Dos empresas mendocinas, en la mira por el escándalo de la obra pública

En su declaración ante la justicia, el ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, nombró entre muchas empresas de ese sector involucradas en el reparto de obra pública durante los gobiernos K (y la correspondiente coima a los funcionarios del área), a las constructoras José Cartellone y Vial Agro.

Lo relevante de la mención es que ambas firmas fueron adjudicatarias, días atrás, de la construcción de autopistas y rutas seguras bajo la modalidad Participación Pública Privada (PPP), tal cual informó el Post.

Desde el estallido del escándalo, en el Gobierno habían asegurado que no tenían conocimiento de que algún adjudicatario PPP estuviera envuelto en el escándalo. Enterados de que las firmas aparecen en la confesión de Wagner, funcionarios del Gobierno involucrados en el sistema PPP le aseguraron a diario Clarín que "por ahora no hay motivos legales para retirarles las adjudicaciones".

Explicaron que, más allá de que esperarán y respetarán, desde ya, los pasos procesales y lo que determine la Justicia, lo que mirarán en el área PPP es que se vayan cumpliendo en tiempo y forma la ejecución de las obras adjudicadas.

"El contrato PPP no permite que hechos judiciales por sentencias posteriores a las adjudicaciones alteren el resultado de la licitación" explicó el funcionario. Aseguró que, en cierta forma, esa cláusula les da más seguridad a las empresas contratadas.

No obstante, las empresas adjudicatarias involucradas en la denuncia de Wagner podrían enfrentar un escenario adverso. Más allá de lo judicial, las constructoras tienen que asegurarse, en un plazo no mayor de un año, el financiamiento total de las obras que se comprometieron a realizar.