Diputados convirtió el proyecto en ley. Ahora el sistema es acusatorio. Mendoza no está alcanzada, salvo en caso de los delitos federales.
Es ley el nuevo Código Procesal Penal
La Cámara de Diputados aprobó en general por 130 contra 99 votos el proyecto de ley de reforma del Código Procesal que reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio y establece en un máximo de tres años el tiempo para resolver sobre una causa.
Con fuertes reclamos de la oposición, el proyecto oficial tuvo el aval del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, y el Frente Cívico de Santiago
La presidenta del bloque de diputados del oficialismo, Juliana Di Tullio, aseguró que el actual código "no le sirve a nadie sólo a una docena de jueces que tiene todo el poder en sus manos y a los argentinos y argentinas".
Previamente, el jefe del bloque radical, Mario Negri, justificó el rechazo al proyecto promovido desde el oficialismo porque "se debe hacer en conjunto con una ley de Ministerio Público y juicio por jurados" y dijo que el objetivo de esta ley "es aumentar el poder" de la Procuración General de la Nación.
Al inicio del debate, la presidenta de la comisión de Justicia, Graciela Giannettasio (Frente para la Victoria), destacó la importancia de convertir en ley el nuevo texto del código, al sostener que “establece una nueva organización judicial" y apunta “a la celeridad”.
Desde el radicalismo, el diputado nacional Manuel Garrido respaldó el reemplazo del sistema inquisitivo por otro acusatorio, pero cuestionó la iniciativa, al rechazar que el texto “le dé mucho poder” al Ministerio Público Fiscal.
Por el Frente Renovador, el diputado Oscar Martínez, rechazó el proyecto oficial, al considerarlo “incompleto” y por “concentrar poder en la titular del Ministerio Público” Fiscal.
Desde el PRO, Pablo Tonelli, anticipó el rechazo de su bloque al sostener que “hacen falta normas complementarias para que este Código entre en vigencia con éxito: la ley de implementación, el Código Penal, la ley orgánica del ministerio público, el régimen penal juvenil y el de ejecución de penas”.
“Este código no tiene posibilidades de entrar en vigencia por la falta de estas leyes, lo cual convierte en nulo el argumento de la urgencia planteado por el oficialismo”, aseveró.
La iniciativa oficial incluye modificaciones respecto del Código actual, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.
Además, a partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.