por eso se dejó de hacer vino. El responsable fue condenado a 15 años de prisión.
La ley 7722 exige además que cada declaración de impacto ambiental (DIA) se apruebe en la legislatura. Esto hace que se politice un análisis que debería estar en manos de especialistas en cuestiones de ambiente. Así, en 2008, durante el gobierno justicialista de Jaque, que quería avanzar en la explotación de San Jorge en Las Heras, la politiquería actuó en sentido inverso y las presiones y movilizaciones impidieron la aprobación de la DIA durante la campaña electoral. El propio Perez, candidato de Jaque fue a la legislatura a pedir que no se apruebe, por miedo a perder la elección. Trece años después San Jorge sigue sin explotarse.
Por fin en 2019 los partidos importantes de la provincia parecieron entender que no debían seguir chicaneándose mutuamente con este tema, rifando el futuro de los mendocinos. En la campaña para la gobernación de 2019, las dos coaliciones con posibilidades de ganar manifestaron que Mendoza debía aprovechar sus recursos mineros. Esto se plasmó en un consenso para reemplazar la ley 7722 por una norma que no impidiera el desarrollo minero y tomara los recaudos para una explotación sustentable y controlada. Inclusive planteaba que parte de los recursos obtenidos se emplearan para mejorar la infraestructura hídrica y aprovechar mejor el agua mendocina, siempre escasa y que en buena parte se malgasta por ineficiencias en el riego, en el almacenamiento y en su uso doméstico.
La ley duró muy poco. Nuevamente la politiquería metió la cola y promovió una marcha desde San Carlos que contagió el temor en el resto de la provincia. La extrema izquierda se sumó imprimiéndole sus métodos de acción directa característicos. A la revolución permanente trotskista todo lío le viene muy bien. El resultado lo conocemos. Mientras San Juan, Santa Cruz, Salta, Jujuy y Chile viajan a Toronto a seguir atrayendo inversiones, los mendocinos seguimos estancados y pasando a la lista de los lugares menos recomendables del mundo para invertir en minería. Qué paradoja, la provincia institucional, sometida a la anarquía de los fanatismos, que alejan toda seguridad jurídica, imprescindible para el desarrollo económico.
Indagando en las razones profundas de estos temores, invariablemente han surgido dos muy genuinas y de buena fe. El temor a la falta de controles ambientales y a que queden pocos recursos en la provincia producto de la explotación minera.
En lo referido a los controles, Mendoza tiene que generar una agencia ambiental con personas idóneas y honestas que garanticen la sustentabilidad ecológica de los emprendimientos. Hablaría muy mal de nuestra sociedad que no confiáramos en nadie para que controle. Que la gente elija ambientalistas serios y si son de San Carlos y General Alvear mejor, porque han sido los más desconfiados. No nos paralicemos. No podemos darnos ese lujo.
Por el lado de los recursos, creo que el estado debe involucrarse y asociarse a los proyectos de explotación, para buscar que un buen porcentaje de la renta minera quede en la provincia. Existen distintas formas. Chile tiene varias explotaciones estatales, a través de CODELCO y otras privadas con empresas internacionales y nacionales. Santa Cruz tiene una empresa provincial de minería que se asocia a los emprendimientos con un porcentaje en las ganancias. San Juan tiene un "fondo minero para el desarrollo de las comunidades" al que va destinada parte de la renta minera para subsidiar otras actividades productivas, sobre todo agrícolas y de infraestructura, en la región de las respectivas minas. Todo esto, además de las regalías que por ley corresponden y de los impuestos que quedan en la provincia. Otros como ganancias e IVA van a la nación y se coparticipan.
Debemos alejarnos de los slogans vacíos. Escuchamos "el agua de Mendoza no se negocia", cuando vemos en todos los supermercados góndolas llenas de agua mineral mendocina, por la que las empresas no pagan un peso de regalías. Es cierto, no se negocia, se regala. También el eufemismo "el agua vale más que el oro", y luego algunos de los que lo gritan, que son empleados públicos, se encuentran con un estado sin los recursos suficientes para pagarles mejores sueldos y otros, desempleados que sin saberlo marchan en contra de sus propias chances de empleo. Otro slogan es el de "megaminería contaminante a cielo abierto". Está comprobado que las grandes empresas mineras contaminan menos que las pequeñas porque tienen más recursos para mejorar sus procesos. Codelco, mega entre las megas recicla el 73% del agua que consume. Las minas son abiertas o cerradas dependiendo dependiendo de su formación geológica, pero no es cierto que abierta contamine y subterránea no. Las subterráneas a veces son más peligrosas por los derrumbes, como les pasó a los 33 mineros chilenos atrapados a 700 metros de profundidad.
Han surgido muchas "asambleas del agua", que paradójicamente se han opuesto a que se construya Portezuelo del Viento, que almacenaría el agua del Río Grande, el más caudaloso de Mendoza. Actualmente el agua de ese río se va toda al océano, sin que les preocupe en lo más mínimo a estos supuestos "defensores del agua". Estos fundamentalismos ambientalistas son parte de la politiquería. Muchos que vieron sus ideas comunistas derrumbadas junto al muro de Berlín, mutaron su militancia hacia causas como el ambientalismo extremo e irracional. Se oponen a la minería, al desarrollo agrícola con fertilizantes, a la ganadería y al consumo de carne con el movimiento vegano, a la explotación petrolera no convencional, a la creación de un centro de sky en Tunuyán, etc. Por supuesto no se opusieron al cannabis medicinal, porque iría en contra de la recreación de la cultura hippie que promueven. Tienen poderosos adherentes, como un cantante portorriqueño que estaba muy interesado en el agua de Mendoza, porque su hija vive en Buenos Aires...Hace mucho que no sabemos de él y los desempleados siguen sin trabajo.
No se escucha ni siquiera a la gente de Malargüe, que quiere minería, porque allí la agricultura es casi imposible y siempre han sido fundamentalmente mineros y petroleros. Por ese camino, Mendoza seguirá empobreciéndose. Ya tenemos un 44% de pobres, contra 34.8 % de San Juan.
El cobre tiene que ser una fuente de recursos para financiar otras actividades. En Chile se considera al cobre como "el sueldo de Chile". California basó su desarrollo en la fiebre del oro. Inglaterra, sustentó la revolución industrial en sus minas de carbón. Canadá tiene más de 600.000 empleos mineros. En Australia la minería es el sector económico más importante.
Esta es mi pequeño aporte, que hago a título personal. Estoy dispuesto a dar un debate constructivo en favor del desarrollo de Mendoza. Creo que los dirigentes tenemos el deber de explicar y exponer lo que genuinamente pensamos, sin especulaciones políticas. Sobre todo si creemos que ese es el camino del crecimiento y del trabajo para nuestra gente. Estamos a tiempo.
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