Cara y contracara del fracking

El jueves 28 se produjo la audiencia pública previa a la reglamentación de la actividad comúnmente denominada “fracking” para extraer  “no convencionalmente” el petróleo inserto entre las rocas subterráneas.

El subsecretario de Energía Emilio Guiñazú ponderó la actividad petrolera con los números estadísticos que evidencian que el 20 por ciento del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza dependen directa o indirectamente de la extracción del petróleo y gas.

Guiñazú no escatimó datos a favor de aplicar la estimulación hidraúlica de extracción para sostener estos registros: “Genera 15 mil empleos directos, en 2017 se invirtió más de 9 mil millones de pesos, es decir, después del Estado es el sector que más dinero mueve en la provincia, y la actividad le pagó al Estado más de 3.500 millones de pesos en regalías”.

Uno de los puntos en cuestión es cómo se llegó a esta audiencia pública en Malargüe, el lugar más apto para cualquier actividad industrial que requiera sacarle provecho al subsuelo.

Entiéndase esta observación hacia el territorio más austral de Mendoza como el que menos resistencia social presenta a las actividades hidrocarburíferas y/o minera.

La cruz no convencional

La concreción de este acto lo explicó un día antes el ex jefe de gabinete de la Secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa quien dejó ese cargo señalando una serie de críticas hacia la conducción política del área.

“Esta audiencia pública fue ordenada por la justicia ya que la Dirección de Protección Ambiental, órgano dependiente de la Secretaría de Ambiente, autorizó sin más un proyecto petrolero que utilizó la controvertida técnica de fractura hidráulica o fracking”, advirtió en su muro de Facebook.

Con ese envión Sosa siguió denunciando la prehistoria de porqué se hizo la audiencia sobre el fracking. Dijo en su escrito que aquella autorización para la aplicación del método no convencional se hizo “esquivando los procedimientos administrativos convencionales -entre ellos la participación de los ciudadanos a través de una audiencia pública-.”

Para graficar que la situación se precipitó por una orden judicial, el antiguo funcionario del área remarcó que Ambiente para llamar a la convocatoria se demoró “tan solo 5 días, todo un récord para una administración que podría tardar desde seis meses hasta dos años en aprobar otro tipo de proyectos”. 

Las caras del conflicto que aún no terminan de visualizarse pero que ya están expuestas en los ámbitos administrativos y judicial.  

Dato del pasado

En medio de la discusión por la nacionalización de YPF todavía se recuerda la irrupción pública del veterano dirigente gremial petrolero Antonio Coco Cassia. 

En ese entonces se vio un de resurgimiento de Cassia como principal referente sindical del sector movilizado por la posibilidad de despidos de trabajadores ante la conversión de la empresa. 

El  estado de crisis permanente en el campo energético y el presunto agotamiento de las cuencas petroleras y gasíferas hicieron que se generara una gran expectativa por la extracción con el modo no convencional. 

La fiebre por el filón de Vaca Muerta en Neuquén y parte de Malargüe hizo aumentar la inquietud por las inversiones para la explotación a través de la fractura hidraúlica. 

Entonces llamó la atención que Cassia, uno de los principales interesados en reactivar las labores por la mantención de los puestos de trabajo, advirtiera ni bien pisó el aeropuerto El Plumerillo que habría riesgo ambiental si se aplicaba el fraking. 

Esa declaración disonante de Cassia en medio de la euforia por Vaca Muerta la hizo a propósito para señalar que la arista ambiental y el peligro de contaminación no podían pasarse por alto y que nadie tiene “la vaca atada” cuando de actividades extractivas se trata.

Mendoza que ya demostró ser muy reactiva con los emprendimientos mineros a cielo abierto y aplicando una ley restrictiva como la 7722. Y ahora la pelea ha comenzado por el fraking en los tribunales silenciosamente.