La ampliación de delitos en la ley de juicios por jurados forma parte de un importante tren de reformas iniciado en 2015, que consolida las bases de un nuevo Estado.
Mendoza está a la vanguardia de los servicios de Justicia
El servicio de Justicia es un factor básico, para la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales, para la paz pública, para la cohesión social, para la calidad institucional y para la sostenibilidad, el desarrollo y el funcionamiento de Mendoza; por lo que ha sido prioritario para el gobierno provincial, desde la gestión de Alfredo Cornejo como gobernador, hasta la actualidad con Rodolfo Suarez.
Estas gestiones han contribuido para que la Justicia pueda escalar a niveles de mayor eficacia y rapidez en sus procesos, contribuyendo con normas para su ejecución, como también con infraestructura física, que han sido ejecutadas y puestas en marcha a corto y mediano plazo, pese a la inestabilidad macroeconómica y la falta de garantías en materia de justicia que garantiza el gobierno nacional.
En el 2018 se sancionó en Mendoza la ley 9.106 de Jurados Populares para juzgar los delitos de homicidio agravado previstos en el art. 80 del Código Penal de la Nación a participación ciudadana con jurados populares.
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Con esta implementación los juicios pasaron a brindar mayor transparencia a las decisiones judiciales y a incrementar la confianza de la ciudadanía en el sistema, ya que son un profundo cambio cultural que involucra a toda la sociedad, generando un vínculo común entre la ciudadanía y el Poder Judicial.
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Pero como Mendoza se sigue proyectando a una mejor calidad institucional y a dejar un legado, busca seguir ampliando esta ley, que ya obtuvo media sanción en la cámara de Senadores provincial, con la iniciativa de incorporar los delitos de abuso sexual seguidos de muerte, homicidios agravados por el uso de arma de fuego y a los homicidios en ocasión o con motivo de un robo.
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La importancia de esta ley y de todas las reformas que se han llevado adelante ponen a Mendoza en un lugar preponderante en línea con otros ordenamientos nacionales e internacionales, que van hacia el cumplimiento de mandatos constitucionales otorgándole a los ciudadanos la posibilidad de participar en la Justicia, de involucrarse junto a jueces profesionales en los conflictos que ocurren en el territorio provincial a través de la conformación de jurados populares, de confiar en los procesos, y en la legitimidad y en rapidez de los mismos.
En definitiva, la provincia avanza con garantías en una justicia segura, eficiente con mayor cercanía, modernidad y transparencia.
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