Santa Rosa intenta aplicar fotomultas en la ruta nacional, y en las provinciales 50 y 153. Pero hubo rechazo del Concejo, y hay pedidos de informes de la propia UCR. Trigo vetó y busca imponer el control vial.
Polémica licitación de fotomultas en la Ruta 7
La intendenta de Santa Rosa Norma Trigo y el Secretario de Gobierno Marcos Nuarte presionan fuerte para imponer en el departamento de Santa Rosa un sistema de fotomultas sobre la Ruta Internacional 7, una de las más importantes de la región, y sobre las provinciales 153 y 50, a pesar del rechazo de una buena mayoría de ediles del Concejo Deliberante, que se vieron sorprendidos por una licitación de la que se enteraron por los diarios.
Concejales de la oposición y buena parte del oficialismo creen, fundamentalmente, que el sistema será un "cazabobos" con fines recaudatorios, similar al que rige en San Martín. Es claro que las fotomultas podrían engrosar significativamente las arcas municipales: Miles de automovilistas de varias provincias, de Chile y de Brasil y transporte de mercaderías circulan especialmente por las rutas 7, y la 153, que une el Este con el Sur vía Las Catitas, y Monte Comán.
El Concejo rechazó los pliegos de las fotomultas que indicaban comprar radares, cámaras y equipamiento el 16 de agosto pasado con el voto de la UCR y el PJ. No obstante, el Poder Ejecutivo -radical- siguió adelante con la licitación, y la habría declarado desierta, según dichos del propio Nuarte al diario Los Andes, días atrás. Ahora, Trigo vetó la ordenanza que rechazaba la licitación, y ese veto se trataría en sesión el martes de la semana entrante. Quienes se oponen a la licitación de las fotomultas necesitan ahora de siete votos sobre 10, dos tercios, para rechazar definitivamente el proyecto.
Intendenta Norma Trigo.
La licitación viene con polémica. Hay quienes sospechan que estaría "dirigida" y tienen todos sus sentidos puestos sobre una probable adjudicación directa. Sin embargo, no habría candidatos a la vista, al menos de manera pública. Según Nuarte, la licitación fue "desierta". Pero en la presentación del pliego al Concejo se menciona a una firma llamada Safety Group, que habría elaborado una suerte de consultoría "gratuita" para la Municipalidad. Así lo informó la propia comuna en una gacetilla de prensa publicada el 6 de agosto y que aún está disponible en el sitio institucional: "...la Municipalidad de Santa Rosa ha recibido la presentación de un informe realizado por la consultora Safety Group, sobre la situación en materia de accidentología en el departamento, con las acciones a tener en cuenta para brindar seguridad (...) Este informe recomienda la implementación de controles de velocidad en distintos lugares de la RN 7, así como en las RP 50 y 153, de manera sistemática por medio de elementos de medición debidamente aprobados y homologados" dice la prensa oficial santarrosina en su parte esencial.
Luego, el día 5 de este mes, otra gacetilla daba cuenta de lo siguiente: "...la Intendente de Santa Rosa, Sra. Norma Trigo, junto al Secretario de Gobierno, Cdor. Marcos Nuarte, recibió en su despacho a representantes de diferentes empresas que ofrecen servicios y equipamiento e ingeniería aplicada al control del tránsito vial. (...) Cabe destacar que estos proveedores además contribuirán en la conformación de un informe vial del departamento para determinar puntos estratégicos de control, causas y consecuencias de siniestros y estadísticas de diferentes aspectos en relación con los mismos" explica. La nota de prensa municipal nunca dice cuáles son los "proveedores" a los que alude, y acompañaron el texto con esta foto:
Trigo y Nuarte con proveedores de seguridad vial.
Además de Trigo y Nuarte, en la imagen, casi de espaldas a la derecha, aparece el experto en seguridd vial Axel Dell'Ollio (41), uno de los socios de Safety Group. Los otros dos son los estudiantes, Emanuel Más (25) y Federico De Noia (22); y Delia Liliana Morán (61).
