La Lilita que te demandó

La judicialización de los reclamos que debe responder la política es un signo de alerta. Elisa Carrió un símbolo y un antecedente de este fenómeno.

La Lilita que te demandó

Por:Jorge Fernández Rojas
Periodista/Analista

Dijimos en este mismo espacio que entramos en épocas de diferenciarse dentro de la dirigencia que gobierna a este país y a Mendoza, por las elecciones que se aproximan

Ahora observamos que va creciendo una tendencia, ya conocida, de demandar al Estado y a quienes lo administran. No es una buena señal para los que gobiernan ni tampoco lo es para los gobernados.

Ha comenzado a evidenciarse y denota esto ciertas debilidades de las cúpulas dirigenciales que de algún modo se ven reflejadas en las encuestas de imagen pública.

Se sabe que el presidente viene en picada en esas mediciones de imagen pública. Una pendiente que se acentuó la última semana con el anuncio del acuerdo del crédito stand by con el FMI.

Dado este diagnóstico veamos la base del problema. Dicen los expertos con mirada económica-financiera que para gobernar hay que sostener el crédito intangible que es la confianza de los votantes quienes expresaron su aval al momento de sufragar.

Eso es lo que parece haber ocurrido en esta etapa de tarifazos “graduales”, inflación imparable y días dolarizados, coronando este periodo con la vuelta al Fondo.

Reprobado

Lo descripto sirve para que no nos llame la atención que el Sute, el sindicato de los docentes de las escuelas públicas de Mendoza, haya decidido con un recurso extraordinario apelar a la Corte de la Nación por el ítem Aula.

Así y todo la reacción del gremio para ir a defender su posición ante el Tribunal Superior dela Argentina no estaba en los planes ni del mismo titular del sindicato Sebastián Henríquez.

El profesor de Literatura dijo que él nunca habría ido a la justicia para combatir el adicional aplicado por Alfredo Cornejo ni bien asumió como gobernador.

Para Henríquez lo más adecuado hubiera sido ir por la lucha dialéctica y pública.

Pero ahora cambió el panorama para él y su sector pensando en los argumentos del fallo de la Corte local que sentenció en plenario la constitucionalidad del ítem Aula.

Tanto es así que el dirigente jura que no puede creer que los jueces de Corte no hayan contemplado ni siquiera el derecho a huelga en los fundamentos del fallo.

Eso hizo que el líder de los docentes cambiara de actitud frente al tratamiento del conflictivo ítem presentado por el gobierno como un incentivo y ahora sustentado por un veredicto judicial.

Hay una particular molestia del gremio con el juez Omar Palermo, identificado como un magistrado crítico al gobierno provincial y cercano al pensamiento opositor a Cornejo.

El único de los jueces de Corte que planteó una disidencia fue Mario Adaro con mirada de abogado laboralista entendió que habían situaciones insoslayables como los tiempos perentorios de licencia por enfermedad y que no deben ser motivo para perder el adicional tan detestado por las maestras.

Una de jubilados

Tampoco llama la atención que la abogada mendocina Carolina Jacky haya planteado una denuncia penal contra Sebastián Basavilbaso el titular de ANSES nacional.

En el inicio de mayo un jubilado nacional de la Provincia de Mendoza presentó la denuncia penal en la Justicia Federal. Este miércoles se constituirá en querellante particular, pidiendo que se admita que puedan sumarse otros jubilados que estén en las mismas circunstancias.

En la denuncia se pide se investigue la comisión de los siguientes delitos: abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del Oficio y desobediencia al cumplimiento de una orden judicial.

En la denuncia, como en la constitución de querellante, expresamente se dice que “siendo esta una constante del Organismo Previsional, cuestión que pretendemos probar con la prueba ofrecida y la que se ofrecerá, no estamos solamente ante un incumplimiento simple a una orden judicial, sino ante una conducta sistemática que merece la investigación que se denuncia, ya que esta conducta no puede ser adjudicada a un error administrativo, a una negligencia o impericia de un empleado, sino a una instrucción precisa que constituye un incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

Concretamente se trata de una demanda contra el conductor de la administración provisional por incumplir con los pagos de las sentencias que definen el reconocimiento de la deuda con los jubilados. Y Jacky apunta a la responsabilidad penal de Basavilbaso. “La conducta que se denuncia sólo puede provenir del más alto rango de conducción”, asegura la letrada.

La denuncia tiene firmeza argumental desde lo jurídico pero esconde un “secreto” que la misma Jacky reconoce públicamente a propósito y le mete contenido político.

“Como en su momento, la Diputada Nacional Lilita Carrió denunció al entonces Director de la ANSES, Diego Bossio, hoy el denunciado es Emilio Basavilbaso”, advierte la abogada en su página de Facebook.

Es decir, Jacky tomó como modelo el planteo judicial que en su momento presentó la cofundadora de Cambiemos.

Por eso en su defensa y a favor de plantear el debate recuerda el antecedente y la insta a Lilita a que intervenga sobre el asunto que aqueja a los jubilados que no aceptaron un acuerdo con el Gobierno.

 

“Sería muy importante que la Dra. Carrió recordará lo que en su momento firmó y hoy intervenga a fin de remediar aquello que todavía no se corrige en el actuar de la ANSES y sus funcionarios de turno”, remarca Jacky.

Desde la roca

Como cierre de análisis y para confirmar este fenómeno de judicializar lo político, otro ejemplo es la demanda por inconstitucionalidad ante la Corte local es por el caso de fracking.

En realidad se trata de un planteo a la presunta inconstitucionalidad al decreto que reglamenta los procedimientos de regulación ambiental a las petroleras.

Oikos, la ONG demandante apunta al decreto y no a la práctica de la fractura hidráulica.

Quiza porque los abogados de Oikos entienden como su colega Diego Seoane, ex legislador provincial radical y señalado como uno de los coautores de la ley 7722, la norma antiminera.

En una nota de su autoría toma como antecedente estos puntos:

“La ley 7722, si bien no es una ley de hidrocarburos, sienta un antecedente de lo que se debería respetar en el cuidado del medio ambiental. Es decir habrá que tener en cuenta lo siguiente:

1- Protección ambiental y cultural.

2- Realizar un debate social y que se logre el consenso social.

3- Y que además signifique generación de riqueza genuina para la provincia”.

O sea, esta pelea que se ha extendido territorialmente, alimentada por ambientalistas crípticos y por el Gobierno que parece tener hipoacusia, le falta sobre todo el segundo punto que destaca Seoane.

Por lo que como epílogo de esta nota podríamos decir que al fracking le está haciendo falta una ley que lo convalide y no un decreto que lo habilite.

De otro modo lo que estaremos promoviendo es la judicialización de la política. O sea, apelamos al Poder Judicial para arreglar lo que no sabemos resolver debatiendo buscando un acuerdo que por ahora, en tema de fractura petrolera, parece lejano.