La firma Safety Group fue creada el 1 de diciembre del año pasado, hace menos de un año. Su actividad principal es "Servicios de enseñanza No Clasificado Previamente. Incluye instrucción impartida mediante programas de radio, televisión, correspondencia y otros medios de comunicación, escuelas de manejo, actividades de enseñanza a domicilio y/o particulares" y como actividad secundaria, venta de equipamiento y tecnología al por mayor, asociado justamente a la seguridad vial. Crearon su sitio de Facebook en abril de este año y en apariencia, tendrían actividad en varias provincias. La sede está en Capital Federal. Su economía luce sana aunque algo módica para una consultora capaz de desarrollar y proveer seguridad vial: su endeudamiento total sería de sólo 30.000 pesos, y sus compromisos mensuales serían de sólo 878 pesos, de acuerdo a registros legales y vigentes de entes oficiales. Dell'Ollio, uno de los socios y quien estuvo reunido con Trigo y Nuarte, tiene antecedentes laborales como agente del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de la CABA, y el más reciente es la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. Se recibió en la Universidad de Morón como Licenciado en Prevención Vial y Transporte. Se autodefine como un "Militante de la Prevención y la Seguridad Vial", algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo y se ve que entiende del tema. Sus posteos en Facebook denotan una intensa actividad de difusión y prevención, y es consultado por medios, municipalidades y gobiernos.
Dudas
La concejal Débora Quiroga presentó un pedido de informes, en su momento, para preguntar cuánto había cobrado Safety Group por el informe vial, y le contestaron que "nada", según confirmó la edil radical a este diario, lo que les ha generado más dudas.
Débora Quiroga (UCR).
El asunto es que los concejales de la UCR enfrentados a Trigo y buena parte del peronismo, aunque con matices (el presidente del Concejo Celso Reta, tiene buena sintonía con el secretario de gobierno Nuarte), tienen más interrogantes que certezas sobre esta licitación. Y por eso, al menos los tres radicales han firmado el martes 11 de este mes, un pedido de informes al Poder Ejecutivo de Santa Rosa. Quieren saber los datos de día, hora, y oferentes que se presentaron a la licitación de las fotomultas, que fue mencionada por Marcos Nuarte en la referida nota de Los Andes. Ese día, Nuarte explicó que la licitación estaba desierta y dijo que "...la verdad, no me extraña, es difícil que una empresa se presente cuando ve los problemas internos que generan algunos concejales".
Marcos Nuarte.
Los ediles, al menos quienes se opusieron y que son mayoría en el Concejo, sospechan de la licitación desde la carátula. Algunos de ellos confirmaron a este diario que la presentación decía "pliegos licitados..." en lugar de "...a licitar...". Primero lo adjudicaron a un error, pero luego la furia pública de Nuarte por el rechazo, la intervención de una empresa reciente radicada en la CABA que les resulta desconocida, y el veto de Norma Trigo para insistir sobre el plan; les ha puesto en alerta, sobre todo a los radicales.
Las relaciones políticas no son simples en Santa Rosa: Ya una vez, el 2 de febrero de este año, los tres ediles radicales Débora Quiroga, Ezequiel Quiles y Roberto Vanin, y el entonces senador Walter Soto, pidieron la renuncia de Nuarte en medio de acusaciones de irregularidades y corrupción. El gobierno provincial montó entonces un discreto operativo y un enviado fue a Santa Rosa con la misión de obtener la renuncia del polémico funcionario, pero no lo consiguió. Al día siguiente, la propia Norma Trigo se plantó en la Casa de Gobierno, hasta que algunos funcionarios le garantizaron la continuidad de su Secretario.
Mina de oro y "doble estándar"
Los pueblos que viven a la vera de las rutas centrales suelen encontrar en las fotomultas una buena fuente de ingresos. La jurisdicción de seguridad vial sobre rutas nacionales es generada, en el caso de los municipios de Mendoza, por la Ley Provincial de Tránsito. Y a su vez, por las municipalidades que tienen ese poder delegado. "Hoy, un gendarme que te para en la ruta 7 en Uspallata por exceso de velocidad, te hace la multa con un formulario local, de la Municipalidad de Las Heras..." explicó una fuente del ministerio de Seguridad. En Mendoza, es San Martín, gobernado por el peronista Jorge Giménez, el que se ha hecho un festín con el sistema. De hecho, el foco de las críticas a estos operativos es que se puede prevenir, enseñar, y dar seguridad vial sin necesidad de fotomultas y radares poco visibles.
En Santa Rosa, este debate tiene un antecedente curioso: el 1 de diciembre de 2015, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de declaración en el que indicaban "repudiar en forma enérgica las fotomultas que realiza la Municipalidad de San Martín dentro de su ejido, a algunos automovilistas que circulan por la Ruta Internacional 7, con el sólo fin de recaudar dinero destinado a las rentas de ese municipio, perjudicando económicamente a los conductores de los vehículos que transitan sobre ese tramo en el que se encuentran ubicados los radares, y que además no se encuentran debidamente señalizados..." dijeron los concejales. El intendente era el recientemente reelecto Sergio Salgado, y la radical Norma Trigo era la presidenta del Concejo Deliberante. ¿Qué habrá cambiado tanto?
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